CAE: Hay que leer la letra chica
CAE: Hay que leer la letra chica Juan Manuel Fuenzalida Diputado OPINIÓN El reciente anuncio del Presidente de la República sobre el envío al Congreso del proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) ha sido recibido con una mezcla de escepticismo y preocupación.
Aunque se trata de una promesa de campaña, largamente postergada y ahora presentada a días de una elección, su lanzamiento con tanta pompa y urgencia deja interrogantes sobre la verdadera intención y el impacto que tendrá en el país. Este proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) tiene dos componentes fundamentales: la condonación de las deudas educativas y la creación de un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior. Aunque en el papel puede sonar alentador, la realidad muestra un panorama mucho más complejo y problemático. Diversos expertos ya han levantado críticas, señalando que la iniciativa no solo fija precios para las universidades, sino que, además, esconde una especie de reforma tributaria encubierta que afectará la sostenibilidad de las instituciones educativas.
Un aspecto particularmente preocupante es que el proyecto amplía la lógica de la gratuidad, un sistema que, hasta ahora, ha generado un déficit acumulado de 780 millones de dólares para las instituciones que se han adscrito a este modelo. En Chile, los problemas más urgentes no se encuentran únicamente en la educación superior. La seguridad, el acceso oportuno al sistema de salud y la reactivación económica son, sin duda, áreas que requieren atención prioritaria.
En educación básica y media, la situación es alarmante: tenemos un sistema de servicios locales en crisis, problemas graves de infraestructura, violencia hacia los profesores, deudas previsionales y una preocupante deserción escolar, agravada por el aumento de la demanda ante la migración. Además, esta propuesta presidencial plantea una amenaza para la autonomía universitaria y la libertad de elección de los estudiantes. Al establecer un control de precios y limitar las opciones de financiamiento, se coarta la posibilidad de que los jóvenes elijan libremente su universidad. El Estado se convierte en el único financiador, con recursos limitados y sin un plan claro de sostenibilidad a largo plazo.
Surgen preguntas fundamentales: ¿ de dónde saldrán los recursos para financiar este modelo? ¿ Será suficiente el presupuesto? ¿ Qué sucederá con la calidad de la educación? En definitiva, la educación en Chile necesita una reforma profunda, sí, pero una que esté basada en un análisis serio y soluciones integrales. No basta con propuestas que buscan cumplir con las promesas de campaña o satisfacer a ciertos sectores políticos. Se necesita una visión a largo plazo que incluya a expertos y que considere las verdaderas necesidades de los estudiantes y del país en su conjunto. De lo contrario, seguiremos avanzando en un camino insostenible que, lejos de resolver los problemas, los profundizará..