“No es el rol de las FF.AA. estar cuatro años apoyando el control del orden público. Yo creo que DEBIERAN IR POCO A POCO RETIRÁNDOSE de la macrozona sur”
“No es el rol de las FF.AA. estar cuatro años apoyando el control del orden público.
Yo creo que DEBIERAN IR POCO A POCO RETIRÁNDOSE de la macrozona sur” A poco más de una semana de haber asumido como ministro de Defensa, Fernando Barros concede su primera entrevista en el cargo en medio de un escenario con múltiples frentes abiertos.
Abogado, con una larga trayectoria en el mundo corporativo y socio fundador de uno de los estudios más influyentes del país, su nombre hasta ahora circulaba principalmente en circuitos jurídicos, aunque ha asesorado recurrentemente al mundo político. Su llegada al gabinete del nuevo gobierno lo instaló por primera vez en la arena política, en una designación que generó lecturas contrapuestas, tanto por su perfil como por su historia profesional.
Barros fue parte del equipo que defendió a Augusto Pinochet en Londres a fines de los años noventa, en una estrategia que buscaba que el excomandante en jefe fuera juzgado en Chile y no en tribunales internacionales. En los años siguientes, su trabajo se vinculó al sector privado, entre otros, asesoró a Sebastián Piñera en procesos como la venta de Chilevisión y la enajenación de la participación de Bancard en LAN. Ese recorrido es parte del telón de fondo que hoy acompaña su llegada a un ministerio especialmente sensible.
En su debut como titular de Defensa, Barros enfrenta una agenda que combina presión operativa y definiciones políticas: Fuerzas Armadas desplegadas simultáneamente en la zona afectada por los incendios en el Biobío, en la macrozona sur y en la frontera norte; debates sobre el uso de la fuerza y el rol militar en seguridad interior; y tensiones internacionales en torno a infraestructura estratégica, como el proyecto de cable submarino chino, que ha sido objeto de advertencias por parte de Estados Unidos, y donde el estudio jurídico del que era parte jugó un rol.
En esta entrevista, el ministro plantea que el actual nivel de exigencia sobre las Fuerzas Armadas no puede prolongarse indefinidamente y que, en particular, el despliegue en la macrozona sur debiera comenzar a reducirse en la medida en que se consolide una normalización del orden público. Al mismo tiempo, advierte que el país mantiene una discusión pendiente: definir con claridad bajo qué reglas se espera que actúen las Fuerzas Armadas frente a fenómenos como el crimen organizado o el narcotráfico. NUEVOS PLANES PARA UNAS EXIGIDAS FF.AA.
Hoy las Fuerzas Armadas están desplegadas simultáneamente en la macrozona sur y en la frontera norte. ¿Es sostenible ese nivel de exigencia operativa? Desde la perspectiva de Defensa, no hay que olvidar que el control del orden público recae en Interior y Seguridad. Las Fuerzas Armadas, en determinadas circunstancias, apoyan la acción de Carabineros y la PDI. Dicho eso, hay tres situaciones distintas. La frontera norte, donde hay una presión migratoria y también delitos como contrabando o tráfico de drogas, hace necesario ese apoyo. Me parece una labor bastante natural, porque tiene que ver con la soberanía y la defensa del territorio. “Distinto es lo que ocurre en la macrozona sur. Ahí hay un estado de excepción que lleva cerca de 1.400 días. Eso ha significado alterar planes de entrenamiento, de capacitación y de funcionamiento, y supone un desgaste importante. No es el rol de las Fuerzas Armadas estar cuatro años apoyando el control del orden público.
Yo creo que debieran ir poco a poco retirándose, en la medida en que la situación se normalice”. Luego, añade: “Si bien nos gustaría no tener que pedir más sacrificio a las FF.AA. en la macrozona sur, hoy no están dadas las condiciones para terminar con el estado de excepción en Biobío y La Araucanía, y se solicitará al Congreso su prórroga”. ¿Cree que esa “excepción” que se prolonga por años termina desnaturalizando la herramienta? Coincido en que no es un estado natural. Ha habido avances: se han desbaratado grupos, hay personas respondiendo ante la justicia y ha disminuido el número de incidentes. Eso tiene que ver con el funcionamiento del sistema democrático y del Ministerio Público. Pero, en la medida en que eso se consolide, lo razonable es que las Fuerzas Armadas reduzcan su presencia. Idealmente, en un plazo razonable, si así se puede, terminar con esta excepción. Aquí hay un problema de fondo. Tenemos delitos comunes, propios del orden público, y situaciones que han ido creciendo en América Latina, como el narcotráfico y el crimen organizado, que a veces se asocian a grupos con capacidad armada. Eso ya no es simplemente orden público, pero tampoco es un conflicto internacional. “Entonces, el mundo político tiene que definir qué reglas vamos a aplicar para enfrentar ese fenómeno. Porque no podemos pretender que las Fuerzas Armadas intervengan y no definir cuál es el marco en que lo van a hacer.
