MÁXIMA TENSIÓN ENTRE PRIVADOS Y GOBIERNO: Pequeñas renovables alertan de quiebra masiva por proyecto que reduce hasta en 40% sus ingresos
Centrales de hasta 9 MW deberán aportar US$ 150 millones anuales al subsidio por tres añosmenor interés de los inversionistas y bancos internacionales de tener a Chile como destino de inversión, habrá menos competencia en el mercado y precios de energía más altos, que ya es tamos viendo en el sector”. Y apunta que es contradictorio, además, con lo declarado por el Gobierno de impulsar una matriz energética verde y renovable. Coincide en la mirada crítica Renato Agurto, socio de Synex.
“Es inadecuado el cambio de las reglas del juego a dichos generadores, por el efecto negativo que ello produce en la estabilidad regulatoria del mercado eléctrico”. En la industria recuerdan que en 2020, tras una discusión que se prolongó por un año y medio, se realizó una modificación a la normativa que estableció un régimen transitorio. Determinó que los pequeños proyectos renovables ejecutados o en construcción hasta abril de 2022 podían acogerse al régimen de remuneración hasta el año 2033. “Cuando hay inversiones ejecutadas, hay que respetar la señal que le hemos dado a esos inversionistas, respetar las reglas del juego y los plazos que se establecieron en 2020. Pero con este proyecto, estamos afectando la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria y el estado de derecho del país”, recalca Del Campo. La banca de inversión que financia a este tipo de proyectos también está en alerta.
Un alto ejecutivo de un banco internacional admite que hay gran preocupación por los contratos de crédito que han suscrito, “por los posibles cambios que se podrían generar al actual esquema de remuneración y la afectación a la predictibilidad jurídica de Chile”. Tensión escala al ChileDayLa preocupación fue planteada por inversionistas y desarrolladores a ministros Pardow y Marcel en el ChileDay, en París. Mientras parlamentarios ven espacio para que el Gobierno reformule el financiamiento de la iniciativa, que busca ampliar el subsidio eléctrico a 4,7 millones de hogares, en el marco de la discusión presupuestaria que viene. En un contexto en que las cuentas de luz subirán hasta 41% entre octubre y enero. JESSICA MARTICORENAnancia la cobertura de los 4,7 millones de clientes”, plantea.
Y un tercer pilar el de mayor ponderación en el esquema del Ejecutivo para solventar el subsidio es un ajuste a las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esto implica que centrales de energía renovable de hasta 9 MW conectados a la red de distribución verán limitados durante tres años los ingresos que reciben por el precio estabilizado al q u e a c c e d e n d e s d e 2004, cuando entró en vigencia ese régimen tarifario, como parte de la llamada Ley Corta I.
Según los cálculos del Gobierno, por concepto de esaMp ti r d i o n c e i n p a p lm eq e u n e t ñ e a e s x c tr e a n n t j r e a r l o e áxima tensión es lo que se respira por estos días entre la indus tria eléctrica y el Gobierno.
In v e r s i o n i s t a s, s, que han inver s de energías re novables, se encuentran en estado de alerta por el proyecto del Ejecutivo, actualmente en tramitación en el Congreso, que busca ampliar a 4,7 millones de hogares el subsi dio eléctrico, para enfrentar las alzas de las cuentas de la luz, incremento que entre ju lio y enero superará el 50% para los clientes residenciales del país. Lo que preocupa a los privados es la fór mula planteada por la autoridad para finan ciar la extensión de ese beneficio. La inicia tiva requiere US$ 900 millones en un perío do de tres años, entre 2025 y 2027, y la pro puesta del Ejecutivo contempla tres fuentes de financiamiento.
Una de ellas, un aumen to temporal al impuesto a las emisiones de carbono de las centrales a carbón, que busca duplicar la tasa del impuesto verde de US$ 5 por tonelada de CO2 a US$ 10. Con esto, se proyecta una recaudación en torno a US$ 70 millones, aunque expertos dudan de esa estimación.
