Autor: POR ALFONSO SALINAS, PRESIDENTE DE ASIVA

Columnas de Opinión: La realidad de los precios
Columnas de Opinión: La realidad de los precios I alza de los combustibles que enfrenta Chile tiene un origen externo E y concreto. La guerra en Medio Oriente encareció el petróleo en pocos días, y un país importador como el nuestro recibe ese impacto de manera casi directa. Ese es el punto de partida. No es una decisión local, es una condición que nos viene dada. A partir de ahí, la discusión sobre el Mepco ha abierto un debate más profundo. En el fondo, se trata de cómo entendemos los precios y qué rol debe jugar el Estado cuando estos cambian bruscamente. Existe una diferencia de enfoque relevante. Hay una mirada que entiende que los precios cumplen una función esencial. Reflejan condiciones reales de escasez y abundancia y permiten coordinar decisiones económicas. Desde esa perspectiva, intervenirlos de manera sistemática genera distorsiones que terminan pagándose más adelante, mientras los problemas distributivos se abordan con apoyos focalizados. Otra mirada es más escéptica. En ella, los precios de ámbitos considerados esenciales -bienes, servicios e incluso el trabajono pueden quedar plenamente expuestos a esas fluctuaciones. Se intervienen de distintas formas. Se fijan, como en los salarios mínimos. Se amortiguan mediante subsidios. O se sustituyen por provisión gratuita, como ocurre en educación o salud. Todo ello con el objetivo de evitar efectos sociales indeseables. El Mepco se sitúa justamente en ese punto de tensión. En teoría, es un mecanismo de estabilización que opera en ambos sentidos. Cuando los precios internacionales suben con fuerza, amortigua el alza mediante menores impuestos. Cuando caen, evita que bajen completamente y permite recuperar recursos. Esa lógica busca suavizar fluctuaciones y acumular cierto margen para enfrentar ciclos adversos. La energía es la columna vertebral de la economía. Está presente en el transporte, en la producción, en la logística y en la vida cotidiana. Su encarecimiento se transmite rápidamente al conjunto del sistema, afectando costos, precios y decisiones. Por eso, cualquier ajuste en este ámbito tiene efectos amplios y hace que la decisión sea particularmente compleja. En la práctica, sin embargo, episodios como el actual tensionan ese diseño. El CALIFO STREETR LOS AN Mepco ha terminado operando en un solo sentido, convirtiéndose de facto en un mecanismo de subsidio para contener el alza, con un costo fiscal elevado que dificilmente se recupera después. La discusión sobre cuánto tiene sentido amortiguar cambios bruscos y transitorios es válida. Pero no reemplaza la pregunta de fondo sobre cómo se asumen los costos cuando estos son persistentes. El problema es que, más allá de la opción que se adopte, hay algo que no cambia. El costo existe. Cuando sube el precio del petróleo, Chile debe destinar más recursos para obtener lo mismo. En términos simples, una parte de nuestra riqueza se va en pagar energía más cara y queda menos disponible para otras cosas. Ese es el significado económico de un precio. No es sólo un número. Es una renuncia. Lo que se paga por algo es, al mismo tiempo, lo que se deja de hacer en otra parte. Frente a ese hecho, hay dos caminos. El primero es que el precio suba y el ajuste ocurra directamente en la economía. Personas y empresas absorben el impacto, reducen consumo y reasignan recursos. Es un ajuste visible y muchas veces incómodo. Cuando los precios reflejan esa realidad, se activan incentivos. Se busca eficiencia, se reduce consumo y se exploran alternativas.
Desde la electromovilidad y el mayor uso de energías renovables, hasta cambios en los hábitos cotidianos o el uso de otras fuentes, como el gas natural, que en el caso chileno ha estado menos expuesto a este tipo de shocks gracias a contratos de suministro y a la disponibilidad regional. Señales de precios más claras empujan, precisamente, en esa dirección. El segundo camino es amortiguar ese ajuste. El precio se contiene y el impacto directo se reduce, evitando en parte una cadena de alzas en toda la economía. Pero el costo no desaparece. Se traslada. Ese traslado ocurre vía gasto fiscal. Son recursos que el Estado destina a contener el precio y que dejan de utilizarse en otras prioridades. Miles de millones de dólares si el shock se prolonga. Infraestructura que no se construye, programas que se postergan o deuda que se acumula. Cuando el precio no sube en el surtidor, sube en otra parte. También conviene distinguir algo importante. No toda alza de precios responde a un problema inflacionario clásico. Existe una inflación asociada a desequilibrios macroeconómicos y malas políticas, que genera espirales persistentes. Lo que vemos hoy es distinto. Es la expresión de una escasez real, un shock externo que encarece un insumo clave. Eso no significa que no tenga efectos inflacionarios, pero su origen es otro, y eso importa. En este contexto, la discusión no es si el costo debe existir. Existe. La pregunta es cómo se distribuye. Ahí aparece una alternativa más razonable. En lugar de amortiguar de manera generalizada un precio que afecta a toda la economía, es posible concentrar los esfuerzos en quienes realmente se ven más afectados. Para muchas familias, estos aumentos no son una abstracción. Son menos margen a fin de mes y decisiones difíciles. Esa preocupación es legítima. Precisamente por eso, los apoyos deben ser más precisos, en lugar de diluirse en subsidios generalizados que también benefician a quienes no lo requieren.
En esa línea, medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, el apoyo a combustibles de calefacción ampliamente utilizados por los hogares más vulnerables, como la parafina, u otros mecanismos acotados, apuntan en la dirección correcta. Permiten aliviar el impacto donde más se siente, sin distorsionar completamente la señal de precios ni comprometer de manera significativa las finanzas públicas. Por eso, más allá de lo impopular que pueda resultar, la decisión de ajustar el funcionamiento del Mepco apunta en una dirección razonable. No elimina el problema, pero lo enfrenta reconociendo que los costos existen y que la responsabilidad está en cómo se asumen. Al mismo tiempo, conviene mantener cautela. Estas son decisiones complejas, en un contexto de alta incertidumbre y con variables que escapan al control local. La duración del conflicto y la evolución de los precios internacionales serán determinantes. Gobernar en estos escenarios exige convicción, flexibilidad y también algo de fortuna. El juicio definitivo estará en cómo estas decisiones se desenvuelvan en el 03 tiempo. Autor: POR ALFONSO SALINAS, PRESIDENTE DE ASIVA. AGENCIA UNO