Cierre de Punta Peuco
1 ministro de Justicia, Luis Cordero, comunicó a la Cámara de Diputados que el Gobierno no contempla trasladar a los presos del penal de Punta Peuco ni reconvertir este recinto en un presidio para madres o embarazadas. Según Cordero, debido a la sobrepoblación carcelaria en el país “no aparece conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo” de personas privadas de libertad a otros penales.
En el contexto de la conmemoración en 2023 de los 50 años del golpe de Estado, diputados oficialistas plantearon a la cartera de Justicia que resultaba “inentendible” la existencia de una cárcel especial y una “situación de privilegio penitenciario” para condenados por violaciones a los DD.HH. En la dictadura; por lo mismo, solicitaron a Cordero transferir alos exmilitares a unidades especiales en penales comunes y destinar las instalaciones de Punta Peuco a mujeres con hijos o embarazadas.
Junto con advertir que no habrá traslados, el ministro respondió a los parlamentarios que la ubicación de Punta Peuco “no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidado de sus hijos lactantes”. La meta de cerrar Punta Peuco es una seña de identidad de los partidos de i: quierda y de las organizaciones que reúnen “La posición que ha expuesto el titular de Justicia, aunque corresponde a una contestación específica sobre política carcelaria y no constituye una estrategia política, parece razonable”. Avíctimas y familiares de estas; horas antes de concluir su segundo mandato (2018) la Presidenta Bachelet instruyó al ministro de Justicia, Jaime Campos, tramitar un decreto con ese propósito, a lo que este se opuso por reparos de legalidad. Durante la campaña, el Presidente Boric afirmó que esperaba que durante su administración no hubiera una cárcel especial para los condenados por casos de DD. HH, ; siendo diputado, también manifestó su deseo de terminar con el penal. En este sentido, se harecordado que el Gobierno estuvo próximo a cerrar Punta Peuco antes del plebiscito de 2022. La definición adoptada por el ministro Cordero ha causado, con matices, reacciones críticas entre los legisladores oficialistas.
En estas páginas, el diputado Jaime Naranjo (PS) aseguró que su sector “jamás va arenunciar” al objetivo de darle un uso diferente al penal, mientras el diputado Boris Barrera (PC) indicó que la decisión del mi nisterio tiene “poco fundamento”. Las diputadas Lorena Fries y Emilia Schneider (FA) han postulado que Punta Peuco debe cerrarse antes de que acabe este Gobierno.
Ciertamente, la posición que ha expuesto el titular de Justicia, aunque corresponde a una contestación específica sobre política carcelaria y no constituye una estrategía política, parece razonable en el escenario de la crisis penitenciaria que enfrentan la sociedad y el país. A los problemas de infraestructura y sobrepoblación, en los últimos años se ha sumado una nueva realidad delictual caracterizada por la explosión del crimen organizado que ha permeado hacia los penales.
Si bien la autoridad ha insistido en que el Estado no ha perdido el control de las prisiones, existe suficiente evidencia sobre una disputa en ese ámbito que es nueva respecto de los usos que había hasta hace pocos años, como lo muestran los hechos de las últimas semanas en la Cárcel de Alta Seguridad.
Cerrar Punta Peuco, a pesar del valor simbólico que representa para el oficialismo como acto de justicia y reparación, solo agregaría complicaciones a la gestión de las prisiones; independiente de la gravedad delos crímenes cometidos por los exmilitares, compete al Estado garantizar la seguridad de tales personas y el cumplimiento de las condenas en condiciones adecuadas.