Es una toma, no un campamento
Es una toma, no un campamento La vigencia del Estado de Derecho implica subordinar la acción política a las reglas democráticamente establecidas.
El caso de la toma de terrenos en San Antonio está lejos de ser único en el país hay actualmente más de 1.400 tomas, pero su magnitud y visibilidad permiten sacar conclusiones sobre la desconexión de las políticas públicas con la realidad y sobre la vigencia efectiva del Estado de Derecho en nuestro país.
Respecto de lo primero, todas las cifras muestran que desde el año 2010 el incremento en la demanda de viviendas y la caída de la oferta, cada una explicable por diversos factores, han producido un alza muy importante en el precio. A esto hay que añadir un empobrecimiento relativo de amplios sectores sobre cuyas causas se puede discutir, pero entre las cuales sin duda se encuentra el magro crecimiento económico de los últimos años. La política habitacional, sin embargo, se desarrollóy parece seguir desarrollándose actualmente de espaldas a estos enormes desafíos. El déficit de viviendas adecuadas es tan grande que el número de campamentos, un flagelo que hace 15 años parecía en franco receso, crece anualmente a tasas de dos dígitos. El catastro de Techo al 2023 da cuenta de un total de 1.290 campamentos albergando a 113.887 familias. De ellas, el 65,7% vive en campamentos que se han formado después del 2010, y un 15,7% específicamente en campamentos que se formaron en los años 2022 y 2023. Cuesta pensar que nadie sea responsable de haber permitido esta verdadera debacle por su inacción o por la adopción de políticas erróneas. La toma de terrenos de San Antonio no es un campamento.
La querella presentada en su momento por losdueños del predio relata que los ocupantes amedrentaron a los vecinos del sector y que las personas que quisieron ingresar al terreno después de la ocupación fueron repelidas con armas y palos.
El mismo documento expresa que “se veía una serie de edificaciones, muchas personas en el lugar trabajando coordinadamente, con equipos de alta gama en las construcciones, y dividiendo los terrenos con tiza, todo con una velocidad abismal, lo que da cuenta de que esta toma de terrero se encontraba claramente planificada y organizada, no correspondiendo a un acto espontáneo ni mucho menos”. Tras una ardua batalla judicial, donde los propietarios llegaron hasta la Corte Suprema y obtuvieron que decretara el desalojo, las autoridades del Ejecutivo que debían cumplirlo dejaron pasar el tiempo hasta que ello se hizo prácticamente imposible. En este contexto, los pro-pietarios se allanaron a una postergación por seis meses del desalojo en aras de un posible acuerdo de venta del terreno a los ocupantes, amparado por una eventual garantía estatal. Lo anterior da cuenta de que, en los hechos, el dictamen de la justicia fue desactivado por medio de una gestión política. Esto es lo que ha de mover a reflexión desde el punto de vista de la vigencia del Estado de Derecho, que justamente implica subordinar la acción política a las reglas democráticamente establecidas. Desde luego que es posible modificar tales reglas de la misma manera en que se dictaron, pero hasta que eso no ocurra, ellas son obligatorias para todos. Es indudable que en muchos conflictos jurídicos relevantes hay componentes políticos. Pero el Estado de Derecho consiste precisamente en que, a pesar de ello, se apliquen las reglas vigentes y no la ley del más fuerte..