“Las carboneras van de salida, porque ya hay un plan de descarbonización y han hecho inversiones en renovables, quizá haya una sobrestima ción en la recaudación que espera el Gobier no”, afirma el académico de la Usach Hum berto Verdejo. Otro eje de financiamiento que planteó el Gobierno es la recaudación del IVA neto originado por el alza de las tarifas eléctricas, con lo cual la autoridad espera recabar unos US$ 80 millones. Verdejo tiene otros cálcu los. “Solo con el IVA extraordinario se fiOLLAVRACNÁITSIRCmodificación se recaudarán US$ 150 millones anuales, es decir, la mitad de los recursos que se requieren. “El efecto económico será una quiebra masiva”“La manera de repartir el costo de este problema no es justa, es desproporcionada.
No es razonable hacer recaer sobre un sector de la economía, más bien un subsector en particular de la industria de la energía, que representa solo el 9% de la capacidad instalada de generación del sector, el tener que aportar el 50% del subsidio”, cuestiona Sergio del Campo, presidente de la Asociación de Energías Renovables (Acera). Del Campo explica que a la fecha hay invertidos US$ 3.000 millones en este tipo de proyectos, que se ubican principalmente entre las regiones Metropolitana y Maule, “y no tienen que ver con la situación que hay en la zona norte, donde hay congestión, sobreoferta y energía que no se puede inyectar al sistema”. Remarca que lo que propone el Ejecutivo afectará, en promedio, el 36% de los ingresos que percibe este tipo de centrales durante los tres años de vigencia del subsidio; otros ejecutivos de la industria aseguran que en algunos casos el impacto llega hasta el 40% de los ingresos.
“Acá no estamos protegiendo rentas injustas o sobrerentas, los pequeños proyectos renovables están recibiendo las rentas razonables para el riesgo que toman, son rentas que están bajo el 10% de retorno sobre la inversión”, subraya Del Campo. Y advierte que de prosperar el proyecto del Ejecutivo, “el efecto económico será una quiebra masiva de las empresas de pequeña escala renovable. No porque las compañías tomaron malas decisiones, tampoco porque tengan mala administración o costos financieros altos. Es la quiebra por una arbitrariedad regulatoria”. De producirse ese escenario, también alerta sobre los impactos directos que tendría en el mercado y en los usuarios. “Con la quiebra masiva, el fisco dejará de percibir los US$ 40 millones a US$ 50 millones que paga este tipo de empresas en impuestos al año. Y en el corto, mediano y largo plazo, se perjudicará a la gente, porque producto delLa alta tensión en la industria eléctrica se trasladó al ChileDay, en París.
El viernes, representantes de distintas empresas extranjeras inversoras en nuestro país quisieron reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar este tema, pero el titular de la cartera los derivó con el ministro de Energía, Diego Pardow, lo que generó molestia en los ejecutivos, cuentan conocedores de esas conversaciones. No obstante, Marcel igualmente tuvo que escuchar la preocupación “y queja” de los privados, pues sí tuvo agenda con altos ejecutivos de la banca internacional que financia este tipo de proyectos.
Esta semana, además, los principales gremios del sector energético se unieron frente a este tema y emitieron una declaración pública en la que advirtieron impactos negativos para el desarrollo de centrales de pequeña escala y la afectación a la certeza jurídica de Chile como destino de inversión. El mensaje fue suscrito por Generadoras de Chile, Acera, la Asociación de Energía Solar y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores. “Aquí no hubo ninguna participación de la industria en la génesis del proyecto, lo que no es normal”, cuestionan desde Acera. En el sector están abiertos a activar ante la autoridad todas las gestiones que sean necesarias para revertir lo propuesto por el Ejecutivo. Hace unas semanas, ejecutivos y altos representantes de empresas e inversionistas se reunieron con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, y con el coordinador del Ministerio de Hacienda, Francisco Saffie. Algunas empresas renovables de origen europeo no descartan recurrir a una fórmula ya probada y escalar la preocupación a Cancillería.
Ya lo hicieron a mediados del año pasado, cuando pidieron cambios en la tarificación de este tipo de energías de mediano y gran tamaño, debido a que en la zona norte la generación renovable se valorizaba a cero por exceso de oferta o congestión en las líneas de transmisión.
