Autor: Mirian Mondaca Herrera mirian.mondaca@estrellavalpo.d
2F: Contraloría detectó irregularidades en uso de recursos tras el megaincendio
2F: Contraloría detectó irregularidades en uso de recursos tras el megaincendio raves irregularidades en la gestión de recursos que fueG ron destinados a enfrentar la emergencia generada como consecuencia del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 fueron detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso y que quedaron plasmadas en cinco informes de auditoría, lo que fue revelado ayer por el ente fiscalizador.
En estos documentos quedaron bajo la lupa la Delegación Presidencial Regional (DPR), las municipalidades de Viña del Mary de Quilpué, además de la Dirección Regional de Arquitectura, organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En lo que se refiere a las irregularidades halladas en la DPR, se detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por esta entidad durante la emergencia. La auditoría efectuada advirtió sobre posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.
En este caso, desde Contraloría se instruyó un sumario administrativo y de forma paralela se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En relación al municipio viñamarino se detectaron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la municipalidad entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. A raíz de esos hallazgos, la Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
En el caso del municipio de Quilpué, se reveló que la municipalidad presentó gastos improcedentes, como la compra de cocinillas sin certificación SECy el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos. En este caso la Contraloría ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas. En relación a la Dirección Regional de Arquitectura, se detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno. Por esto se instruyó un sumario administrativo. Además, se detectaron pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones en El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos. Por esto, Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia Contraloría quien continúe con su respectiva tramitación.
Desde la DPR se refirieron a través de un comunicado, en el cual aseguraron que han mantenido una "plena disposición para entregar toda la información que sea requerida", tanto ante la Contraloría General de la República como ante el Congreso Nacional. Además, indicaron que están preparando las respuestas a los requerimientos formulados por Contraloría en su informe final dentro de los plazos establecidos.
De igual forma, informaron que la DPR "ha iniciado una serie de sumarios, los cuales permanecen en curso y permitirán determinar eventuales responsabilidades y sanciones administrativas" y que "se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que pueda adoptar las acciones que estime pertinentes" La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, defendió la gestión realizada y expuso que las inconsistencias tendrían relación con que muchos damnificados no tenían sus documentos porque se habían quemado. "Durante los primeros días tras la emergencia, dijo Ripamonti la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia". Asimismo, señaló que "en la gran mayoría de los casos existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas" y llamó a revisar la institucionalidad para enfrentar catástrofes. En tanto, la actual alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, respondió con dureza y remarcó que "este informe de Contraloría sólo viene a corroborar lo que venimos denunciando desde nuestra llegada.
Aquí hubo ineficiencia, inercia y desidia por parte de la administración anterior". Además, Corti emplazó a que "el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público persigan con rigor las responsabilidades individuales de quienes no actuaron con probidad, rectitud y honradez, características que debiera tener todo funcionario público". Por su parte, desde el MOP indicaron que se encuentran "analizando los informes emitidos por la Contraloría General de la República para tomar las medidas pertinentes a futuro". POSIBLES ACCIONES JUDICIALES Desde el CDE indicaron que "a través de su Procuradoría Fiscal de Valparaíso está en proceso de recepción y recopilación de los antecedentes (. .. ) por lo que se ha procedido a iniciar el estudio de dichos antecedentes para determinar las posibles acciones judiciales que eventualmente se podrían ejercer". Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio en Unión 2 y 3 de Febrero de 2024, dijo que estos hallazgos de Contraloría vienen a confirmar lo que las comunidades afectadas han denunciado por dos años, que el megaincendio "no solo dejó una tragedia humana y territorial, sino que derivó en un verdadero meganegocio con recursos públicos, marcado por desorden administrativo, sobreprecios, pagos sin respaldo y una alarmante falta de control". Autor: Mirian Mondaca Herrera mirian.mondaca@estrellavalpo.d. Se trata de millonarias deficiencias observadas en la Delegación Presidencial Regional, municipios y la Dirección Regional de Arquitectura. Consejo de Defensa del Estado analiza posibles acciones judiciales.
POSIBLES ACCIONES JUDICIALES Desde el CDE indicaron que "a través de su Procuradoría Fiscal de Valparaíso está en proceso de recepción y recopilación de los antecedentes (. .. ) por lo que se ha procedido a iniciar el estudio de dichos antecedentes para determinar las posibles acciones judiciales que eventualmente se podrían ejercer". Amanda Guerra, presidenta de la ONG Sobrevivientes del Megaincendio en Unión 2 y 3 de Febrero de 2024, dijo que estos hallazgos de Contraloría vienen a confirmar lo que las comunidades afectadas han denunciado por dos años, que el megaincendio "no solo dejó una tragedia humana y territorial, sino que derivó en un verdadero meganegocio con recursos públicos, marcado por desorden administrativo, sobreprecios, pagos sin respaldo y una alarmante falta de control". LOS ANTECEDENTES DE LAS IRREGULARIDADES EN LAS ZONAS AFECTADAS SON INVESTIGADOS. EL MEGAINCENDIO DEJÓ A 138 VÍCTIMAS FATALES.