Autor: J. P. PALACIOS

CFA: Principal riesgo de Ref. Previsional es incertidumbre en ingresos de ley antievasión
CFA: Principal riesgo de Ref.
Previsional es incertidumbre en ingresos de ley antievasión La principal fuente de financiamiento de los gastos y beneficios que otorgará a los futuros y actuales pensionados la reforma previsional, es la ley de cumplimiento tributario o antievasión, que el Congreso despachó a fines de septiembre de 2024 y que se publicó un mes después. Dicha iniciativa tiene como meta de recaudación por año en régimen un 1,5% del PIB, es decir, en torno a US$ 4.500 millones. De ese monto, un punto del PIB irá a costear el proyecto de pensiones y el resto, a financiar otras medidas de política pública en seguridad y salud.
Sin embargo, a inicios de enero se encendieron las alertas en el mercado, luego de que una de las principales medidas transitorias de recaudación de la ley antievasión, la repatriación de capitales desde el exterior, solo logró allegar un 15,6% de los ingresos esperados por esa vía. Sumado a esa proyección fallida, los expertos también han advertido dudas por la recaudación total de la norma de cumplimiento impositivo, debido a una posible sobreestimación de los recursos previstos.
Esa incertidumbre en los ingresos que ya están comprometidos fue expuesta por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en la presentación que realizó ayer ante la comisión de Hacienda del Senado sobre los aspectos fiscales de la reforma a las pensiones. Allí detectó 11 riesgos fiscales (ver recuadro) que tiene la iniciativa y propuso medidas de mitigación para acotarlos. El principal peligro que ve el CFA apunta a las dudas por la recaudación de la legislación de cumplimiento tributario. También alertó que de no haber reforma, el gasto fiscal de la PGU pasaría de 2% a 7% del PIB al 2050, si creciera en línea con los salarios reales.
Ade-Además de la alerta que levantó el Consejo Fiscal sobre la incertidumbre en ingresos, otro punto que identificó del proyecto de reforma previsional tiene que ver con el monitoreo integral de los riesgos fiscales del Gobierno Central y del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP). Al respecto, el CFA sostuvo que “los riesgos fiscales del FAPP, que incluye un componente importante de deuda a través de los préstamos de los cotizantes en su primera etapa, pudieran quedar fuera de las reglas y de la institucionalidad fiscal del país”. En ese sentido, sostuvo que “deben implementarse mecanismos que permitan que la institucionalidad fiscal y las reglas fiscales permitan realizar un monitoreo integral de los riesgos fiscales, en particular de la deuda, incluyendo al Gobierno Central y el FAPP”. También sugirió revisar el rol del Fondo de Reserva de Pensiones como instrumento de apoyo al financiamiento de obligaciones fiscales previsionales.
Este fondo, precisó el CFA, “tiene como función legal complementar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas de la Pensión Garantizada Universal, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez”. Añadió que “con los cambios legales recientes en estas materias, más el presente proyecto de ley, las reglas de acumulación y uso FRP no quedarían compatibilizadas, perdiendo efectividad en su rol, que ha sido relevante en el pasado”. La fijación de metas superavitarias de balance estructural a mediano plazo fue otro riesgo identificado.
Ante ello, el CFA señaló que en sus análisis de sostenibilidad fiscal, “identificó la necesidad de converger a un balance estructural de equilibrio (0% del PIB) para estabilizar la deuda”. Mencionó que “también ha señalado que esto es insuficiente para recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) a un nivel que permita estar preparados para crisis futuras, estimado entre el 5% y el 7% del PIB, según el FMI”. Para paliar esto, el Consejo propuso que la Dipres analice “avanzar hacia metas de superávit de balance estructural necesarias en los próximos años para garantizar la sostenibilidad fiscal, para permitir la recomposición del FEES y, potencialmente, mayores aportes al FRP”. Asimismo, el CFA sugirió que la Dipres lleve a cabo estudios sobre los efectos fiscales de diversas opciones para aumentar la edad de jubilación, que hoy se ubica en 60 años para las mujeres y 65 para los hombres.
Para mitigar ese riesgo, el CFA propuso que habría que partir con un nivel más bajo de compromisos de gasto fiscal de la reforma y activar su aumento ya sea en cobertura o monto de los beneficios en la medida que se cumplan ciertas condicio-nes a partir de gatillos automáticos. Precisó que esos gatillos podrían operar en función de alcanzar umbrales de ingresos estructurales como porcentaje del PIB, cumplimiento de metas de balance estructural superavitario y crecimiento económico. A L L I C N A M N A H T A N O JEl presidente del CFA, Jorge Ro-dríguez. Espacio para ajustesEl ministro de Hacienda, Mario Marcel, estuvo presente ayer en la sesión de la comisión del Senado donde expuso el CFA.
Tras escuchar las alertas, primero recordó que en la ley de cumplimiento tributario se incluyó una norma que estableció que transcurridos tres años desde la entrada en vigencia de la ley, el Ministerio de Hacienda deberá contratar una evaluación externa que se pronuncie sobre la implementación y aplicación de las medidas contenidas en la reforma, refiriéndose a su impacto sobre la recaudación fiscal. También reconoció que hay espacio para acoger la recomendación del CFA de partir con un nivel más bajo de compromisos. “Si uno quisiera incluir un gatillo, ese podría ser aplicable tanto al gasto directo en PGU como al plazo en el cual se va implementando el aumento de la cotización.
En términos proporcionales (del gasto), por lo menos lo segundo es más importante que lo primero”, dijo el jefe de las finanzas públicas. más, se expuso a los senadores el estrecho escenario que enfrentan las finanzas públicas, con nulas holguras de gasto a mediano plazo (ver gráfico). Ingresos inciertosEn su presentación, la entidad que preside Jorge Rodríguez señaló que “existe cierta incertidumbre respecto de la cantidad a recaudar y la gradualidad” de la ley de cumplimiento tributario, que contribuye a financiar los gastos permanentes de la reforma, como el aumento de la PGU y la mayor cotización de los trabajadores del Estado.
“Cuando se discutió ese proyecto, se señaló que podía tener cierta incertidumbre en su recaudación por la naturaleza del proyecto, porque no era un pro-yecto tributario como una especie de PxQ (precio por cantidad), que aumentara la base o la tasa, sino que este proyecto depende mucho de una serie de acciones de fiscalización y de cierre de rendijas tributarias, que van a tener que ir demostrando su efectividad en el camino”, recordó Rodríguez.
Si bien el presidente del CFA mencionó que “en esa misma ley se comprometió que iba a haber un monitoreo de esa recaudación”, la incertidumbre por los recursos esperados, “de todas maneras, existe, uno no puede eliminarla”, dijo. Añadió que “no es algo problemático que exista la incertidumbre, pero uno tiene que hacerse cargo de poder manejar esa incertidumbre con algunas herramientas”. N Plantea analizar opciones para subir la edad de jubilación.
Entidad planteó condicionar monto o cobertura de beneficios a activación de “gatillos”. También alertó que de no haber un cambio al sistema de pensiones, el gasto de la PGU pasaría de 2% a 7% del PIB al 2050. Consejo ayer expuso en la comisión de Hacienda del Senado sobre los aspectos fiscales del proyecto El presidente del CFA,