Tal fue el grado de inquietud, que entonces visitó Chile la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dado que las firmas europeas habían invertido más de 5.000 millones de euros en nuestro país. Nueva fórmula de financiamientoAl mundo parlamentario también le preocupa el diseño del Gobierno. El proyecto está actualmente en tramitación en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. “Estamos preocupados, porque tenemos que ver cómo buscamos una baja perma-nente de las tarifas o un buen subsidio, con el justo equilibrio, no perjudicando a las pequeñas generadoras.
Eso nos hace replantearnos la fórmula del Gobierno”, indica la diputada Yovana Ahumada (Independiente). Señala que “es clave escuchar al ministro Marcel, lo hemos citado varias veces, pero no ha venido a la comisión, y quien mueve la billetera es Marcel, no Pardow”. Concuerda el presidente de la comisión, el diputado Marco Sulantay (UDI). “Uno puede estar de acuerdo o no con el precio estabilizado de las PMGD, pero son las reglas que se definieron en un momento y hay que respetarlas. Si las mueves por una situación coyuntural, genera un mal precedente para la certidumbre regulatoria”, asevera.
El parlamentario agrega que “el Estado acá no está aportando, aportan los privados y los clientes, pero el gobierno coloca el IVA y dejaría de ganar por el alza de tarifas, pero no pone recursos directamente. No se está haciendo cargo del problema generado por una mala política pública, como fue el con-centrales, que los puede llevar a la quiebra. Hay una visión transversal en el Congreso de eso”. Sí, dice, hay que sentarse a conversar para revisar aspectos del régimen de las PMGD. En el Senado la mirada no es muy distinta. “El objetivo es lograr la recaudación, otra cosa es el instrumento. Hay que escuchar a todos los sectores y nosotros lo haremos en el segundo trámite, que va a coincidir con la discusión del presupuesto. Toda la navegación del proyecto de ampliación del subsidio será en tiempo de debate presupuestario y eso es mejor, porque permite una buena negociación.
La autoridad económica siempre está más flexible y aquellos capítulos de los instrumentos, como las PGMD se pueden revisar de nuevo”, comenta el presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS). El senador prevé que el proyecto debiera estar despachado a fines de octubre o principios de noviembre; “tiene que calzar con el segundo llamado a subsidio para mitigarlas alzas de octubre”, expresa Castro. En octubre, eso sí, se pagará de manera retroactiva el subsidio para el 1,6 millón de clientes que se inscribieron en el primer proceso. Las nuevas alzas que vienenLos clientes residenciales del país están enfrentando una escalada alcista en las cuentas de luz.
El académico Humberto Verdejo detalla que el primer escalón de alza ocurrió en junio, con un aumento parejo del 7%. Luego, en julio, la tarifa domiciliaria aumentó hasta 20% para los hogares que pagaban hasta $45 mil al mes, subió hasta un 55% para los que cancelaban hasta $65 mil y se elevó hasta 45% para los que desembolsaban sobre $65 mil.
En octubre, a aquellos que hoy pagan $55 mil al mes por luz, la boleta les va a subir hasta 21% adicional, y los usuarios que cancelan sobre $55 mil, les aumentará hasta 6%. En enero de 2025 viene otro incremento. Para los que en diciembre estén pagando hasta $65 mil, la factura subirá otro 20%. NOTAgelamiento de las tarifas.
Esto en la práctica no es un subsidio, es un fondo que se genera entre clientes y privados”. Y recalca que “no hay votos para expropiar el 40% de ingresos de estas pequeñasALLICNAMNAHTANOJNOTAOLLAVRACNÁITSIRCCómo buscamos una baja permanente de las tarifas o un buen subsidio, con el justo equilibrio, no perjudicando a las pequeñas generadoras”. YOVANA AHUMADADIPUTADAToda la navegación del proyecto de ampliación del subsidio será en tiempo de debate presupuestario y eso es mejor”. JUAN LUIS CASTROSENADORNo es razonable hacer recaer sobre un sector de la economía () el 50% del subsidio”. SERGIO DEL CAMPOPRESIDENTE DE ACERA. Ministro de Energía, S e r g i o d e l C a m p o, presidente de Acera.
