Los puntos ciegos de la Reforma Procesal Penal
Los puntos ciegos de la Reforma Procesal Penal Marcelo González Cabezas Fue en diciembre de 2000 cuando en las Regiones de Coquimbo y La Araucanía comenzó a ser aplicada la Reforma Procesal Penal, un cambio en el sistema de procesamiento de las causas judiciales penales, que terminó con el histórico método inquisitivo y estableció un esquema acusatorio que dividió las funciones de investigar, procesar y dictar sentencia. Fue implementada de forma gradual hasta que en 2005, con el ingreso de la Región Metropolitana, entró en vigencia en todo Chile.
Y cabe recordar que el sistema es aplicado sólo para las causas nuevas, es decir faltas, delitos y crímenes que ocurren en cada región desde la fecha de estreno del nuevo esquema, que está a cargo del Ministerio Público o Fiscalía.
Este es un organismo estatal autónomo, que no es parte de ninguno de los poderes del Estado, y se encarga de dirigir la investigación de los delitos, formalizar la investigación en contra de determinadas personas, acusar a los presuntos responsables y proteger a víctimas y testigos. Para llevar a cabo su tarea, la Fiscalía trabaja en coordinación con Carabineros, la PDI y varios organismos auxiliares, como el SML y el Registro Civil.
Ahora, a casi dos décadas de su funcionamiento en todas las regiones, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, CESCRO USS, realizó un análisis de los números que ha entregado el sistema de persecución penal en Chile desde 2013 a 2023. Y la verdad es que las cifras no son buenas y dan para pensar.
Entre los resultados observados destaca la disminución de un 26% de las sentencias condenatorias y de un 69% de las suspensiones condicionales en los últimos diez años, junto con el aumento de un 89% de las sentencias absolutorias, de un 45% de los archivos provisionales y de un 50% de los sobreseimientos definitivos. También hay un alza del 16% en la cantidad total de delitos ingresados al Ministerio Público entre 2013 y 2023, que corresponde a 208.719 delitos más que hace una década. Y de ese total hay un incremento del 26% en la cantidad de delitos con imputados desconocidos, pasando de 712.795 a 899.745. Esta cifra aumentó en tres puntos porcentuales desde 2013, y a contar de 2014 es mayor a la de imputados conocidos.
El director del CESCRO USS, el abogado y exfiscal Luis Toledo, apunta que "este informe da cuenta de un indiscutible deterioro en la calidad de la persecución penal en nuestro país, que lamentablemente repercuLa falta de confianza de la gente en el sistema judicial también se explica por los resultados históricos de la aplicación de la Reforma Procesal Penal. / AGENCIAUNO Múltiples fallas.
Estudio universitario detalla visibles falencias en el sistema judicial que rige desde 2005 en todo el país te en la confianza ciudadana y crea sensaciones de malestar y de frustración ante el flagelo de la delincuencia... Es evidente que no se puede mejorar este resultado con la misma forma de trabajo ni con sólo una modificación legal o sólo con un aumento de presupuesto o sólo con un cambio en la organización institucional del Ministerio Público.
Se requiere de medidas multisectoriales, alineadas bajo una política pública integral que entregue las herramientas necesarias para combatir el nuevo sistema criminológico en Chile". ¿Es posible señalar que la Reforma es un fracaso? _ Creo que esa afirmación tiene matices, pues sin duda fue un avance al separar las funciones de investigar y de juzgar que tenían los jueces, y al incorporar una serie de elementos propios de la cautela de derechos para los ciudadanos.
El problema es que este nuevo proceso penal fue concebido para criminalidad común, pero a casi 25 años de su inicio ya es necesario hacer un análisis de lo positivo y lo negativo, porque la delincuencia ha cambiado mucho. ¿Qué es lo esencial de ese cambio? _La delincuencia ahora es más compleja desde el punto de vista de su estructuración y de su organización. Y el proceso penal parece no haber dado el ancho para esta nueva criminalidad, lo que se expresa en varios hechos. Por ejemplo, la extensión de juicios de crimen organizado es excesiva, pues hablamos de meses y hasta años, tiempo durante los cuales se deja de investigar otras cusas.
