Autor: MAURICIO SILVA
Controversia desatan cifras sobre lento avance de reconstrucción, a dos años del megaincendio en Viña del Mar
Controversia desatan cifras sobre lento avance de reconstrucción, a dos años del megaincendio en Viña del Mar Este lunes se cumplen dos años desde que el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 asolara 11 mil hectáreas de terreno y 4.385 casas, dejando 138 muertos y 12 mil damnificados.
Aunque la información entregada ayer por el Gobierno apunta que hasta ahora ha reconstruido 452 viviendas, lo que equivale al 10,3% del total arrasado por las llamas, el balance del Ministerio de Vivienda y del Serviu cifra el avance del proceso de reconstrucción en 46%. Para ello, sumó a esas 452 casas reconstruidas las 781 que actualmente están en ejecución y las cotejó con los 2.866 subsidios que ya ha asignado a las familias afectadas.
El total de familias hábiles para recibir los apoyos gubernamentales es cifrado en 3.300, pues el resto aparece excluido del plan reconstructor ya sea por carecer de títulos de dominio sobre el inmueble destruido o por figurar con propiedades sobre otros bienes raíces, distinto del que fue arrasado.
La polémica se añade al hecho de que, a noviembre pasado, las últimas estadísticas disponibles en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda muestran que el Gobierno ha ejecutado $29.844 millones (un 3,72%) de los $800 mil millones que en junio de 2024 el Congreso destinó al Fondo de Emergencia Transitoria (FET), conformado para enfrentar la reconstrucción.
Ello, a despecho de que la ejecución de los $57.143 millones transferidos al Serviu y al Ministerio de Hacienda se aceleró notablemente a partir de agosto pasado, pasando del 14,6% de ejecución en ese mes al 52,2% en noviembre, con los $29.844 millones ya citados.
Ayer, el diputado Hotuiti Teao (Ind. pro UDI) anunció que presentará ante la Contraloría los antecedentes oficiales de la Dipres y que analizará la posibilidad de levantar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), “por el incumplimiento grave de sus funciones en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio”. También se sumó a las críticas el diputado Andrés Celis (RN), quien presidiera la comisión investigadora de la reconstrucción, instancia que en agosto evidenció una “preocupante lentitud” y un desfase estructural en la ejecución presupuestaria.
“Han pasado dos años del megaincendio y todavía cuesta entender cómo el Estado puede decir que la reconstrucción va en un 45% cuando en la práctica solo un 10 por ciento de las viviendas están realmente levantadas. La diferencia no es un problema de números, sino de enfoque”, dijo. “Durante el trabajo que se hizo en la comisión quedó claro que los recursos estaban, pero el proceso se volvió lento, lleno de trámites y sin una conducción clara. Hoy se habla de cifras, pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿ por qué después de dos años todavía hay familias que no han podido volver a su casa?”, agregó.
El ministro Montes, quien al cumplirse el primer aniversario de la tragedia en febrero de 2024 admitió la lentitud del proceso, se refirió ayer al tema a encabezar el lanzamiento del libro “Desafíos presentes y futuros para la reconstrucción en Chile”, publicación del Minvu que sistematiza las experiencias, aprendizajes y nudos críticos derivados de los procesos de gestión del riesgo de desastres en el país.
“Cuando se busca lo malo, que siempre hay dimensiones malas, y no se ve lo que realmente se está haciendo en su conjunto, eso tiende a generar desconcierto tanto en las comunidades como en la propia organización del ministerio”, enfatizó el cuestionado secretario de Estado.
El libro propone la creación de un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Reconstrucción, junto con un Servicio Nacional de Reconstrucción que articule los niveles centrales y regionales bajo un rol estratégico del Minvu en planificación urbana y mitigación de riesgos.
Problemas normativos Ayer, la seremi de Vivienda de Valparaíso, Belén Paredes, y la directora regional de Serviu, Nerina Paz, apuntaron a las reglas del gasto público que limitan el uso del FET, instrumento que resultó imprescindible destacó para la entrega de los subsidios.