Diputada Yovanna Ahumada (Independiente) S e n a d o r J u a n Luis Castro (PS). Ministro de Hacienda, Centrales de hasta 9 MW deberán aportar US$ 150 millones anuales al subsidio por tres añosmenor interés de los inversionistas y bancos internacionales de tener a Chile como destino de inversión, habrá menos competencia en el mercado y precios de energía más altos, que ya es tamos viendo en el sector”. Y apunta que es contradictorio, además, con lo declarado por el Gobierno de impulsar una matriz energética verde y renovable. Coincide en la mirada crítica Renato Agurto, socio de Synex.
“Es inadecuado el cambio de las reglas del juego a dichos generadores, por el efecto negativo que ello produce en la estabilidad regulatoria del mercado eléctrico”. En la industria recuerdan que en 2020, tras una discusión que se prolongó por un año y medio, se realizó una modificación a la normativa que estableció un régimen transitorio. Determinó que los pequeños proyectos renovables ejecutados o en construcción hasta abril de 2022 podían acogerse al régimen de remuneración hasta el año 2033. “Cuando hay inversiones ejecutadas, hay que respetar la señal que le hemos dado a esos inversionistas, respetar las reglas del juego y los plazos que se establecieron en 2020. Pero con este proyecto, estamos afectando la certeza jurídica, la estabilidad regulatoria y el estado de derecho del país”, recalca Del Campo. La banca de inversión que financia a este tipo de proyectos también está en alerta.
Un alto ejecutivo de un banco internacional admite que hay gran preocupación por los contratos de crédito que han suscrito, “por los posibles cambios que se podrían generar al actual esquema de remuneración y la afectación a la predictibilidad jurídica de Chile”. Tensión escala al ChileDayLa preocupación fue planteada por inversionistas y desarrolladores a ministros Pardow y Marcel en el ChileDay, en París. Mientras parlamentarios ven espacio para que el Gobierno reformule el financiamiento de la iniciativa, que busca ampliar el subsidio eléctrico a 4,7 millones de hogares, en el marco de la discusión presupuestaria que viene. En un contexto en que las cuentas de luz subirán hasta 41% entre octubre y enero. JESSICA MARTICORENAnancia la cobertura de los 4,7 millones de clientes”, plantea.
Y un tercer pilar el de mayor ponderación en el esquema del Ejecutivo para solventar el subsidio es un ajuste a las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esto implica que centrales de energía renovable de hasta 9 MW conectados a la red de distribución verán limitados durante tres años los ingresos que reciben por el precio estabilizado al q u e a c c e d e n d e s d e 2004, cuando entró en vigencia ese régimen tarifario, como parte de la llamada Ley Corta I.
Según los cálculos del Gobierno, por concepto de esaMp ti r d i o n c e i n p a p lm eq e u n e t ñ e a e s x c tr e a n n t j r e a r l o e áxima tensión es lo que se respira por estos días entre la indus tria eléctrica y el Gobierno.
In v e r s i o n i s t a s, s, que han inver s de energías re novables, se encuentran en estado de alerta por el proyecto del Ejecutivo, actualmente en tramitación en el Congreso, que busca ampliar a 4,7 millones de hogares el subsi dio eléctrico, para enfrentar las alzas de las cuentas de la luz, incremento que entre ju lio y enero superará el 50% para los clientes residenciales del país. Lo que preocupa a los privados es la fór mula planteada por la autoridad para finan ciar la extensión de ese beneficio. La inicia tiva requiere US$ 900 millones en un perío do de tres años, entre 2025 y 2027, y la pro puesta del Ejecutivo contempla tres fuentes de financiamiento.
Una de ellas, un aumen to temporal al impuesto a las emisiones de carbono de las centrales a carbón, que busca duplicar la tasa del impuesto verde de US$ 5 por tonelada de CO2 a US$ 10. Con esto, se proyecta una recaudación en torno a US$ 70 millones, aunque expertos dudan de esa estimación.