También es muy larga la duración de las investigaciones, con pesquisas que se alargan por años sin formalizaciones. malizaciones. ¿En qué decanta todo lo anterior? _En una justicia tardía que pierde su eficacia, sobre todo cuando termina con condenas en libertad. Además, hay procesos con medidas cautelares como privación parcial o total de libertad en el domicilio que de manera habitual son incumplidas, porque no hay control o nadie lo advierte.
Penas sustitutivas también llevan a situaciones impracticables, pues parece que nadie las controla y se trata de libertad a secas aunque le pongamos apellidos. ¿Y cómo evalúa la percepción negativa de años de la gente del sistema judicial? _Puede ser algo muy peligroso para la convivencia democrática y el estado de derecho, pues si la gente descree del sistema, se siente abandonada por él y no denuncia, puede preferir incluso tomar la justicia por sus propias manos. Hay encuestas que muestran que las personas cada vez más validan la violencia para hacerse justicia. Este sentimiento afecta a millones de chilenos. El común de la gente no separa a los tribunales de la Fiscalía.
En ese sentido, ¿cuánto puede influir en la percepción general la guerra interna en la Corte Suprema? _Eso influye mucho, y aunque el área penal es sólo una parte de lo que ve el Poder Judicial, se mete todo en un paquete.
El sistema global no está funcionando, y ese sistema debe preguntarse por qué hay distancia, crítica y falta de confianza de la gente, como lo muestran las encuestas desde hace muchos años. ¿De quién o quiénes es la responsabilidad de este cuadro? _ No es culpa de los fiscales, sino que del sistema judicial completo, lo que involucra además a la información que proviene desde la función policial.
Los fiscales y los jueces coinciden en esto, pues, por ejemplo, no es posible que los juicios puedan pasar hasta cuatro años desde la declaración en el día uno sin ver al fiscal ni a la policía y que citen al quinto año al juicio oral, sin ninguna preparación y sólo con los datos del parte policial y sin haber efectuado diligencias. ¿Qué hay que hacer? _Una evaluación a todo el sistema penal, una especie de juicio, para sacar lecciones de cómo corregirlo y acercarlo a la ciudadanía. Hay que conjugar recursos con gestión además. En los últimos diez años, la Fiscalía ha recibido aportes de más de 17% de su dotación. No se puede decir que no ha habido inyección de recursos. El punto es que no hay un control de esa gestión, no son medidos correctamente los resultados. Sólo se trata de pedir y pedir.
Pasa lo mismo que con el sistema policial cuando asume un nuevo Gobierno, con más recursos pero sin control de gestión. ¿Y desde dónde deben llegar las soluciones? _Esta debe ser una decisión de Estado, que comprometa a un grupo de organismos vinculados al sistema judicial. Y como involucra a la seguridad pública, junto al Ministerio de Justicia también debe ser integrado el Ministerio del Interior. Se deben aunar voluntades para corregir deficiencias evidentes del sistema judicial, para cumplir con las expectativas ciudadanas. Esencial es el control de las medidas adoptadas, ser más eficientes, acortar los tiempos de las investigaciones y de los juicios, y mejorar la gestión. DENTRO DEL ESTUDIO Datos para considerar El CESCRO USS analizó la información publicada por el Ministerio Público en sus boletines estadísticos entre los años 2013 y 2023 para hacer su estudio.
Analizaron la cantidad de delitos ingresados; la cantidad de términos judiciales aplicados, distinguiendo según tipo de término; la cantidad de condenados, distinguiendo según tipo de condenas; la cantidad de delitos ingresados con imputados desconocidos, y la cantidad de términos no judiciales aplicados, distinguiendo según tipo de término.
Algunas de las principales conclusiones son que han aumentado los delitos ingresados a la Fiscalía (+16% desde 2013 y +9% desde 2022), así como los delitos ingresados con imputados desconocidos (+26% desde 2013 y +10% desde 2022). CIFRAS 26% Han caído las sentencias condenatorias en una década. 89% Han aumentado las sentencias absolutorias en diez años. 26% Creció la cantidad de delitos con imputados desconocidos en diez años. "Es indiscutible el deterioro en la calidad de la persecución penal, que lamentablemente repercute en la confianza ciudadana y crea sensaciones de malestar y de frustración ante la delincuencia". Luis ToLedo Exfiscal, director del CESCRO USS..