Autor: JOAQUÍN AGUILERA R.

Mayores exigencias y alza en peticiones de información duplican pausa en tramitación de proyectos
Mayores exigencias y alza en peticiones de información duplican pausa en tramitación de proyectos Ya sea por una mayor complejidad técnica, requisitos más estrictos o por falencias institucionales, el volumen de observaciones y peticiones que los proyectos de inversión deben acoger durante su etapa de evaluación ambiental está incidiendo de forma directa en el incremento de los plazos de tramitación.
Según las estadísticas disponibles en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en los últimos ocho años se constata un incremento sustantivo en la extensión de los informes donde se consolidan las primeras observaciones y solicitudes para rectificar el curso de un proyecto de inversión que ingresa a evaluación.
El también conocido como Icsara, donde intervienen diversos organismos estatales, más que duplicó su volumen entre 2015 y 2023, pasando de un promedio de 35,5 páginas a uno de 87,3, en el caso de grandes proyectos. Un análisis de Pivotes sostiene que existe una correlación directa entre la extensión de estas observaciones y los tiempos de tramitación. Sustentan la hipótesis en el hecho de que, para responder a los requerimientos, los titulares del proyecto deben acogerse a un tiempo de suspensión o pausa.
Entre 2014 y lo que va de este año, el tiempo promedio de días en que la evaluación permanece suspendida el que más incide sobre el plazo total de tramitación también aumentó con fuerza, desde 349 a 812 días (ver infografía). La correlación entre ambos indicadores se da porque “esto implica que los titulares deben atender un volumen cada vez mayor de solicitudes, lo que requiere tiempo si se pretende entregar respuestas adecuadas”, plantea el analista de Políticas Públicas de Pivotes, Tomás Espinosa. ¿Falencia institucional? El centro de estudios sostiene que hay falencias en el diseño del sistema que derivan en requerimientos “excesivos”. Uno dos piden hasta 280% más de plazo que los aprobados”. Bernardita Calvo, directora del área regulatoria de NLD, señala que hay una relación directa entre requerimientos más extensos y tiempo de tramitación, que va más allá de la “calidad” de la información con que ingresa un proyecto. “Obedece también a falencias estructurales del sistema, como la incorporación de observaciones incrementales o no pertinentes (). La responsabilidad es compartida.
Un proyecto sólido y bien formulado disminuye las solicitudes adicionales, pero la falta de criterios uniformes, la admisión de observaciones no relacionadas y la inexistencia de instancias para depurarlas antes de la Adenda (respuesta a las observaciones) también prolongan innecesariamente los plazos”, plantea. Espinosa, de Pivotes, afirma que “no hay indicios que nos lleven a pensar que la calidad de los estudios y declaraciones ha empeorado de forma general. Los datos muestran que el alto volumen de observaciones se repite en la mayoría de las evaluaciones y declaraciones ambientales.
Esto se puede explicar por una complejización de nuestra regulación ambiental (), y por la débil rectoría técnica que ha ejercido el SEA, quien no ha logrado filtrar la pertinencia y razonabilidad de las observaciones”. IPC de esos puntos se relaciona con quiénes son los organismos que participan de estas consultas. “Realizan observaciones relacionadas con el mismo impacto, que pueden ser redundantes, o incluso contradictorias. Lo anterior provoca que, en las actuales evaluaciones de impacto ambiental, el número de observaciones sea excesivo y su contenido en ocasiones sea desproporcionado”, señalan.
Por otro lado, sostienen que la rigidez del sistema también juega en contra de una mayor efectividad, pues establece que una vez ingresado un proyecto, el titular no puede introducir modificaciones sustantivas, más allá de aclaraciones. Esto obliga a que, en muchos casos, para garantizar su viabilidad, los proyectos deben salir y reingresar al proceso de evaluación. En concreto, los “desistimientos” de la evaluación han sido de un 27% entre 2015 y 2025. “Esto es reflejo de la excesiva rigidez de nuestro sistema, el cual exige que los proyectos estén completamente definidos en su detalle al momento de ingresar”, dice Espinosa. Responsabilidad compartida La cantidad de aclaraciones, o el reingreso de un proyecto, también depende del grado de complejidad y solidez de un proyecto.
Así lo plantean desde el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quienes, consultados por el mayor tiempo de suspensión, señalan a “El Mercurio” que “la tramitación ambiental se ha complejizado por la propia protección que le hemos dado como sociedad al medio ambiente, y a los compromisos internacionales que asumimos desde hace más de 3 décadas (). Los proyectos robustos avanzan de una forma más ágil que los que presentan menor información para su análisis”. Agregan datos a esta hipótesis. Aseguran que “las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA, proyectos de menor envergadura) que son rechazadas solicitan un 65% más de plazo de suspensión que las que se aprueban.
En el caso de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA, requeridos en obras mayores), los proyectos rechaza-. Expertos plantean que solicitudes “redundantes” están afectando directamente en los plazos de tramitación, aunque también hay responsabilidad de los titulares por no ingresar proyectos bien formulados. Los tiempos de suspensión para responder a observaciones crecieron 77% en nueve años: Valentina Durán, directora del Servicio de Evaluación Ambiental.