Autor: CINTHYA CARVAJAL Y CÉSAR SOTTOVIA

Anestesistas acusan de estafa y apropiación indebida a administración de CLC
Indican que la mesa directiva y gerencias principales estaban al tanto de estos pasivos por sobre $7.300 millones, que negaron y no pagaron. El monto coincidiría con las diferencias por deudas no reconocidas informadas a la CMF en noviembre. Una querella por delito de estafa, apropiación indebida, entrega de información falsa en los antecedentes de las S.A.
Y también al Mercado; y por formar parte de una asociación criminal, interpuso una sociedad de 24 anestesistas (Servicios de Anestesiología Limitada o SAL), en contra de directores, exdirectores, y ejecutivos de Clínica Las Condes (CLC). Acusan que CLC les debe más de $7.300 millones en prestaciones desde 2021, monto que señalan, coincide con las diferencias por deudas no reconocidas que motivaron una comunicación el 23 de noviembre a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en donde el centro de salud indicaba que deberían rectificar su balance.
El abogado Gabriel Salazar, quien junto a su colega Rodrigo Henríquez representan a este grupo de médicos en la acción legal interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, manifestó, además, que la querella coincide con las renuncias de directores de la clínica ocurridas el lunes y anunciadas vía hecho esencial, y tras haberse detectado pasivos que a la fecha no fueron Clínica Las Condes arrastra una situación financiera compleja. Ha debido realizar un aumento de capital y enajenar activos inmobiliarios. CAUSAS Según los querellantes, una auditoría demuestra que la deuda principal obedece a la prestación del seguro que tiene CLC. Querella involucra a varios gerentes y el directorio: debidamente contabilizados. Cabe recordar, que esto último motivó una auditoría forense que acordó la mesa de la empresa. En efecto, la abogada Paola Bruzzone Goldsmith y Macarena Santibáñez de la Barra (ambas incluidas en la querella) renunciaron el lunes de esta semana.
La querella también involucra al presidente de CLC, Alejandro Gil Gómez, quien representa los intereses de la controladora Cecilia Karlezi Solari; los también directores Juan Gamper Ringler, Marco Arancibia Contreras, Alexander Tavra Checura, Sergio Yavar Carberry, Emilio de loannes Becker y Christian Traeger Gimeno. A su vez, incorpora al gerente general del centro de salud, Pablo Ortiz Díaz; al gerente de Administración de contabilidad y finanzas, Ricardo Moreno Moreno; y a Joaquín Herrera Walker, gerente de Administración y servicios.
Salazar explicó que realizaron una auditoría antes de interponer la querella y que producto de la revisión “llegamos a la conclusión que los más de $7.000 millones adeudados a los médicos anestesistas por servicios entregados desde 2021, hasta junio de este año, que fue cuando se puso término al contrato con SAL”, coinciden con la suma de pasivos no reconocidos comunicados por CLC a la CMF. Precisó que a estos doctores la administración les señaló que no se les pagaban los servicios porque Fonasa y las isapres no le habían pagado a la clínica las prestaciones otorgadas como consecuencia del covid-19. “Eso es todo una mentira porque la auditoría demuestra que la deuda principal obedece a la prestación del seguro que tiene CLC.
Nosotros con la auditoría citamos a confesar deuda y ellos (la administración) a la semana siguiente de desconocer los pasivos, confeccionan este hecho esencial donde comunican a la CMF que ellos deben esta plata, cuyo monto cuadra con las cifras de la confesión”. En la querella se señala que frente a la negativa por parte de la clínica de reconocer la deuda con SAL y pagarla, la sociedad citó el 2 de septiembre de 2024 a un reconocimiento de pasivos mediante una demanda al 30 Juzgado Civil, dando origen a la causa “Salazar con Gil”. En la audiencia de reconocimiento, ocurrida el 23 de octubre, el documento relata que el gerente general de CLC, Pablo Ortiz, “no solo negó la existencia de deuda, sino que afirmó que ellos son mandatarios de SAL en el cobro de prestaciones frente a las isapres y/o Fonasa”. Añade que “sin perjuicio de ser CLC quien debe efectuar los pagosa SAL y de no existir el mandato que invoca su gerente general, en el evento de que Clínica Las Condes hubiera realizado los cobros, como lo sostuvo su gerente general por declaración judicial, haciendo uso de algún mandato no conocido por mi representada, tanto a isapres como a Fonasa, y habiéndose pagado por ellas esas prestaciones, el dinero recaudado debió ser entregado a nuestra representada, lo que no ocurrió. Es decir, si los dichos del gerente general fueran ciertos, se estaría frente a una apropiación indebida”. Consultada Clínica Las Condes por la referida acción legal, en la empresa declinaron referirse al tema.