Una mermada realidad fiscal
Una mermada realidad fiscal La responsabilidad fiscal debe llevar a contener el gasto de forma importante, con un crecimiento por debajo del PIB tendencial. El deterioro institucional que ha experimentado el país se ha manifestado en un estructural problema de crecimiento.
Las cifras del Banco Central apuntan a una expansión del PIB tendencial en torno a un 1,8% durante la próxima década, mientras que las predicciones del producto agregado efectivo para 2025 y 2026 no se alejan demasiado de tal mínimo porcentaje.
Tan prolongado estancamiento sería la extensión de lo que se ha constituido como la “década perdida”, el período comprendido entre 2014 y 2024, caracterizado por un crecimiento inferior al 2%. Las consecuencias macroeconómicas de tal mediocridad son evidentes.
Un tipo de cambio que se ubica cómodamente por sobre los 900 pesos el dólar, un mercado laboral que enfrenta dificultades para crear empleo y detener el ascenso de la informalidad, una formación bruta de capital fijo (inversión) que por casi dos años no ha logrado mostrar consistentemente números azules, son to-das señales inequívocas de nuestra compleja realidad.
La amenaza de nuevos cambios laborales en la dirección equivocada (negociación ramal), la errónea intervención del Estado en distintas materias (caso de las tarifas eléctricas), la posible introducción de modificaciones al mercado de capitales de la mano de una reforma previsional de mala factura, la ausencia de necesarias reformas al sistema político representan todas manifestaciones de las dificultades de internalizar y enfrentar el empobrecimiento del país. Un área, sin embargo, que parece blindada respecto de la realidad es el sector público.
Tal como documenta el más reciente Informe de Finanzas Públicas de la Dirección de Presupuestos, de los últimos 12 años, el país solo ha tenido uno con superávit para el balance efectivo del gobierno central: 2022, gracias al esfuerzo de la Ley de Presupuestos del último año de la segunda administración Piñera, implementada durante el actual Gobierno. En 2023, el déficit alcanzó el 2,4% del PIB y se anticipa que llegará al 1,9% en 2024.
Los riesgos económicos de esta situación, que ha significado un relevante aumento en la deuda bruta del gobierno central la cual se espera toque el 41% del PIB en 2025 han sido alertados en múltiples ocasiones por el Consejo Fiscal Autónomo, el que ha solicitado larealización de esfuerzos adicionales para asegurar el cumplimiento de las metas fiscales, un pilar de nuestro modelo de desarrollo fuertemente tensionado durante los últimos años.
Tal situación ha sido, al menos parcialmente, reconocida por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien, en reciente entrevista con este medio, anunció la realización de esfuerzos adicionales durante este año para cumplir las metas fiscales autoimpuestas. La profundidad y extensión del ajuste entregará una señal tanto de las presiones que enfrentan nuestras arcas fiscales como de la real convicción de la administración Boric para contenerlas.
Con todo, frente a las dificultades estructurales de nuestra economía, el resultado de una combinación de errores de diagnóstico y equivocadas políticas públicas, la próxima discusión de la Ley de Presupuestos 2025 representa una mejor oportunidad para iniciar un proceso de ajuste fiscal más permanente que medidas deefecto puntual.
Cabe recordar que, mientras el consumo del Gobierno alcanzó el 14,1% del PIB en el segundo trimestre de 2014, en el mismo período de 2024 se elevó por sobre el 18,1% (la cifra más alta en casi tres décadas). En los últimos años, esto, además, ha estado acompañado por un documentado crecimiento del empleo público, sin que el Estado diese respuesta a las dudas respecto de las unidades desde dónde se han originado tales contrataciones ni, por lo tanto, de la productividad de estas. Ante una economía con un PIB tendencial que se sitúa por debajo del 2%, la expansión del tamaño del Estado debe ser contenida con urgencia. Por lo mismo, el planteamiento del ministro Marcel, en cuanto a la posibilidad de sostener un aumento del gasto por sobre el del PIB de tendencia en 2025, demanda un profundo escrutinio técnico.
Y es que, más allá de la creatividad contable que pueda caracterizar a una determinada administración, sin potencial de crecimiento y con presiones sobre las cuentas públicas, la responsabilidad fiscal obliga a contener el gasto de forma importante, con un crecimiento por debajo del PIB tendencial. Solo un ajuste en 2024 al que se sume una variación realmente acotada del gasto público en 2025 constituirían, en conjunto, una señal inequívoca de responsabilidad fiscal..