No es lo mismo actuar con la lógica del orden público que con la lógica de la guerra”. En paralelo, se despliega el plan Escudo Fronterizo en el extremo norte. ¿Hay margen para asumir esa nueva tarea? Yo veo más natural el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la defensa de la integridad territorial que en tareas de orden público. El Presidente dio directrices y el Ejército ya implementó acciones iniciales: obras físicas, tecnología, medidas operativas. En 90 días se va a estructurar un plan más completo. En el largo plazo, no necesariamente va a requerir el mismo nivel de despliegue que vemos hoy. En ese contexto, ¿las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) resuelven ese problema? Las RUF están pensadas para situaciones de orden público, donde hay criterios de proporcionalidad, racionalidad y legítima defensa. Pero si uno enfrenta grupos armados con capacidad de fuego relevante, esa lógica no siempre es suficiente. Ahí entramos en otro plano.
Si estamos frente a organizaciones que tienen armamento equiva¿ Dónde fija el límite para evitar que las Fuerzas Armadas terminen asumiendo funciones permanentes de seguridad interior? Barros ficha para el gabinete de Defensa a histórica asistente de Sebastián Piñera Una de las caras nuevas en el cuarto piso del edificio de calle Zenteno, donde se ubica el Ministerio de Defensa, fue por estos días Sarita Larraguibel, la histórica secretaria de Sebastián Piñera, quien acompañó al exmandatario desde inicios de los noventa, y lo siguió en sus dos mandatos presidenciales en La Moneda.
Luego de la muerte del expresidente, Larraguibel convino su salida de la fundación Piñera Morel, y tras un tiempo en su casa, recibió una oferta para trabajar en la Municipalidad de Santiago, con el alcalde Mario Desbordes.
Eso, hasta que hace solo unos días aceptó la propuesta de integrarse al gabinete del nuevo ministro de Defensa, Fernando Barros. n Z E P Ó L O S N O F L A O I G R E S Z E P Ó L O S N O F L A O I G R E S lente o superior, que desafían al Estado, estamos en una situación distinta. “Entonces, hay que definir si vamos a enfrentar eso con lógica de orden público, que es la que hoy existe, o si vamos a establecer parámetros distintos.
Esa es una discusión que Chile no ha zanjado”. A eso se suma un recorte presupuestario. ¿Cómo impacta en las capacidades? Venimos de varios años de estancamiento de recursos, lo que se ha traducido en menor entrenamiento, menor contingente y menor capacidad de operación. Además, el costo de los equipos ha subido significativamente. Entonces, esto se suma a una situación que ya venía debilitándose. “Hay que considerar que entre el 80% y el 90% del presupuesto son remuneraciones. Por lo tanto, los ajustes necesariamente van a afectar otras áreas.
Vamos a plantear qué es posible hacer y qué implicaría llegar al 3%, porque hay funciones que no se pueden simplemente eliminar: presencia en zonas extremas, control del mar territorial, vuelos a la Antártica”. Antes de asumir, hubo cuestionamientos por eventuales “amarres” en el ministerio. ¿Qué encontró al llegar? Este es un ministerio de Estado. Aquí hay personas que han trabajado bajo distintos gobiernos y eso es natural. No me interesa hacer persecuciones políticas ni “caza de brujas”. Lo que corresponde es que quienes están cumpliendo funciones lo hagan bien. Hemos visto algunos casos puntuales donde hay situaciones que revisar, especialmente en cargos de confianza o en concursos que pudieron haber generado tensiones internas. Pero son casos específicos. Aquí no va a haber una reestructuración masiva, sino aplicar la ley con criterio. CABLE CHINO, PINOCHET E INDULTOS En el plano internacional, ¿cómo interpreta las advertencias de Estados Unidos sobre infraestructura estratégica con participación china? El mundo cambió. Hoy vemos zonas de influencia y una competencia entre grandes potencias. Chile tiene relaciones muy relevantes tanto con Estados Unidos como con China, y eso plantea un desafío. “Hoy no existe en Chile un sistema que permita distinguir inversiones en áreas estratégicas, como sí ocurre en otros países.
