Una lápida para La Higuera
OPINIÓN Una lápida para La Higuera Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE Coquimbo Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE Coquimbo Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE Coquimbo Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE Coquimbo Ricardo Guerrero, gerente de CIDERE Coquimbo En enero pasado, tras la votación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en que se concretó el muy anunciado rechazo al proyecto minero-portuario Dominga, en una columna de opinión titulada "No más zonas de sacrificio" expresamos nuestras críticas en cuanto a lo dudoso de la argumentación técnica aplicada a tal decisión, el daño consecuente a la confianza en la institucionalidad ambiental chilena, el negativo efecto económico derivado de bloquear las inversiones en grandes proyectos industriales y, especialmente, a lo grave que resultaba impedirle a un territorio de nuestro país la posibilidad de acceder a un mayor progreso material. Escribimos entonces sobre "la histórica postergación de la comuna de La Higuera, cuyo último periodo de esplendor material se debió, precisamente, a una explotación minera de hierro asociada a un puerto, como fue El Tofo.
Una tierra que, en nombre de grandes ideales, parece condenada a seguir siendo una Zona de sacrificio' económica y social, sin prensa ni rostros famosos que aboguen por ella". Seis meses después, comprobamos con amargura que esa misma lógica se sigue aplicando, incluso con alcances aún mayores, a través de una iniciativa política denominada Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU) Archipiélago de Humboldt, desarrollada por el Ministerio del Medio Ambiente, que abarcaría una extensa franja costera desde la comuna de Freirina, en la Región de Atacama, hasta La Serena, en la Región de Coquimbo, dejando en medio a la totalidad del litoral de La Higuera.
Este proyecto, que envolvería un polígono de aproximadamente 55 mil hectáreas, pretende restringir las actividades humanas que es posible desarrollar en su interior, consagrándolo para fines de investigación y educación, así como operaciones comerciales y recreativas de pequeña dimensión.
Esto implica, en la práctica, erradicar toda opción para el desarrollo de grandes proyectos industriales, mineros o energéticos, o la construcción de infraestructuras tales como puertos o, incluso, plantas desaladoras para la producción de agua dulce. Se trata de una idea promovida desde 2014 por organizaciones ambientalistas que ven en esta iniciativa, precisamente, la posibilidad de impedir para siempre cualquier nuevo gran proyecto en esa zona.
Cuestión que no sólo involucraría a Dominga --cuyos responsables ya anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Ambiental por el dictamen del Consejo de Ministros--, sino también al proyecto portuario Cruz Grande, de la empresa CMP, que cuenta desde hace años con los permisos legales de rigor y se encuentra en pleno avance.
De hecho, este último proyecto ha generado noticia por el notable enfoque de sustentabilidad que está aplicando, incluyendo un programa de conservación de la flora nativa, la instalación de boyas hidroacústicas para el estudio de la fauna marina y la preservación de restos arqueológicos.
Por supuesto, de llegar a constituirse la pretendida AMCP-MU, se pondría la lápida a la aspiración de crear en esa franja costera una zona portuaria que pudiera conectarse con el corredor bioceánico y el túnel de Agua Negra (otro sueño regional frustrado, cabe agregar). O para instalar una planta de desalación de agua de mar, justo en una de las zonas más castigadas por la escasez hídrica en nuestra región.
Según informes de prensa, en la última reunión del Consejo de Ministros, realizada el 7 de julio, se decidió postergar la votación sobre la AMCP-MU, debido a las mismas dudas que acabamos de resumir en este comentario, como también a la pública resistencia de la Municipalidad de La Higuera, cuyo alcalde reclama no haber sido consultado. Queda tiempo, entonces, para que el gobierno reflexione. Una lápida para La Higuera.