“Un subsidio no equivale a una vivienda construida de manera inmediata, sino que habilita el desarrollo de proyectos técnicos, procesos de diseño, evaluación, permisos y ejecución de obras, los que, incluso en condiciones normales, no se materializan en plazos de 6 o 12 meses. Si bien el FET es un recurso disponible y valorado, no es de libre disposición y para su utilización se tiene que cumplir con todas las normas del gasto público”, aseveró Paredes.
Según la seremi, esta realidad está documentada en todos los procesos de reconstrucción anteriores, incluidos los del 27-F y que para flexibilizar la normativa, por ejemplo para liberar de las inhabilidades al universo total de damnificados, se requiere de una ley tramitada en el Congreso.
Para Pablo Pérez, economista e investigador del Instituto Libertad, las normas permiten a la autoridad en caso de catástrofe disponer de subsidios no por las vías normales, sino las de catástrofe, lo que permitía acelerar los procesos, como ocurrió aunque reconoce que el siniestro fue de menor entidad en el incendio forestal urbano de 2021en Castro, Chiloé.
“Entendemos las magnitudes que son distintas, pero el Gobierno tuvo todo el respaldo político y todo el apoyo más allá de solamente las carteras ministeriales y las municipalidades afectadas, para poder acelerar todos los procesos de catastros para obtener toda la información y generar la liberación de fondos”, aseveró.
A juicio de Ignacio Aravena, investigador asociado de la fundación Piensa y académico de la London School of Economics, “había otras formas de avanzar con la reconstrucción: trabajando más con empresas locales, acelerando procesos y licitando, e involucrando a más agentes, como Desafío Levantemos Chile, que también logró avances en la zona.
En concreto, se ha construido poco y la gestión del Gobierno no dio abasto”. Ayer, la Seremi de Vivienda confirmó que a los damnificados que, pese a la flexibilización de normas, siguen en condición de inhábiles, se les expropiará sus viviendas siniestradas a una tasación fijada por peritos para destrabar la reconstrucción en El Olivar de Viña. 441 obras para restaurar la infraestructura urbana por $48 mil 700 millones contempla el plan reconstructor. 1420 viviendas estarán en construcción en febrero, lo que elevaría a 52% el avance del plan, según las estimaciones del Gobierno. 781 viviendas están actualmente en construcción, en febrero del año pasado la cifra era de solo 77. $57 mil mills. era el presupuesto vigente para la reconstrucción a noviembre y se habían ejecutado $29.844 millones (52,2% ), según el Instituto Libertad. El FET totaliza $800 mil millones. TOTAL Las autoridades cifraron en 3.300 subsidios requeridos para la reconstrucción en las tres comunas. Autor: MAURICIO SILVA.
Diputado Hotuiti Teao (ind. pro UDI) anunció presentación ante la Contraloría por ejecución del 3,7% de los $800 mil millones asignados por el Congreso, pero autoridades responden que tal fondo “no es de libre disposición”. Gobierno lo cifra en 46%, pese a que casas vueltas a erigir son 452: 441 obras para restaurar la infraestructura urbana por $48 mil 700 millones contempla el plan reconstructor. 1420 viviendas estarán en construcción en febrero, lo que elevaría a 52% el avance del plan, según las estimaciones del Gobierno. 781 viviendas están actualmente en construcción, en febrero del año pasado la cifra era de solo 77. $57 mil mills. era el presupuesto vigente para la reconstrucción a noviembre y se habían ejecutado $29.844 millones (52,2% ), según el Instituto Libertad. El FET totaliza $800 mil millones. TOTAL Las autoridades cifraron en 3.300 subsidios requeridos para la reconstrucción en las tres comunas. APORTE. — El Congreso dispuso de $800 mil millones para el fondo de reconstrucción en esta catástrofe, del que se ha ocupado el 3,7%.