Ordenan desalojo de usurpación que convirtió predio de religiosos en sitio de consumo de drogas
- - - "Es como si estos señores fuesen inquilinos normales a los que hay que darles un tiempo para que abandonen el lugar. ¡Esto es un acto de violencia contra una propiedad! Pero como congregación, debemos respetar lo que nos mandan las leyes". Sentimientos encontrados despierta el fallo dictado el pasado 29 de septiembre, por la Corte Suprema, en el sacerdote español Teófilo Calvo, superior delegado en Chile de la congregación religiosa Pequeña Obra de la Divina Providencia Don Orione.
La sentencia acoge el recurso de protección que los religiosos interpusieron contra un grupo de "okupas" que se instaló en un predio del que son dueños en El Quisco, el que estaba destinado a retiros espirituales y como centro recreativo para los niños que sufren discapacidad intelectual severa atendidos en los centros del Pequeño Cottolengo.
El fallo les da dos meses de plazo, que se suman a los siete que ya llevan de intentos judiciales por recuperar una propiedad que se convirtió "en un antro, en estado insalubre, destruida y habitada por personas que consumen drogas y alcohol". El recurso de protección fue interpuesto en marzo, luego de que una disputa interna entre los usurpadores se zanjara con u n i n c e n d i o q u e destruyó dos de las siete cabañas que tenía el predio.
Los abogados de la congregación acompañaron fotografías del siniestro, de los invasores residiendo en el recinto y las identidades de seis de ellos, incluyendo la de los líderes, así como los títulos de la propiedad del inmueble.
El 4 de agosto, la Corte de Valparaíso dictó su fallo, que desconcertó a la congregación tanto por la decisión como por su fundamento: por ser "insuficientes los documentos acompañados por la actora para los efectos de acreditar la ocupación por los recurridos, situación fáctica que sustenta la acción interpuesta". "Bueno, que se me ha cruzado como un poco ridículo todo eso", comentó el sacerdote español.
La abogada de la congregación, Marta Escanilla, recordó que los únicos que se negaron a aportar información, pese a serles requerido por el tribunal, fueron los ocupantes, notificados por Carabineros recién en la quinta orden impartida por los ministros de la sala y luego de que ella se apersonara a reclamar en la comisaría. Sobre las denuncias penal y civil, por la toma e incendio, Escanilla aclaró que no avanzaron y que la congregación desistió. La Corte Suprema enmendó la primera resolución desestimando que la vía para resolver el conflicto ocasionado por una usurpación violenta sea la vía penal o civil ordinaria, como fundamentó la sentencia anulada.
E insistió en la jurisprudencia sentada desde noviembre del año pasado, al acoger los recursos de protección al constatar que aquellas no estaban mostrando eficacia para restituir el derecho de propiedad amagado ante "el aumento sostenido de los asentamientos ilegales o irregulares a nivel nacional, sea de bienes fiscales o privados". El desalojo por la fuerza pública tendrá lugar si en el plazo otorgado los ocupantes, cuyas incivilidades han originado las protestas de los vecinos, no se han ido por su voluntad. De concretarse, la autoridad debe brindarles un refugio. "Yo creo que un Estado tiene que garantizar lo básico, que es la propiedad privada, con independencia de lo que sea. Porque eso es un tema básico de derechos. Un Estado existe en la medida en que garantiza estas cosas, ¿no?", reflexionó Calvo. "Desde luego sabemos que los ocupantes son unos indigentes y personas que consumen drogas. Pero si quieren ver personas pobres, pueden venir al Pequeño Cottolengo. No es que la congregación no ame a esta gente y la quiere echar de un lugar que se ha tomado. No es un tema de sentimientos, sino de hacer las cosas bien hechas", añadió.
Fallo de la Corte Suprema acoge recurso de protección interpuesto contra ocupación ilegal en El Quisco: Ordenan desalojo de usurpación que convirtió predio de religiosos en sitio de consumo de drogas MAURICIO SILVA Sentencia revirtió decisión de la Corte de Valparaíso, que había considerado insuficientes las pruebas aportadas por la congregación Don Orione contra "okupas", que hasta incendiaron el lugar. HITO Con el estallido y la pandemia se registró una ola de ocupaciones ilegales en El Quisco. INCENDIO. -El momento más grave de la usurpación ocurrió con la quema de dos cabañas, ocurrida en marzo. Tras ello, la congregación religiosa interpuso las acciones judiciales. MARTA ESCANILLA Ordenan desalojo de usurpación que convirtió predio de religiosos en sitio de consumo de drogas.