Autor: O. RODRÍGUEZ y M. VEGA

Grave efecto en su imagen y “retroceso” en confianza: el impacto de las sucesivas revelaciones en el sistema de justicia
Expertos destacan que las sanciones efectivas serán importantes para una recuperación institucional y evitar la sensación de impunidad. Además, resaltan el rol de las reformas que se deben llevar adelante, como la de nombramientos, pero advierten que no deben realizarse de manera apresurada, pues podría ser contraproducente.
El conocimiento, en noviembre de 2023, de la conversación sostenida en junio de ese año entre el abogado Luis Hermosilla, su par Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, donde acordaban el pago de eventuales sobornos a funcionarios públicos, marcó el inicio de un efecto “bola de nieve”. Uno, que comenzó con cuestionamientos al ejercicio de la profesión de abogado y que, con el paso de los meses, según han advertido diversos especialistas, se convirtió en la crisis más importante que ha enfrentado el sistema de justicia nacional, que incluye a jueces, fiscales e incluso exautoridades policiales investigados tanto administrativa como penalmente. Así, prácticamente, todas las semanas se conocen nuevos nombres o detalles de gestiones al menos aparentemente irregulares entre altos funcionarios, autoridades y abogados.
Entre las instituciones más golpeadas por la coyuntura se encuentra la Corte Suprema, que mantiene a cinco ministros investigados por su Comisión de Etica por, entre otras cosas, comunicaciones con el abogado Luis Hermosilla o con el exmagistrado Juan Antonio Poblete relativas a nombramientos judiciales.
El caso más grave, hasta ahora, es el de la ministra Ángela Vivanco —hoy suspendida—, respecto de quien se abrió un cuaderno de remoción por parte de sus pares, además de una investigación penal por los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho. No obstante, en diversas entrevistas, ella ha asegurado que no ha incurrido en ninguna irregularidad y que se defenderá de los cargos que se han formulado en su contra. En paralelo, tanto ella como sus pares Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz enfrentan acusaciones constitucionales presentadas por distintas bancadas de diputados, las cuales serán definidas por el Senado.
En cuanto a la fiscalía, por ejemplo, está el caso del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma —hoy suspendido—, quien también mantuvo comunicaciones con Hermosilla y está siendo investigado por presunta omisión de denuncia y violación de secreCinco ministros de la Corte Suprema son investigados por la Comisión de Ética. Una de ellos, Ángela Vivanco, enfrenta un cuaderno de remoción, investigación penal, además de la acusación constitucional junto a dos de sus pares. REFORMA El Gobierno comprometió un proyecto de reforma a nombramientos dentro de octubre.
Irregularidades y la posible comisión de delitos afectan tanto a tribunales como a la fiscalía Suspendida ministra presenta en forma simultánea sus descargos ante la Suprema y el Congreso 222 y 86 páginas tienen los descargos que presentó la defensa de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, ante el máximo tribunal —que instruye un proceso de remoción en su contra— y el Congreso —que tramita dos acusaciones constitucionales a su respecto—. Sobre el proceso judicial, el escrito sostiene que el proceso "se ha ejecutado de manera precipitada, contraviniendo la jurisprudencia del Excmo.
Pleno, la normativa constitucional, y la historia de los textos constitucionales”. También, que afecta "la garantía del debido proceso”, porque, por ejemplo, ha negado "el acceso al expediente que funda la remoción; la existencia de testigos sin rostro; minutas e informes de la Comisión Etica sin firma análoga o digital, generados con una fecha posterior al inicio de remoción; adopción de diligencias probatorias, tales como: declaración de testigos sin emplazamiento de la defensa; bloqueo de los sistemas digitales o intranet de la ministra para poder ejercer su derecho a defensa; entre otros”. La defensa plantea, además, "la ausencia de interferencia de la inculpada en la designación del cargo de fiscal nacional, y en los nombramientos de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar y Concón”, como se le atribuye.
Se asevera que "no existen irregularidades en la tramitación y conocimiento de las causas de Consorcio Belaz Movitec SpA con Codelco”, pues afirma que la celeridad que habría existido en ella "no fue exclusivo (resorte) de la inculpada, consta en el expediente que con la presidencia del ministro (Sergio) Muñoz la causa mantuvo la velocidad”. Agregando: “¿ La rapidez es de exclusiva responsabilidad de la ministra? ¿ Qué rol cumplen los otros ministros y abogados integrantes?”. Respecto al cargo sobre la supuesta intervención en nombramientos de ministros y ministras de Cortes en coordina=ción con el abogado Luis Hermosilla y la concertación con el penalista para obtener el nombramiento de miembros del máximo tribunal “afines a sus intereses”, la defensa plantea primero que "los hechos se encuentran prescritos, pero además se acredita la ausencia de interés de carácter patrimonial”. Más de 60 diputados inhabilitados, según sus abogados En cuanto a las acusaciones constitucionales, los abogados Juan Carlos Manríquez y Cristóbal Osorio señalan que existe un error en las presentaciones por exceder el número de diputados; y resalta que al menos 62 congresistas, a Su juicio, serían infractores "al principio de imparcialidad en el presente caso", dadas las "diversas publicaciones que anticipan la decisión de fondo”, principalmente en redes sociales. to.
