Comercio ambulante
Comercio ambulante EDITORIALEstamos ante un problemaserio, con sus implicancias sociales e impactos negativos, razón por la cual se requiere medidas inteligentes y eficaces, probablemente impopulares, porque la verdad es que no se trata de una situación coyuntural de fin de año, ni de un fenómeno tolerable en un contexto de crisis económica. Es una “excepción” que se arrastra por décadas en Chillán.
El comercio ambulante -que prolifera en esta época del añoes, sin duda, uno de los principales dolores de cabeza de las autoridades locales, puesto que su presencia en las calles no solo obstruye el libre tránsito de los peatones, deteriora el entorno y favorece la delincuencia, sino que también representa una competencia desleal para el comercio, un espacio para el contrabando y una lamentable precariedad laboral para quienes lo ejercen. Factores como la migración, la pandemia y un deprimido mercado laboral local han favorecido el alza del comercio ambulante en la ciudad, principalmente en aquellos puntos con mayores flujos de personas.
De esta forma, a los vendedores callejeros que en las últimas décadas obtuvieron un permiso municipal en atención a consideraciones socioeconómicas, se ha sumado un creciente grupo de personas que no cuentan con permiso alguno, y que son más bien comisionistas en el extremo de una red de distribución ilegal que opera volúmenes mayoristas.
De hecho, según información recogida por el municipio, un 40% de los comerciantes ambulantes que operan en la ciudad no son de Chillán; y en cuanto a los chillanejos, un número no menor utiliza permisos precarios otorgados a otras personas.
Este problema, que ninguna administración comunal quiso abordar como corresponde en las últimas décadas, tuvo un asomo de soluciones concretas, de la mano de una serie de medidas impulsadas por la Municipalidad de Chillán que tenían como objetivoordenar a los ambulantes, relocalizarlos y fiscalizarlos adecuadamente, recuperando así el espacio público para los peatones.
Una de ellas es una ordenanza que define, entre otros aspectos, los criterios de asignación de permisos y los lugares en que se permitirá la actividad, y que debía entrar en vigencia el pasado 1 de noviembre.
Aquello finalmente no ocurrió y la normativa local aprobada por el anterior gobierno comunal quedó en manos del nuevo, que debe discutir una serie de aspectos que habrían sido los que motivaron la suspensión de su entrada en vigencia, de modo que no existe certeza sobre cuándo comenzará a aplicarse el nuevo reglamento.
El comercio ambulante es un problema serio, con sus implicancias sociales e impactos negativos, razón por la cual requiere medidas inteligentes y eficaces, probablemente impopulares, porque la verdad es que no se trata de una situación coyuntural de fin de año, ni de un fenómeno tolerable en un contexto de crisis económica. Es una “excepción” que se arrastra por décadas en Chillán y que cada día se justifica menos.
Es fundamental dar una señal clara de que como ciudad deseamos ser una economía formal, lo que es esencial cuando tenemos más de 35 mil personas que trabajan en la informalidad con todos los graves efectos y vulnerabilidad que esto conlleva. Por nuestra parte como ciudadanos debemos aportar de una manera muy simple: siempre exigir la boleta y tajantemente, no comprar en el comercio informal.. EDITORIAL