“Las carboneras van de salida, porque ya hay un plan de descarbonización y han hecho inversiones en renovables, quizá haya una sobrestima ción en la recaudación que espera el Gobier no”, afirma el académico de la Usach Hum berto Verdejo. Otro eje de financiamiento que planteó el Gobierno es la recaudación del IVA neto originado por el alza de las tarifas eléctricas, con lo cual la autoridad espera recabar unos US$ 80 millones. Verdejo tiene otros cálcu los. “Solo con el IVA extraordinario se fiOLLAVRACNÁITSIRCmodificación se recaudarán US$ 150 millones anuales, es decir, la mitad de los recursos que se requieren. “El efecto económico será una quiebra masiva”“La manera de repartir el costo de este problema no es justa, es desproporcionada.
No es razonable hacer recaer sobre un sector de la economía, más bien un subsector en particular de la industria de la energía, que representa solo el 9% de la capacidad instalada de generación del sector, el tener que aportar el 50% del subsidio”, cuestiona Sergio del Campo, presidente de la Asociación de Energías Renovables (Acera). Del Campo explica que a la fecha hay invertidos US$ 3.000 millones en este tipo de proyectos, que se ubican principalmente entre las regiones Metropolitana y Maule, “y no tienen que ver con la situación que hay en la zona norte, donde hay congestión, sobreoferta y energía que no se puede inyectar al sistema”. Remarca que lo que propone el Ejecutivo afectará, en promedio, el 36% de los ingresos que percibe este tipo de centrales durante los tres años de vigencia del subsidio; otros ejecutivos de la industria aseguran que en algunos casos el impacto llega hasta el 40% de los ingresos.
“Acá no estamos protegiendo rentas injustas o sobrerentas, los pequeños proyectos renovables están recibiendo las rentas razonables para el riesgo que toman, son rentas que están bajo el 10% de retorno sobre la inversión”, subraya Del Campo. Y advierte que de prosperar el proyecto del Ejecutivo, “el efecto económico será una quiebra masiva de las empresas de pequeña escala renovable. No porque las compañías tomaron malas decisiones, tampoco porque tengan mala administración o costos financieros altos. Es la quiebra por una arbitrariedad regulatoria”. De producirse ese escenario, también alerta sobre los impactos directos que tendría en el mercado y en los usuarios. “Con la quiebra masiva, el fisco dejará de percibir los US$ 40 millones a US$ 50 millones que paga este tipo de empresas en impuestos al año. Y en el corto, mediano y largo plazo, se perjudicará a la gente, porque producto delLa alta tensión en la industria eléctrica se trasladó al ChileDay, en París.
El viernes, representantes de distintas empresas extranjeras inversoras en nuestro país quisieron reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para abordar este tema, pero el titular de la cartera los derivó con el ministro de Energía, Diego Pardow, lo que generó molestia en los ejecutivos, cuentan conocedores de esas conversaciones. No obstante, Marcel igualmente tuvo que escuchar la preocupación “y queja” de los privados, pues sí tuvo agenda con altos ejecutivos de la banca internacional que financia este tipo de proyectos.
Esta semana, además, los principales gremios del sector energético se unieron frente a este tema y emitieron una declaración pública en la que advirtieron impactos negativos para el desarrollo de centrales de pequeña escala y la afectación a la certeza jurídica de Chile como destino de inversión. El mensaje fue suscrito por Generadoras de Chile, Acera, la Asociación de Energía Solar y la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores. “Aquí no hubo ninguna participación de la industria en la génesis del proyecto, lo que no es normal”, cuestionan desde Acera. En el sector están abiertos a activar ante la autoridad todas las gestiones que sean necesarias para revertir lo propuesto por el Ejecutivo. Hace unas semanas, ejecutivos y altos representantes de empresas e inversionistas se reunieron con el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, y con el coordinador del Ministerio de Hacienda, Francisco Saffie. Algunas empresas renovables de origen europeo no descartan recurrir a una fórmula ya probada y escalar la preocupación a Cancillería.
Ya lo hicieron a mediados del año pasado, cuando pidieron cambios en la tarificación de este tipo de energías de mediano y gran tamaño, debido a que en la zona norte la generación renovable se valorizaba a cero por exceso de oferta o congestión en las líneas de transmisión.
