M egatoma: tras duro revés en la Corte, el Gobierno acelera diálogo con dueños
M egatoma: tras duro revés en la Corte, el Gobierno acelera diálogo con dueños SEGÚN UN CATASTRO DEL MINVU, 10.000 PERSONAS VIVEN EN LA MEGATOMA DE SAN ANTONIO.
“Las últimas conversaciones (con la inmobiliaria) han sido para presentar esta estrategia quese está abordando con las comunidades”. Belén Paredes Seremi de Vivienda“El trabajo que ha sido dado a conocer, que es trabajar mediante cooperativas de vivienda, esla organización del territorio para poder generar unproyecto habitacional, marcado por las personas que se mantienen en el lugar”, precisó Paredes. EXISTEN CONVERSACIONES Luego del revésjudicial, desde la carteraaclararon queel proyecto sigue en pie y que buscarán entablar conversaciones conlos propietarios.
“Nosotros ya nos comunicamos con los dirigentes, indicando que el trabajo continúa en ese sentido, para poder establecer algún tipo de diálogo con los propietarios del terreno”, precisó la seremi, agregando que “lo que a nosotros más nos interesa es poder materializar este trabajo en las cooperativas, formalizarlo, porque de esta manera podemos dar también cuenta de una nueva forma o estrategia de“Tenemos plena disposición a reunirnos para que nos expongan el proyecto y analizarlo”. Diego Pereira Abogado representante de Inmobiliaria San Antonio trabajarlas ocupaciones en terrenos privados”. Incluso, Paredes reconoció que ya han existido acercamientos entreel ministerio y la Inmobiliaria San Antonio. “Las últimas conversaciones han sido para presentar esta estrategia que se está abordando con las comunidades”, detalló.
Sobre la propuesta, el abogado de los propietarios del predio, Diego Pereira, en diálogo con El Mercurio de Santiago, declaró que “en este momento noadherimos a ellani la rechazamos de plano, porque desconocemosllos detalles”, No obstante, aseguró que “tenemos plena disposición areunirnos para quenos expongan el proyecto y analizarlo”. ¿VALIDA OCUPACIONES?Sin embargo, para el diputado Andrés Celis (RN) la propuesta podría ser un precedente que terminerespaldando la ocupación legal deterrenos. “En cuanto a la propuestaDiputado(RN)del ministro Montes para que los ocupantes puedan comprarlosterrenos, debemosser cautelosos. Si bien es importante buscar alternativas habitacionales, esta medida podría sentar un precedente complejo, ya quecorre el riesgo deser vistocomo una validación dela ocupación irregular de terrenos”, acotó el parlamentario. Un punto en el que también hace hincapié su par H tuiti Teao (indep. -Evópoli): “Si bien se trata de una idea que podría representar una solución temporal, plantea un precedente delicado.
Cualquier intento de regularización de terrenos ocupados debe abordarse con cautela para evitar incentivos que promuevan nuevas ocupaciones ilegales”. Asimismo, subrayó que es dlaverevisar el marconormativo de las tomas de terrenos y “que se estudie un protocolo de acción” para abordar las ocupaciones ilegales enel país.
Por su parte, la diputadaVi-Gian Franco Giovines D. gian. giovinesomercuriovalpo. cl nduro “portazo” en triul bunales recibió el Gobierno, luego de queel pasado miércoles la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara el “Téngase presente” dela Delegación Presidencial Regional, en la que requería aplazar en un año el desalojo dela megatoma de San Antonio, asentamiento donde se estima que viven en forma irregular más de 10 mil personas.
De acuerdo al catastro realizado por el Ministerio de vienda, el predio de 260 hectáreas de extensión, pertenecientea la Inmobiliaria y Cons-al-berga actualmente 23.984 famillas, de las cuales el 90% no cuenta consegunda vivienda y un 70% presenta unasituación de alta vulnerabilidad social.
La presidenta del comité Nuevos Aires de San Antonio, Karina Ayala, reconoce que la noticia cae “como un balde de agua fría, aunque en el fondo sabíamos que noiba aresultar, porque la Corte es la Corte”. Deeesta forma, tras el recha-ti-zodelasolicitud, el desalojo de latomadel cerro Centinela debería efectuarse a más tardar el 30 de noviembre.
En este escenario, para Ayala es fundamental que el Gobierno comience a negociar conlos propietarios del predi “Nosotros lo que necesitamos es que el Gobierno sea 100% el garante de nosotros, queellos lleguen a un acuerdo coneldueño, para que puedan bajarel desalojo. Anosotros no nossirve aplazarlo”, enfatizó.
Tras conocer la postura de la Corte, el Ministerio de Vivienda estudia nuevas alternativas jurídicas para poder postergar un desalojo que, en. caso de efectuarse, sería el más grande de la historia del paí Lamentandoel fallo del bunaldealzada, la seremide Vi vienda, Belén Paredes, expli queestasolicitud buscaba generarunatemporalidad de unaño paracontinuar con el trabajo de la cartera, que busca que los ocupantes puedan comprar el terreno y, luego, generar allí proyectos habitacionales.3.984 familias viven en la toma del cerro Centinela, de las cuales el 90% no cuenta vivienda. con una segundaCamila Rojas (FA), oriunda de San Antonio, lamentó el fallo de la Corte de Apelaciones, puesto que “desequilibraenfavor de los dueños de los terrenos y en desmedro delas familias sin casa y del Estado”. En cuanto a la estrategia del ministro Montes, la parla-'mentaria no se muestra del to-do convencida.
“No creo quela propuesta haya sido oportuna osuficiente parala envergadura del problema, pero eso no sólo depende del Gobi porque debido a la defini dela Corte, quienes tienen el sartén por el mango son los dueños del terreno.
Por tanto, es hacia ellos y hacia su buena voluntad donde tienen que dirigirsetodoslos esfuerzos para desactivar el desalojo”. El diputado Tomás de Rementería (indep. -PS) manifestó que “acá lo importante es que las personas no sufran un desalojo violento y que se den soluciones”. Espera, además, “que en esto puedan conversar todaslas partes involucradas”. PROPONEN COFINANCIAREn tanto, el presidente de laComisión de OrdenamientoTerritorial del Core, Manuel Millones (indep. ), cuestionó que “aquíclaramente ha fallado el liderazgo del Ministerio de Vivienda en enfrentar este conflicto, porque esta toma, queesrelativamente nueva, de cuatro años, no se abordó oportunamente. Por lo tanto, terminamos hoy en una situación prácticamente imposible deintervenir”. “Para desalojar a5 mil familias tendrías que tener atodas las fuerzas policia les del país”, advierte. Respectoala compra delterreno, quese estima que podríacostar US$57 millones, el core propone unsistema decofinanciamiento entre el Minvu y elGobierno Regional, con un plazode pago de10 años. “En diez años es pagable. Esa vía no se haanalizado”, planteó. 03tructora San Antonio S.A. ,. SAN ANTONIO. Luego del rechazo al aplazamiento del desalojo, el Minvu se encuentra afinando su propuesta para que los ocupantes adquieran sus terrenos. Propietarios se muestran dispuestos a analizar el proyecto. AGENCIA UNO,