Autor: roberto fernández ruiz

Conforman comisión investigadora por otorgamiento de aguas en el río Laja
En la cámara de diputadosfoto: cedidaCon el fin de recabar información y establecer eventuales responsabilidades en la Dirección General de Aguas (DGA), se constituyó en la Cámara de Diputados la comisión investigadora sobre otorgamiento de derechos de agua en el río Laja a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACCZ), una decisión de la DGA, de agosto de 2023, que fue impugnada por la Junta de Vigilancia del Río Diguillín y otras organizaciones de usuarios de aguas del río Laja. La instancia será presidida por el diputado Frank Sauerbaum y deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días. También la integran otros 11 parlamentarios, entre ellos, Marta Bravo, Sara Concha y Felipe Camaño. De hecho, este último fue quien lideró la solicitud para conformar la comisión, que fue respaldada por los cinco diputados de Ñuble. Dicha solicitud describe que organizaciones de usuarios denunciaron a la DGA por haber favorecido al Canal Zañartu con un aumento de caudal de 22,6 m3/s a 33,0 m3/s.
Eventual tráfico de influenciasEl diputado Sauerbaum dijo que, “dicho aumento de caudal se da inexplicablemente, luego de infracciones sistemáticas que la DGA cursa a la ACCZ (por extracción ilegal de aguas) y no tiene ningún sustento técnico ni lógico.
Esto, ya que ningún organismo fiscalizador aumenta el caudal luego de años de infracciones por extracción ilegal”. Por esta razón, continuó, “es necesario investigar el criterio por el cual la33metros cúbicos por segundo es el caudal que la DGA asignó, en agosto de 2023, a la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu, que tenía, hasta esa fecha, 22,6 m3/s. Los 10,4 m3/s de diferencia permitirían regar entre 8 mil y 10 mil hectáreas. La comisión sesionará los lunes y deberá rendir su informe en un plazo no superior a 60 días.
DGA tomó esta decisión y, al mismo tiempo, despejar cualquier duda de un supuesto tráfico de influencias”. Entre los usuarios de las aguas del río Laja se cuentan otros regantes, muchos de Los Ángeles, como la Asociación de Canalistas del Laja, así como el sector turismo (Salto del Laja) y el eléctrico, y también los regantes de la Provincia de Diguillín, en laRegión de Ñuble, que reciben un aporte importante de aguas (cerca de 26 m3/s) a través del canal Laja-Diguillín.
Se trata de un conflicto que se viene arrastrando desde 2011, y que ya había sido zanjado por la Corte Suprema en 2021 y por la propia DGA en 2022, no solo negando las pretensiones de los canalistas del Canal Zañartu, sino que también, aplicando sanciones a la ACCZ por la extracción ilegal de aguas y ordenando la destrucción de obras de captación no autorizadas, sin embargo, un cambio de criterio en la DGA sorprendió con la decisión, en agosto de 2023, de otorgar a la ACCZ un aumento de caudal de 22,6 a 33 m3/s.
Paralelamente, en el ámbito judicial, el pasado 24 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admitió a tramitación la querella criminal interpuesta en los días previos por el abogado Carlos Cortés, en representación de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, la Asociación de Canalistas del Laja, la Sociedad Agrícola deBiobío A.G., la Cámara de Turismo, Comercio y Servicios Saltos del Laja A.G. y Aproleche Biobío A.G., en contra de Rodrigo Sanhueza Bravo, director general de la DGA; de Nicolás Ureta Parraguez, jefe del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA; y de Pamela Garay De la Fuente, jefa de la Unidad de Supervigilancia del Departamento de Organizaciones de Usuarios de la DGA; “por la comisión del delito de prevaricación administrativa”; y en contra de quienes resulten responsables “por el delito ambiental del art. 305 del Código Penal”. Regantes de ÑubleFrancisco Saldías, dirigente de la Junta de Vigilancia del Río Diguillín, reconoció que tienen muchas expectativas en el resultado del trabajo de esta comisión investigadora, “por cuanto creemos que este tema se politizó con la intervención de la familia Sabag (Patricio Sabag es presidente de la ACCZ) y de Fuad Chaín”. Saldías añadió que, “agradecemos sinceramente la participación de los cinco diputados de la región de Ñuble, que se han dignado a dar su voto y a integrar esta comisión por el bien de cerca de cinco mil pequeños agricultores que usan el agua del canal Laja-Diguillín.
Creemos que el haber logrado 62 firmas de diputados de diferentes corrientes políticas, que aprobaron la conformación deesta comisión, demuestra el apoyo transversal”. “Tenemos argumentos y vamos a entregarle toda la información a la comisión para que pueda tomar las mejores decisiones por el bien del medio ambiente, de una obra estatal que es el Laja-Diguillín y, sobre todo, de estos cinco mil agricultores”, manifestó el dirigente.
El representante de los regantes del Diguillín reflexionó que, “cuando hay una poderosa influencia política, con una resolución totalmente arbitraria, en consideración que la misma DGA y los tribunales de justicia ya habían confirmado los 22 m3/s, el hecho que, de la noche a la mañana sacaran una resolución de 33 m3/s, es un tema que nos tiene atónitos”. Canal ZañartuPor su parte, Pablo Jaeger, abogado de la ACCZ, manifestó que la comisión “es una gran oportunidad para exponer nuestro parecer, además de entregarles múltiples y valiosos antecedentes que les permitirán hacer claridad sobre la situación”. Precisó que, “demostraremos que la materia de investigación de la comisión no debiera ser porqué la autoridad (DGA) decidió aumentar el caudal autorizado de extraer desde el río Laja de 22 a 33 m3/s, sino por qué decidió disminuirlo de 45 a 22 (o 33m3/s). Lo anterior, considerando que la DGA reconoció hasta el año 2021, por casi 100 años, que la ACCZ tiene derechos de aprovechamiento de aguas que le permiten captar desde el río Laja hasta 45 m3/s”. Asimismo, expresó que la comisión “permitirá develar que el verdadero conflicto que aquí existe es entre la agricultura y la hidroelectricidad.
Fue Colbún la que inició la denuncia contra la ACCZ en 2019, ya que esa empresa está interesada en que el canal Zañartu capte la menor cantidad de agua posible, de tal manera que ella pueda captar en su bocatoma, aguas abajo de la de Zañartu, la mayor cantidad para sus centrales Rucúe y Quilleco”. “Hay que aclarar que este tema actualmente está siendo conocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá pronunciarse sobre dos recursos de reclamación, uno interpuesto por la ACCZ y otro por Colbún. Así, serán los tribunales de justicia los que finalmente resolverán sobre este asunto”, subrayó Jaeger.. Sospechas por eventual tráfico de influencias. La instancia recabará información sobre decisión de la DGA, que en 2023 aumentó el caudal al Canal Zañartu, que fue impugnada por los regantes del Canal Laja-Diguillín. En la cámara de diputados