Columnas de Opinión: Cuando la frontera no puede estar por sobre la dignidad humana
Columnas de Opinión: Cuando la frontera no puede estar por sobre la dignidad humana La discusión sobre migración irregular en Chile exige ser abordada con seriedad, responsabilidad y sentido de Estado.
Nadie podría desconocer que el país enfrenta un desafío complejo, especialmente en las regiones del norte, donde la presión migratoria, la falta de control efectivo en las fronteras y las consecuencias sociales de una política pública insuficiente han golpeado con fuerza a comunidades que llevan años pidiendo respuestas concretas. Sin embargo, precisamente porque el problema es real, las soluciones deben estar a la altura de una democracia que se dice respetuosa de los derechos humanos.
Por eso, resulta profundamente preocupante que, en nombre del control migratorio, se instalen medidas que puedan restringir el acceso de personas migrantes en situación irregular a derechos sociales fundamentales como la salud, la educación y la previsión. Una política de esa naturaleza no solo es cuestionable desde el punto de vista jurídico y social, sino también desde una perspectiva ética elemental: el fin no justifica los medios. Esa es una frontera moral que ningún gobierno debiera cruzar. Perseguir la migración irregular no puede significar castigar la vulnerabilidad. El Estado tiene el deber de ordenar sus fronteras, fiscalizar, identificar a quienes ingresan al país y aplicar la ley cuando corresponda.
Pero otra cosa muy distinta es transformar esa necesidad legítima de control en una política de exclusión que termine golpeando a mujeres embarazadas, niños, familias empobrecidas o trabajadores que, aun estando en condición administrativa irregular, siguen siendo personas titulares de dignidad y derechos básicos.
El ejemplo es brutal: ¿ qué ocurriría con una mujer migrante que llega a punto de dar a luz a un hospital público? ¿ Se le preguntará primero por su situación migratoria antes de recibir atención? ¿ Se pondrá una barrera administrativa entre una madre y una prestación médica urgente? ¿ O se aceptará que un niño quede fuera de una sala de clases porque sus padres no lograron regularizar su permanencia en el país? Estas preguntas no son exageraciones. Son el reflejo de lo que ocurre cuando el debate público empieza a naturalizar la idea de que algunos seres humanos merecen menos protección que otros. La salud y la educación no pueden ser tratadas como premios para quienes cumplen determinados requisitos administrativos. Son derechos esenciales, especialmente cuando están en juego niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y personas en situación de extrema vulnerabilidad. Negarlos no resuelve la migración irregular. Solo profundiza la marginalidad, aumenta la informalidad, debilita la cohesión social y empuja a miles de personas a vivir fuera de todo vínculo institucional con el Estado. También resulta preocupante la pretensión de convertir la migración irregular en delito. El derecho penal debe ser siempre la última herramienta del Estado, no la primera respuesta frente a un fenómeno social, económico y humanitario. Penalizar la irregularidad migratoria significa instalar la idea de que una falta administrativa puede transformarse en una condición criminal.
Y cuando una sociedad comienza a llamar delincuente al vulnerable por el solo hecho de no tener papeles, abre una puerta peligrosa hacia la Antofagasta o Arica y Parinacota, la deshumanización. ciudadanía sabe mejor que nadie que la ausencia de una política migratoria Chile necesita una política migratoria firme, ordenada y eficaz, pero seria ha tenido costos enormes. Pero también profundamente humana. Necesita control fronterizo, sí; necesita expulsiones cuando correspondan conforme a derecho, también; necesita fiscalización laboral, coordinación internacional, tecnología, precisamente esas comunidades también merecen un debate honesto, no consignas que conviertan el miedo en herramienta política. El desafío no está en elegir entre seguridad y derechos humanos. El verdapresencia del Estado y capacidad dero desafío es construir una política institucional. Pero nada de eso exipública capaz de garantizar ambas cosas. ge renunciar a los principios básicos de humanidad. La firmeza no debe Un Estado democrático se mide no confundirse con crueldad. La autorisolo por cómo protege sus frontedad no debe confundirse con castigo ras, sino también por cómo trata indiscriminado. a quienes llegan a ellas en condiEn regiones como Tarapacá, ciones de fragilidad. Se mide por su capacidad de aplicar la ley sin perder humanidad. Se mide por su decisión de ordenar sin humillar, fiscalizar sin abandonar y gobernar sin convertir el sufrimiento ajeno en espectáculo. La migración irregular debe enfrentarse con responsabilidad, pero nunca a costa de sacrificar la dignidad humana. Porque cuando un país comienza a condicionar la salud de una madre, la educación de un niño o la protección social de una persona a su situación migratoria, el problema deja de ser solo migratorio. Pasa a ser un problema moral. Y en esa frontera, Chile no puede permitirse retroceder. Opinión PATRICO MEZA GARCÍA.. Opinión PATRICO MEZA GARCÍA.