Autor: ARTURO DÍAz, CONSEJERO REGIONAL

Columnas de Opinión: Entre las grietas del sistema y la falta de humanidad
Columnas de Opinión: Entre las grietas del sistema y la falta de humanidad La discusión pública que se ha generado en torno a la adquisición de una vivienda mediante subsidio por parte de la pareja y madre de los hijos del diputado Alejandro Riquelme no debe dejarnos indiferentes.
La investigación penal que ejecuta el Ministerio Público en Punta Arenas en contra de Susan Chicuy viene a dar cuenta de una grave irregularidad, mediante la cual habría logrado hacerse con una solución habitacional en el proyecto “Estepa Austral I” declarando vivir en condiciones de hacinamiento y déficit habitacional alto. Esta información, en caso de confirmarse judicialmente como falsa, pone sobre el tapete dos aristas que son dignas de profunda consideración.
En primer lugar, queda en evidencia la falta de mecanismos eficientes o la nula vigilancia de los mismos que tiene el sistema público para elegir, mediante estándares estrictos y cruzados, a quienes de verdad necesitan una vivienda. Resulta impresentable que el filtro estatal omita tres sociedades comerciales vigentes y el vínculo con un parlamentario.
Este problema de fiscalización excede el caso de la pareja del diputado republicano, y es urgente que la indagatoria actual arroje luz sobre las grietas del Serviu para evitar que el Registro Social de Hogares sea vulnerable a la manipulación del poder. En seg undo lugar, y aún más importante que lo anterior, es la preocupante falta de humanidad que significaría mentir en los datos otorgados para postular. Quien falsea su realidad teniendo un patrimonio asegurado demuestra una indolencia feroz: cada subsidio obtenido mediante el engaño es, literalmente, una familia que realmente lo necesita y que se queda sin hogar. Si a esto le adicionamos el esfuerzo, la resiliencia y los múltiples obstáculos que los comités de vivienda magallánicos deben superar tras años de espera, la injusticia se v uelve un acto de crueldad intolerable. La vivienda social es un derecho para resguardar la dignidad, no un botín para el entorno de las autoridades de turno. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la ciudadanía regional exige señales de total transparencia. Esperamos con firmeza que las recientes declaraciones del ministro Iván Poduje, al asegurar que en este plan de fiscalización “todos son iguales ante la ley”, se traduzcan en acciones reales y caiga quien caiga. En un Magallanes postergado que clama por justicia social, no podemos permitirnos que la igualdad ante la ley sea, una vez más, una mera metáfora. Autor: ARTURO DÍAz, CONSEJERO REGIONAL.