LA LUCHA POR EL AGUA Y EL TERRITORIO: VOCES DE LAS COMUNIDADES EN EL CARIBE COLOMBIANO
LA LUCHA POR EL AGUA Y EL TERRITORIO: VOCES DE LAS COMUNIDADES EN EL CARIBE COLOMBIANO En el corazón del Caribe colombiano, las comunidades enfrentan desafíos significativos relacionados con el acceso al agua potable y la defensa de sus territorios.
Dos de estas comunidades han puesto de manifiesto la urgencia ante un enfoque integral frente al derecho al agua, que respete su derecho al agua, la protección del medioambiente, y los derechos de los y las campesinas de los Montes de Maríayla comunidad wayuu. En ambos casos, se trata de comunidades que viven las afectaciones que ha dejado la explotación económica. En Guajira, por la extracción minera, yen la Serranía de LA. LU C FE A. POR. EL San Jacinto, por la implantación de monocultivos, lo que implicó la apropiación ilegal de tierras y aguas, junto al desplazamiento A.. G-LJJ\_ Y EL TE R. RITO RIO: forzado por coacción (masacres, amenazas y un repertorio de actos de sevicia y terror). VO VO CES DE LA. S El primer caso nos presenta la situación del arroyo Bruno, un recurso hídrico vital para las comunidades de Pujuta Shuchiku, Luwopuuy Youluna. Estas han alzado su voz para exigir la protecC protecC OIV[ U 1511 DA. DE S E 151 EL ción del arroyo, símbolo de la destrucción del ecosis tema que ha significado el yacimiento El Cerrejón. CA.. Rl BE C O L OÍvI B 1 AiSlO El arroyo Bruno forma parte de su identidad cultural.
La contaminacióny la explotación de recursos naturales ha destruido su ecosistema, desaparecido poblaciones (Tabaco es un ejemplo)y deteriorado sus tradicionales caminos de agua, generando escasez La situacion actual exige una de fuentes hídricas para sus poblaciones, contaminación de las reflexión profunda sobre la relación pocas aguas disponiblesyafectaciones para la salud.
Por ello, losy las lideres wayuu han sido llamados a organizarse para luchar por entre desarrollo economico y justicia su defensa (#defendamosalbruno). social, así como un compromiso real Por otro lado, la situación del acceso al agua potable en las comunidades rurales de Maria La Baja es alarmante y refleja una por parte del Estado y las empresas grave crisis de salud pública.
A pesar de que hace casi diez años una para proteger los derechos de las orden judicial exigió garantizar el suministro de agua potable, las familias continuan enfrentando serias dificultades debido a que la comunidades y el medioambiente. calidad del agua que reciben es inadecuada, según informes técnicos técnicos realizados por ILSA: «Las características físicas, químicas y microbiológicas del agua estudiada son alarmantes para la salud de la comunidad (... ) El agua que se le suministre a los habitantes del sector debe ser tratada con el fin de evitar que esta tenga esos niveles de contaminación por E.
Coli». Por esto, la comunidad se ve obligada a consumir agua de los canales de riego, que monopoDiana monopoDiana Patricia Santana Jiménez, Ph.D. lizaron los arroyos, pozos y fuente de agua de la región, por lo que Li :o lii ro 1110110 hoy sufren infecciones gastrointestinales, vaginales, reacciones cutáneas y afectaciones fatales, en algunos casos en niñas y niños. En ambos casos, son comunidades que han resistido, que han sido priorizadas por el Estado y beneficiadas con una primera sentencia de Justicia y Paz: sentencia de restitución de tierras. Pero, a pesar de ello, no han recuperado el agua. El servicio de agua potable sigue en manos de instituciones que muestran ineficiencia e indolencia. Por el contrario, han demostrado favoritismo a los requerimientos de las empresas presentes en esos territorios.
CONTEXTO SOBRE LA GESTIÓN ACTUAL DE RECURSOS HÍDRICOS El Estado colombiano, a través de entidades como el Ministerio de Minas y Ene rgíayla Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, es responsable de regulary otorgar concesiones para la explotación. LA LUCHA POR EL AGUA Y EL TERRITORIO: VOCES DE LAS COMUNIDADES EN EL CARIBE COLOMBIANO de recursos naturales. Estas decisiones se basan en un marco legal que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del medioambiente ylos derechos de las comunidades. Uno de los aspectos clave en ese proceso es la evaluación de impacto ambiental, que se realiza para determinar cómo las actividades mineras pueden afectar las fuentes de aguay los ecosistemas ecosistemas circundantes. Además, se busca garantizar la participación de las comunidades locales, que son las más afectadas por dichas actividades. Eso incluye consultas previas y espacios de diálogo para escuchar sus preocupaciones y necesidades.