Tal fue el grado de inquietud, que entonces visitó Chile la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dado que las firmas europeas habían invertido más de 5.000 millones de euros en nuestro país. Nueva fórmula de financiamientoAl mundo parlamentario también le preocupa el diseño del Gobierno. El proyecto está actualmente en tramitación en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados. “Estamos preocupados, porque tenemos que ver cómo buscamos una baja perma-nente de las tarifas o un buen subsidio, con el justo equilibrio, no perjudicando a las pequeñas generadoras.
Eso nos hace replantearnos la fórmula del Gobierno”, indica la diputada Yovana Ahumada (Independiente). Señala que “es clave escuchar al ministro Marcel, lo hemos citado varias veces, pero no ha venido a la comisión, y quien mueve la billetera es Marcel, no Pardow”. Concuerda el presidente de la comisión, el diputado Marco Sulantay (UDI). “Uno puede estar de acuerdo o no con el precio estabilizado de las PMGD, pero son las reglas que se definieron en un momento y hay que respetarlas. Si las mueves por una situación coyuntural, genera un mal precedente para la certidumbre regulatoria”, asevera.
El parlamentario agrega que “el Estado acá no está aportando, aportan los privados y los clientes, pero el gobierno coloca el IVA y dejaría de ganar por el alza de tarifas, pero no pone recursos directamente. No se está haciendo cargo del problema generado por una mala política pública, como fue el con-centrales, que los puede llevar a la quiebra. Hay una visión transversal en el Congreso de eso”. Sí, dice, hay que sentarse a conversar para revisar aspectos del régimen de las PMGD. En el Senado la mirada no es muy distinta. “El objetivo es lograr la recaudación, otra cosa es el instrumento. Hay que escuchar a todos los sectores y nosotros lo haremos en el segundo trámite, que va a coincidir con la discusión del presupuesto. Toda la navegación del proyecto de ampliación del subsidio será en tiempo de debate presupuestario y eso es mejor, porque permite una buena negociación.
La autoridad económica siempre está más flexible y aquellos capítulos de los instrumentos, como las PGMD se pueden revisar de nuevo”, comenta el presidente de la comisión de Minería y Energía del Senado, Juan Luis Castro (PS). El senador prevé que el proyecto debiera estar despachado a fines de octubre o principios de noviembre; “tiene que calzar con el segundo llamado a subsidio para mitigarlas alzas de octubre”, expresa Castro. En octubre, eso sí, se pagará de manera retroactiva el subsidio para el 1,6 millón de clientes que se inscribieron en el primer proceso. Las nuevas alzas que vienenLos clientes residenciales del país están enfrentando una escalada alcista en las cuentas de luz.
El académico Humberto Verdejo detalla que el primer escalón de alza ocurrió en junio, con un aumento parejo del 7%. Luego, en julio, la tarifa domiciliaria aumentó hasta 20% para los hogares que pagaban hasta $45 mil al mes, subió hasta un 55% para los que cancelaban hasta $65 mil y se elevó hasta 45% para los que desembolsaban sobre $65 mil.
En octubre, a aquellos que hoy pagan $55 mil al mes por luz, la boleta les va a subir hasta 21% adicional, y los usuarios que cancelan sobre $55 mil, les aumentará hasta 6%. En enero de 2025 viene otro incremento. Para los que en diciembre estén pagando hasta $65 mil, la factura subirá otro 20%. NOTAgelamiento de las tarifas.
Esto en la práctica no es un subsidio, es un fondo que se genera entre clientes y privados”. Y recalca que “no hay votos para expropiar el 40% de ingresos de estas pequeñasALLICNAMNAHTANOJNOTAOLLAVRACNÁITSIRCCómo buscamos una baja permanente de las tarifas o un buen subsidio, con el justo equilibrio, no perjudicando a las pequeñas generadoras”. YOVANA AHUMADADIPUTADAToda la navegación del proyecto de ampliación del subsidio será en tiempo de debate presupuestario y eso es mejor”. JUAN LUIS CASTROSENADORNo es razonable hacer recaer sobre un sector de la economía () el 50% del subsidio”. SERGIO DEL CAMPOPRESIDENTE DE ACERA. Ministro de Energía, S e r g i o d e l C a m p o, presidente de Acera. Diputada Yovanna Ahumada (Independiente) S e n a d o r J u a n Luis Castro (PS). Ministro de Hacienda,