Autor: MAURICIO SILVA Y VÍCTOR FUENTES

Tras fallo de la justicia, emplazan al Gobierno a cumplir desalojo de toma en San Antonio
Tras fallo de la justicia, emplazan al Gobierno a cumplir desalojo de toma en San Antonio Las críticas apuntan a lo insuficiente de las gestiones hechas por las autoridades para lograr una solución que permitiera desocupar el predio usurpado antes de que venciera plazo otorgado por la Corte Suprema. señal de debilidad del Estado frente a la informalidad urbana”.................................................................. SERGIO BAERISWYLURBANISTALa amenaza al requiere acción Estado de Derecho decidida de la autoridad.
Losargumentos que esgrime eran atendibles hace año y medio, no hoy”.................................................................. FRANCISCO GALLIEXSUBSECRETARIO DEL INTERIORNo se puede momento para, so esperar hasta últimopretexto de no tener las herramientas como para proceder con el fallo judicial, evitar cumplirlo”.................................................................. JUAN FUENZALIDADIPUTADO UDIAcciones de la autoridadEntre las acciones evaluadas por las autoridades, estuvieron comprar el predio al dueño, pero según este, al poco tiempo desistieron. En paralelo, persuadieron a los dirigentes de la toma de organizarse en cooperativas con la idea de adquirir, con apoyo Estatal, los tramos de terreno que ocupaban al dueño, idea que hicieron pública en septiembre.
Según Diego Pereira, abogado de los propietarios, una vez que la Corte extendió en dos meses más el plazo, hasta el 31 de enero, parecieron perder nuevamente el interés en la compra y concentrarse en la organización de las cooperativas. Pero aunque la autoridad dice que han reclutado en esta iniciativa al 70% de las familias, Pereira reclama que nunca la consultaron ni la detallaron a su cliente. Ayer el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, y la Seremi del Minvu en Valparaíso, Belén Paredes, insistieron en que seguirán intermediando entre familias y dueños para lograr un acuerdo. El alcalde Vera anunció que estudian apelar por más plazo a la Corte Suprema. N O T A / Z E L Á Z N O G N A U J“Los fallos hay que cumplirlos te gusten o no.
Aquí se cae en una figura de desacato por parte de los funcionarios del Gobierno y me parece gravísimo que hayan tenido que llegar hasta esta instancia y no haber tomado las providencias necesarias para dar soluciones a un tema que depende netamente del Ejecutivo”. Con esa sentencia, el presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, Juan Fuenzalida (UDI), es tajante para evaluar la situación que enfrenta el Gobierno luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso no diera lugar a una nueva solicitud de suspender el desalojo de la megatoma de San Antonio, como lo ordenó el mismo tribunal de alzada en junio de 2023 y lo refrendara la Corte Suprema en marzo pasado.
El viernes 31, la semana pasada, al expirar los dos meses extra de plazo que concedió el tribunal de alzada porteño, la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso fundó tal solicitud en un insuficiente nivel de auxilio de la fuerza pública y de recursos logísticos y humanos que garantizaran el éxito de desplazar las 10.251 personas asentadas en el campamento, y derribar 4.136 viviendas ilegales.
La solicitud fue planteada también por el alcalde de San Antonio, Omar Vera (Indep. ), quien adujo que no solo el municipio y la comuna carecen de espacios habilitados para acoger a tal población a desplazar, sino que el uso de la fuerza pública para concretar el desalojo “provocaría un conflicto social y de seguridad insospechado”. “Sería un inaceptable desacato”El Premio Nacional de Urbanismo 2014, Sergio Baeriswyl, planteó que “cualquiera sea la decisión marcará precedente.
Si la autoridad no cumple el fallo, sería un inaceptable desacato, pero también sería una señal de debilidad del Estado frente a la informalidad urbana”. El arquitecto añade que “si las autoridades otorgan alguna beneficio extraordinario a los ocupantes, este sería un precedente para que otros campamentos en Chile tengan derecho a exigir el mismo trato.
Y si el Estado cumple el fallo, será una señal de que las tomas de terreno no son el camino para la obtención de una solución habitacional”. El diputado Fuenzalida recordó que hace un año el grupo parlamentario que preside recibió aPASOS. Autoridades insisten en lograr un acuerdo con los dirigentes de la toma en vez del desalojo. El alcalde anuncia que pedirán más plazo a la Suprema. siniestros y como barrera de contención.