Entonces, es una discusión que el país tiene que dar: si vamos a avanzar hacia un sistema de evaluación de ese tipo o si vamos a mantener un modelo abierto”. El proyecto de cable submarino cuestionado por EE.UU. fue asesorado por su estudio. ¿Ve un conflicto de interés? No. Mi estudio participó en la constitución de una sociedad filial de una empresa extranjera, un trámite puntual, como ocurre con muchas compañías. No hubo participación en el proyecto ni en su desarrollo posterior. “En lo personal, no he tenido ningún vínculo con la empresa ni con el proyecto.
Y si en algún momento un tema de ese tipo llega al ministerio, se tomarán las medidas que correspondan, no solo desde el punto de vista legal, sino también con prudencia”. En el Congreso se discute la conmutación de penas en casos de enfermedades graves. ¿Cuál es su posición? Por lo que se ha planteado, se trata de personas que han perdido sus facultades o que están en una etapa terminal. El derecho penal tiene un sentido: castigo, rehabilitación y señal social. Pero cuando una persona ya no está en condiciones de comprender ni de rehabilitarse, estamos frente a otra realidad. “Esto es un tema de misericordia, no político. No se trata del delito que cometió, sino de la condición en que se encuentra hoy.
Ya no es el delincuente, es una persona en el final de su vida”. El Presidente también ha planteado la posibilidad de indultos. ¿Comparte esa señal? El indulto es una atribución del Presidente de la República que ha sido ejercida por distintos gobiernos. No es una revisión de la sentencia judicial, sino una decisión fundada en determinadas circunstancias. Mientras la ley lo permita, es una facultad legítima. Su nombramiento ha sido interpretado como una señal hacia sectores que han defendido lo ocurrido durante la dictadura. ¿Cómo lo ve? Creo que en Chile hay distintas miradas sobre la historia y eso es legítimo. Pero estamos en 2026. Yo no participé en el gobierno militar.
“Tuve una participación puntual en Londres, en un momento en que se produjo un hecho de alcance internacional y junto con el Gobierno de Chile de la época el presidente Frei primero y luego el presidente Lagos se sostuvo que los hechos debían ser conocidos por tribunales chilenos y no por tribunales extranjeros. Esa fue la tesis que se defendió y fue una política de Estado”. “Pretender derivar de ahí una vinculación política permanente es parte del debate, pero no me preocupa.
Mi foco está en el futuro”. ¿Qué sello quiere imprimirle a su gestión? Me gustaría avanzar en tres líneas: mejorar la carrera funcionaria dentro del ministerio, hacer más eficientes los procesos administrativos, y fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. “Hay un potencial enorme en desarrollo tecnológico, investigación y trabajo conjunto con universidades.
Las Fuerzas Armadas no solo cumplen un rol en la defensa, también pueden aportar al desarrollo del país”. n SARITA LARRAGUIBEL: “Es un tema de misericordia, no político. () Ya no es el delincuente, es una persona en el final de su vida”, dice sobre el proyecto de conmutación de penas que se discute en el Congreso.. Cuestiona la prolongación del rol militar en seguridad interior, plantea que Chile enfrenta un escenario intermedio —entre orden público y conflicto bélico contra el narcotráfico— que no ha sido abordado.
Habla de su posición sobre la conmutación de penas, los indultos y su rol en la defensa de Pinochet en Londres, a fines de los noventa. | RENÉ OLIVARES MINISTRO DE DEFENSA, FERNANDO BARROS: SARITA LARRAGUIBEL: “Es un tema de misericordia, no político. (…) Ya no es el delincuente, es una persona en el final de su vida”, dice sobre el proyecto de conmutación de penas que se discute en el Congreso. Fernando Barros Tocornal cuenta que dejó los directorios de empresas donde participaba y renunció al estudio jurídico que fundó antes de asumir como ministro de Defensa. Larraguibel se incorporó al equipo del nuevo titular de la cartera de Defensa esta semana. En la foto, junto al secretario de Estado.