Autor: Marcelo Galindo Gallardo El Llanquihue

CDE exige restituir $501 millones por corrupción en municipalidad
CDE exige restituir $501 millones por corrupción en municipalidad Ingresó una demanda civil solidaria para recuperar perjuicio económico. l Consejo de Defensa del EEstado (CDE) presentó una demanda civil para exigir la restitución de $501 millones desviados desde el Departamento de Administración Municipal de Educación (DAEM) de Puerto Montt, entonces al mando del chilote Albán Mancilla. La acción legal marca distancia con la postura de la municipalidad de la capital regional, que decidió no buscar compensación económica en el juicio penal contra el exalcalde Gervoy Paredes y exfuncionarios. Esta ofensiva judicial se enmarca en el cierre de la indagatoria liderada por el Ministerio Público, donde cada uno de los querellantes e intervinientes presentaron sus acusaciones particulares al tribunal. El CDE solicitó además un incremento en las penas de cárcel para el ex jefe comunal y los otros siete acusados.
A diferencia del documento elaborado por los fiscales Marco Muñoz y Patricio Poblete-que se centra en la sanción penal-, el texto presentado por el abogado procurador fiscal del CDE, Lucio Díaz, pone énfasis en el resarcimiento del daño patrimonial. Mediante la referida demanda civil, el organismo exige que los imputados paguen solidariamente la suma de $501.495.967. Este monto corresponde al perjuicio económico reportado en el DAEM, originado por la extracción de recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), dineros destinados originalmente a estudiantes de Puerto Montt.
Al respecto, Rodrigo Tejos, abogado del Consejo de Defensa del Estado, explicó la naturaleza de la acción legal: "La defensa del Estado presentó recientemente acusación particular en la causa por fraude al municipio de Puerto Montt y además presentó demanda civil para perseguir la responsabilidad civil por los perjuiROL MUNICIPAL De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, "son más de 500 millones de pesos el total de los perjuicios (. .. ). En virtud de la presentación de esta demanda civil, será el Tribunal Oral en lo Penal (de Puerto Montt) quien deberá analizar los hechos, las pruebas tanto en materia penal como en materia civil y, de encontrar culpables a los acusados, debería en forma consecuente condenarlos a responder por los perjuicios ocasionados", sostuvo el jurista. Por su parte, los abogados querellantes de la municipalidad (Marcos Emilfork, Mauricio Guzmán y Sebastián Lizama) presentaron un escrito de adhesión a la acusación expuesta por la Fiscalía. En este documento, hacen suya la misma relación de hechos, la calificación jurídica y solicitan las mismas penas exigidas por el ente persecutor.
Emilfork, abogado municipal, justificó la decisión de no demandar civilmente señalando la distribución de roles institucionales. "La municipalidad se adhirió a la acusación del Ministerio Público, de manera que solicitamos las mismas penas que el ente persecutor", explicó el exfiscal regional. EL MECANISMO Respecto a la acción civil, "el Consejo de Defensa del Estado es quien debe ejercer la acción civil y así lo hizo en su acusación particular", sostuvo el profesional. El sustento de estas acciones legales es la acusación principal del Ministerio Público. La Fiscalía detalla un esquema de corrupción que incluye delitos de incremento patrimonial injustificado, fraude al fisco, cohecho, soborno, falsi~.. de instrumento público y lavado de activos. El documento fiscal expone operaciones frauduGL GJ-66 PODER JUDICIAL lentas articuladas mediante la simulación de programas de salud y sistemas de seguimiento y control de asistencia financiados con fondos SEP. Al pagar por servicios que no se ejecutaron, los imputados lograron desviar $391.663.301 en el área de saludescolar y $109.832.666 en el área de asistencia. En esta arista figuran como acusados el exdirector del DAEM José Albán Mancilla, los hermanos Roberto Oyarzo y Esteban Oyarzo, Alicia Hernández y Cristian González. PAGO PRIVADO El financiamiento de defensas legales es otra de las aristas descritas en los documentos del Ministerio Público, referida al presunto mecanismo de cohecho operado al interior de la municipalidad. El exadministrador municipal Carlos Soto habría solicitado un beneficio económico de $1.000.000 a Carlos Parrao (representante de las concesionarias Siglo Verde y Cosemar) a cambio de agilizar el pago de facturas atrasadas.
Este dinero, cobrado en efectivo y entregado en dependencias municipales, tenía como destino financiar la defensa legal privada de Gervoy Paredes ante el Tribunal Electoral Regional (TER). Los fondos fueron depositados en la cuenta bancaria del exalcalde para pagar los honorarios de su abogado, Isidro Solís, exministro de Justicia. Esta causa determinó el fin anticipado de la era Paredes en el municipio en agosto de 2024, luego de ser sancionado con la remoción por notable abandono de deberes. Dos meses después, el 22 de octubre de 2024, el exjefe comunal fue detenido por la PDI y posteriormente formalizado por el Ministerio Público. Por la arista penal estuvo siete meses en priGENDARMERIA DE CHILE sión preventiva. MAYORES PENAS El ente persecutor detalla que el ex jefe comunal experimentó un incremento patrimonial injustificado de $214.353.963 entre los años 2012 y 2022, evidenciando un aumento del 21% por sobre sus ingresos formales declarados. Si bien la Fiscalía exige el decomiso de múltiples bienes (inmuebles, vehículos, dinero y dispositivos electrónicos), el Consejo de Defensa del Estado decidió endurecer las peticiones de presidio frente al tribunal.
Las diferencias en las solicitudes afectan a Gervoy Paredes y Carlos Soto (por cohecho y lavado de activos). Mientras la Fiscalía y el municipio piden 819 días de reclusión por cohecho y otros 819 días por lavado de activos, el CDE exige 900 días por cada uno de estos ilícitos. A esto se suman los 10 años y un día de presidio por fraude al fisco solicitados para el ex alcalde. El CDE solicita para Roberto Oyarzo y Alicia Hernández 18 años en total de presidio mayor por delitos reiterados de fraude al fisco en concurso con uso malicioso de instrumento público. Para Albán Mancilla y Esteban Oyarzo, el organismo pide 15 años y un día de cárcel.
El caso entra ahora en la etapa de preparación de juicio oral (fijada para el 2 de junio), en la que se definirá cuáles de los medios de prueba presentados originalmente por Fiscalía serán parte de la otra fase Autor: Marcelo Galindo Gallardo El Llanquihue.
Cios ocasionados con ocasión de esos delitos en contra de los acusados que participaron en la defraudación". EL SEGUNDO SEMESTRE COMENZARÁ LA BATALLA JUDICIAL EN EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE PUERTO MONTT.