Una situación similar ya había sido denunciada por la Corporación Chilena de la Madera (Corma) en la zona de Dichato, en Biobío, donde se levantaron viviendas ilegales en la faja que separa a la población del bosque. Una alarmante situación de riesgo para las personas, en medio del peak de la temporada de incendios forestales, fue denunciada en la comuna de Lebu, en la provincia de Arauco, al sur de Biobío. En esa zona se constató la construcción de viviendas ilegales en sectores donde fueron habilitados cortafuegos. Esas fajas de protección se establecen en áreas donde la cercanía de los bosques con los asentamientos humanos puede originar que el fuego se propague a las casas y afecte a las personas. La temeraria acción tuvo lugar en el sector de Trancalco, la misma localidad en que el sábado un helicóptero que combatía incendios forestales fue atacado a disparos, impactos que quedaron marcados en su estructura.
Según los reportes, los inmuebles irregulares suman 58 y fueron emplazados en un radio de tres kilómetros de extensión, que había sido establecido como zona de protección frente aInfraestructura de protecciónEl subgerente de protección de incendios de Arauco, Ramón Figueroa, expuso que “cuando la infraestructura que las empresas forestales crean para proteger a la población de los incendios es vulnerada y transformada en tomas ilegales, necesitamos que la autoridades actúen de manera rápida y se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen este delito”. Para el presidente de ese gremio en Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, “en la comuna de Lebu, y en especial en el sector de Trancalco, convergen una serie de delitos que hanafectado al sector forestal: usurpaciones de terreno y, en este caso, ocupaciones en cortafuegos, que constituye una infraestructura clave para la prevención de incendios, de siniestros intencionales, de robo de madera y de ataques armados como el ocurrido contra una aeronave”. Pidió al Gobierno que “en el caso de las usurpaciones de cortafuegos, estos sean despejados para que cumplan su función preventiva y protejan a las personas y a la naturaleza”. Desde el Gobierno, el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, respondió que “este tipo de acciones aumenta el riesgo de afectación a las familias y sus viviendas, ya que no permite cumplir el objetivo preventivo de los cortafuegos” y recordó que “hoy existe una Ley de Usurpaciones y, por lo tanto, las tomas no solo están prohibidas sino que ahora los tribunales solicitan el desalojo y las personas en flagrancia son detenidas”. los comités de dirigentes de la megatoma y requirió información al Ministerio de la Vivienda, que reportó que estaba negociando la compra del terreno a los propietarios.
“Acá había un período bastante anticipado de lo que podría haber ocurrido y no se puede esperar hasta último momento para, so pretexto de no tener las herramientas como para proceder con el fallo judicial, tratar de evitar cumplirlo”, criticó. El parlamentario agregó que“se debería haber actuado con urgencia y la anticipación que correspondía.
Era conocido que se actuaba contrarreloj”. El abogado José Francisco Galli (RN) al desempeñarse como subsecretario del Interior del segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, también debió enfrentar situaciones complejas como el desalojo de municipalidades de las regiones del Biobío y La Araucanía, por lo que plantea que ellas se deben enfrentar con una planificación cuidadosay preparada a tiempo.
Galli dice que las excusas esgrimidas por el alcalde y la delegación para suspender el desalojo son “atendibles, pero totalmente inoportunas”. “Este no es un fallo última hora, es un proceso que lleva más de un año y medio. Hubo tiempo para desarrollar un trabajo planificado y con alternativas de un plan B y C si fallaba el anterior. Acá está gravemente vulnerado el Estado de Derecho al afectarse los derechos constitucionales delos propietarios del predio (... ). Por ello, se requería una acción oportuna y decidida de la autoridad”, aseveró. Igual de tajante es el exsubsecretario del Interior del primer gobierno de Michelle Bachelet, Felipe Harboe. “Lo que corresponde es materializar el desalojo antes de que sea un desacato de la orden del tribunal. A estas alturas no hay excusa que valga, tuvieron mucho tiempo para conversar o planificar. Ahora deben desalojar”, dijo.
N Alertan por construcción ilegal de 58 casas en área de cortafuegos de Lebu, en terreno tomado a la forestal Arauco. ‘‘Si la autoridad no inaceptable desacato, cumple el fallo, sería un pero también sería una Presidente de comisión de Vivienda de Cámara, exautoridades de Interior y Premio Nacional de Urbanismo 2014: Autoridades insisten en lograr un acuerdo con los dirigentes de la toma en vez del desalojo. El alcalde anuncia que pedirán más plazo a la Suprema.