También se han conocido chats de los investigadores del caso Audio —como la persecutora Lorena Parra— con el penalista y, a su vez, si bien hoy no pertenece a la institución, igualmente han salido a la luz pública antecedentes respecto del exfiscal metropolitano Oriente Manuel Guerra (ver C2). Llamado a no repetir “perdonazos” Expertos consultados por “El Mercurio” advierten que las sucesivas revelaciones de posibles irregularidades, evidentemente, empeoran la crisis que atraviesa el sistema de justicia, aunque advierten que esta podría profundizarse aún más en caso de no haber sanciones, y que si bien el camino de recuperación tomará tiempo, es posible, haciendo efectivos los castigos procedentes y diversas reformas.
Así lo plantea, por ejemplo, el abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales Cristián Riego, quien señala que “no sabemos cómo va a terminar esto, pero creo que si termina con una sensación de impunidad, de que por alguna razón esto no se investigó adecuadamente o de que hubo un perdonazo o cualquier otra fórmula que pueda dar esa sensación, que fue lo que pasó en el caso del financiamiento de la política, que todos sabemos cómo terminó, creo que la situación va a ser muy negativa, y la imagen de la justicia y del sistema institucional va a quedar devastada”. En esta línea, apunta que, en cambio, “si hay un avance razonable de los casos y se aplican sanciones importantes para personas que muy evidentemente han cometido actos impropios, ya sea sanciones penales, pero también pueden ser expulsiones, remociones de sus respectivos cargos, me parece que podría mejorar en algo la imagen del sistema judicial, aunque creo que el proceso de mejora sería de más largo plazo. sería una partida, porque el proceso de mejora supone que haya reformas sustantivas, estructurales, que se necesitan”. Hi Empeoramiento de desconfianza existente Por su parte, su par de la Escuela de Gobierno UC, Mauricio Duce, apunta que si bien la confianza ciudadana en el Poder Judicial y el Ministerio Público antes de estos casos ya era baja, “los escándalos representan un fuerte retroceso, porque tienden a reiterar historias que, por así decirlo, pueden ser de aquellas que dan razón a la desconfianza, a pesar de que tal vez no representen el funcionamiento cotidiano del sistema; entonces, generan un enorme desprestigio, y que va a tener un impacto probablemente por un tiempo importante”. Respecto de los procesos hoy en curso y eventuales sanciones, el experto sela importancia de la transparencia en los procesos que se desarrollan, tanto en la Suprema como en el Congreso y en el Ministerio Público.
En la misma línea de Riego, sostiene que la salida a la crisis será “compleja y lenta”, pero que se debe abordar de distintas perspectivas y evitar el que se presente una “solución mágica”. Algo que, según dice, estaría ocurriendo con la modificación del actual sistema de nombramientos, en donde advierte “presión” por sacarla rápido.
“Por elimpacto que tiene y por lo delicada que es, hay que hacerla con cuidado, no un fast track, sino que un good track, porque hay que ver todos los equilibrios”, añade, indicando que también se debe avanzar en materias como inhabilidades y conflictos de interés, además de controles internos en las instituciones.
El Evitar influencias en decisiones de jueces y fiscales En el caso de una reforma al sistema de nombramientos, el abogado y exsubdirector del Centro de Estudios Públicos Lucas Sierra apunta que el modelo “redactado por la Comisión Experta en el proceso constitucional del año pasado era muy interesante.
No solo abordaba un mejor mecanismo de nombramientos, sino que, además, un mejor mecanismo para velar por la disciplinajudicial”. En tanto, la abogada penalista Catherine Lathrop señala que “parece razonable plantear una reforma que evite el impacto de las influencias en las decisiones de jueces y fiscales que, en definitiva, afectan la libertad de las personas”. Pero, advierte que “me gustaría ver una reforma seria y consensuada, que tome el tiempo que tenga que tomar; de nada sirve estar respondiendo con sentido de urgencia pero que esta carezca de contenido que trascienda y, por lo mismo, en un afán refundacional que de aquello surja un sistema peor, del que todos estemos más antes que tarde lamentándonos”.