Autor: DIEGO PARDOW LORENZO Ministro de Energía JAVIERA TORO CÁCERES Ministra de Desarrollo Social y Familia PAULA POBLETE Subsecretaria de Evaluación Social
Subsidio eléctrico
Señor Director: Ayer, en el programa "Estado Nacional” de TVN, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, señaló: "No creo que la mitad del país esté dentro del rango de las personas más vulnerables”. Es natural que en una democracia existan diferencias de opinión, pero cuando se trata de realidades tan fundamentales como las que enfrentan millones de familias chilenas, hay que basar el debate en hechos y no en percepciones personales.
Los datos son objetivos y muestran que 9,6 millones de personas, casi la mitad del país, pertenecen efectivamente al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La vulnerabilidad socioeconómica no se limita exclusivamente a los hogares más pobres. En Chile, existen familias que no están dentro de la definición estricta de pobreza, pero enfrentan dificultades. En ese sentido, el 40% más vulnerable del RSH está compuesto en gran medida por hogares con ingresos bajos, pero, además, el instrumento reconoce otro tipo de vulnerabilidades.
Por ejemplo, hay familias con varios integrantes que tienen alguna discapacidad o dependencia que significan gastos adicionales y, aunque algunas de estas familias tengan ingresos cercanos a los 700 mil pesos, la suma de gastos fijos y múltiples necesidades asociadas a su condición de salud generan una presión financiera enorme.
De acuerdo con la encuesta Casen 2022, el ingreso monetario promedio de los hogares del 40% de menores ingresos alcanza a los $537.386 y, en promedio, el 21% de esos ingresos corresponde a subsidios monetarios estatales. En este contexto, el subsidio eléctrico no es un lujo, es una política esencial para mitigar los efectos de la inflación y las dificultades económicas que millones de familias enfrentan a diario. Invitamos a no restringir el debate de las políticas públicas a una visión acotada de la vulnerabilidad, quienes están en el 40% del rSH requieren el apoyo del Estado. La protección social es esencial para construir un desarrollo justo. Sin asegurar condiciones dignas para las familias más vulnerables, no será posible seguir avanzando en la disminución de la pobreza y la desigualdad. Desde el Ejecutivo, instamos a que este debate se dé de manera seria, poniendo la evidencia por delante.