Contraloría ordena al alcalde de Renca devolver dineros utilizados para contratación de abogado
Contraloría ordena al alcalde de Renca devolver dineros utilizados para contratación de abogado Luego de una solicitud de la exconcejala Camila Avilés (Demócratas), la Contraloría General de la República se pronunció sobre la contratación de una asesoría legal por parte de la Municipalidad de Renca, para representar al alcalde Claudio Castro (independiente). El hecho se remonta al 25 de septiembre del año pasado, cuando la entonces edil acusó al jefe comunal de estar vinculado con un posible tráfico de influencias y acciones de nepotismo, al supuestamente haber favorecido a un familiar en operaciones con empresas inmobiliarias. La Contraloría expone que luego de ello, el 4 de octubre, el municipio autorizó, mediante trato directo, la contratación de una asesoría legal. Esto, luego que la Dirección jurídica estimara que era necesario contar con abogados con la experiencia necesaria para brindar una adecuada defensa a Castro.
Sin embargo, el ente fiscalizador concluye que “no concurren los requisitos previstos en la normativa estatutaria y en la jurisprudencia citada, que permitan al alcalde ser defendido por el municipio con fondos públicos”. Por lo anterior, detalla que “no resultó procedente que la Municipalidad de Renca dispusiera la contratación de un abogado para que representara al alcalde en las instancias judiciales correspondientes, por lo que ese municipio deberá regularizar la situación en estudio, dejando sin efecto dicha contratación y requiriendo que el edil restituya los montos al efecto a través de la jefatura comunal subrogante”. Consultada al respecto, la Municipalidad de Renca respondió que “tenemos la convicción de que la defensa a la que hace mención este dictamen ha sido conforme a la legislación vigente, dado que es una defensa institucional y no personal”. Añade que, “una revisión acuciosa del artículo N 88 de la Ley N 18.883 señala que: Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a la que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma.
De no haber instruido la municipalidad esta defensa, la jefatura comunal habría quedado desprotegida institucionalmente en el ejercicio de sus funciones, socavando a su vez la reputación de este municipio”. Agrega que “sobre la discrepancia en este dictamen en particular, la municipalidad ha ejercido su derecho a solicitar la reconsideración a la Controlaría General de la República, cuestión aún pendiente de resolver, donde hicimos ver el cumplimiento de todos requisitos legales, tal como lo ha establecido diversa jurisprudencia”. “Finalmente, como municipio siempre hemos actuado en conformidad a los más altos estándares éticos y resguardando el respeto por nuestra municipalidad y funcionarios”, dice.. ASESORÍA JURÍDICA SE CONCRETÓ MEDIANTE LA MUNICIPALIDAD: