Indispensables cambios en institucionalidad ambiental
Indispensables cambios en institucionalidad ambiental El interminable proceso del proyecto minero-portuario Dominga pone de manifiesto la importancia de introducir cambios en la legislación para contar con criterios que brinden mayor predictibilidad en el otorgamiento de permisos ambientales. a suerte del proyecto minero-portuario Dominga -que contempla una inversión de unos US$ 3 mil millones en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo ha resultado paradigmática para efectos de ilustrar los problemas que tiene el actual sistema de evaluación ambiental, donde la obtención deun permiso puede llegar a prolongarse por más de una década, como ha sido el caso de dicho proyecto.
A pesar de que la tramitación de Dominga había experimentado un serio revés luego de que el Comité de Ministros desechara rotundamente el proyecto en enero de 2024, el primer tribunal ambiental de Antofagasta volvió a darle vida, al resolver en diciembre pasado que el Comité de Ministros debía volver a pronunciarse sobre el proyecto en un plazo de 15 días -periodo que expiró el 31 de diciembre-, y quelo hiciera con representantes que "no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa". El gobierno asegura que ha cumplido con lo instruido, pues el Comité de Ministros se constituyó de emergencia, pero lo cierto es que no dictó una resolución, sino que decidió presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema; a su vez, los ministros integrantes del Comité decidieron inhabilitarse, solicitando un pronunciamiento ante la Contraloría para que determine cómo es la subrogancia en estos casos. De modo que el destino del proyecto Dominga aún no logra ser zanjado, lo que claramente es anómalo y pone de relieve la falta de predictibilidad de nuestro sistema ambiental.
Aquíse ha producido una abierta colisión entre pronunciamientos favorables del Servicio de Evaluación Ambiental, así como del tribunal ambiental, versus las consideraciones políticas, donde tanto el Comité de Ministros como la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo han mostrado su desacuerdo.
Si incluso se ha llegado al punto de tener que solicitar un pronunciamiento ante la Contraloría, entonces parece evidente que el sistema requiere urgentes perfeccionamientos, de modo de contarcon procesos que aseguren alos inversionistas respuestas concretas -sean favorables o no dentro de plazos razonables, sobre la base de criterios que brinden predictibilidad.
Los plazos para obtener permisos ambientales se hanido extendiendo cada vez más-un estudio de la Universidad San Sebastián indicó que en el caso de los estudios de impacto ambiental aprobados el 2023, se requirieron 985 días corridos en promedio para obtener un permiso ambiental, cuando el promedio histórico era de 434 días corridos-; esto es un claro freno para la inversión, y de allí que el gobierno presentó en enero del año pasado un proyecto de ley para reformar la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y modificar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, buscando armonizar la agilización de permisos, dar mayor predictibilidad y reforzar la participación ciudadana. La iniciativa sigue en el Senado, y aun cuando algunos de sus aspectos no despiertan pleno consenso, en lo general es un paso que va en la dirección correcta. Entre otros aspectos, la idea original del gobierno era terminar con el Comité de Ministros, pero por la vía deindicaciones ahora plantea que sea reemplazado por un consejo técnico designado vía ADP. Más allá de los perfeccionamientos que se hagan en la tramitación legislativa, el caso Dominga pone de relieve la importancia de contar cuanto antes con una nueva legislación, que limite al máximo las consideraciones discrecionales..