Sin embargo, la realidad muestra que en las tensiones entre el desarrollo económico que promueven las concesiones y la necesidad de proteger los recursos hídricos, vitales para la viday el bienestar de las comunidades, ha pesado más el poder corporativo y su accionar. LA GUAJIRA COLOMBIANA La situación que enfrenta el pueblo guajiro, especialmente en relación con la escasez de agua y el desvío del arroyo Bruno, es un tema de gran preocupación y complejidad. La crisis hídrica que sufren las comunidades wayuu resalta la importancia del agua no solo como recurso vital, sino también como un elemento sagrado y fundamental para su cultura y espiritualidad.
El hecho de que el Estado colombiano permita el desvío de una fuente hídrica crucial para favorecer a una empresa extranjera, como Cerrejón Limited, plantea serias interrogantes sobre las prioridades en la gestión de recursos naturales y el respeto a los derechos de las comunidades locales. La lucha por la defensa del arroyo Bruno, en particular, es un símbolo de la resistencia de las comunidades wayuu afectadas y su deseo de ser escuchadas y reconocidas.
La sentencia de la Corte Constitucional que reconoce el derecho al agua, la salud y la alimentación alimentación de las comunidades wayuu es un paso importante, y su implementación efectiva y lograr que se garantice la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, es crucial. LOS MONTES DE MARÍA La Serranía de San Jacinto como se le conoce también, en los departamentos de Bolívar y Sucre, es una cadena montañosa de baja altitud localizada al norte de Colombia. Las comunidades que la habitan viven una crítica situación de acceso al agua potable debido debido a las extensas plantaciones de palma de aceite y piña sobre los acuíferos. La falta de acceso al agua potable limita las oportunidadesyperpetúa oportunidadesyperpetúa los ciclos de pobreza, afectando especialmente a las mujeres, quienes en esa cultura son las encargadas de gestionar el agua en los hogares. Ellas enfrentan no solo el desafío de la escasez, sino también riesgos para su salud y seguridad. En los años setenta, bajo la presidencia de Carlos Lleras, se creó el distrito de riego en Mampuján, que garantizaba el suministro de agua al campesinado para que sus parcelas fueran productivas.
La crisis de los cultivos de arroz y el conflicto armado (las FARc, el ELN y el Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC paramilitares), paramilitares), generó crisis y desplazamiento, facilitando que, en el año 2000, el exministro de Agricultura del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), Carlos Murgas Guerrero, implantara el modelo de proyectos productivos, centrado en ampliar su propio proyecto de palma de aceite de la Hacienda Las Flores. La zona de Mampuján es un punto estratégico, dado que tiene salida muy cercana al mar. Allí se ubica el distrito de riego, necesario para irrigar el demandante cultivo de palma. De esa forma, todo estuvo dado para cercar los recursos a costa de la comunidad de la región.
LAS COMUNIDADES WAYUU Y DE MONTES DE MARÍA CLAMAN POR AGUA La falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes competentes ha llevado a las comunidades a organizarse y exigir sus derechos, pero la situación sigue siendo crítica. La necesidad de un acceso adecuado y seguro al agua potable es urgente y debe ser atendida con seriedad por parte del Estado, para así garantizar salud y bienestar a esas comunidades. En ambas se refleja una realidad interconectada: la defensa del agua y el territorio es una lucha que va más allá de la simple disponibilidad de recursos. Implica reconocery respetar sus derechos, así como promover políticas que garanticen un acceso equitativo al agua. La voz de las comunidades es crucial, ya que son ellas las que mejor conocen sus necesidades y el valor de sus territorios. Para ello, Las lideresas comunitarias cumplen un papel fundamental. fundamental. Pero, a pesar de sus esfuerzos, las soluciones ofrecidas por las autoridades son insuñcientesy, en muchos casos, ineficaces. Por eso, se ven obligadas al uso de agua de lluvia y a extraer agua de pozos o de canales de riego, poniendo en riesgo su salud y su vida. La lucha por el agua y el territorio en el Caribe colombiano es un llamado a la acción. Es fundamental que sean escuchadas las comunidades y que se den soluciones sostenibles que aseguren el acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas. Solo así se podrá construir un futuro más justo y equitativo.
La situación actual exige una reflexión profunda sobre la relación entre desarrollo desarrollo económico y justicia social, así como un compromiso real por parte del Estado y las empresas para proteger los derechos de sus comunidades y el medioambiente. 1l PUENTE: Artículo enviado por reviota cien Oías centro de Inveotigación y Educación Popularcinsi, Popularcinsi, de colombia. o Instituto Latinoamericano para una sociedady un Derecho Alternativo. 2 El CINEP acompaña a las comunidades wayuuy a las lideresas comunitarias de Monteo de María en el fortalecimientode sus procesos oegaoirativoo, de Iiderargoy de gestión para la exigibilidad de sus derechos..