Participación de sector privado asoma como factor clave para meta del 30% de áreas protegidas
Participación de sector privado asoma como factor clave para meta del 30% de áreas protegidas Para cumplir la meta del país de tener el 30% del territorio protegido en 2030, surge como un factor clave el contar con la participación del sector privado. Sin embargo, un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) señala que no existen los incentivos para que los particulares conserven terrenos en sus propiedades. Actualmente, el 22% del territorio del país está protegido, principalmente por el Estado. En contraste, las áreas cuidadas por privados suman poco más del 1% a nivel nacional. "Los terrenos que hoy quedan para poder llegar a la meta del 30% están principalmente en manos de privados.
El Estado, si bien tiene toda la disponibilidad para aumentar las áreas protegidas, los sitios que están en sus manos no son atractivos para la conservación o tienen otros problemas asociados", explica Eduardo Katz, investigador en conservación, quien elaboró el estudio del CEP.
Para Patricio Pliscoff, investigador del Centro de Estudios Territoriales de la U n i v e r s i d a d d e los Andes, el principal desafío para alcanzar un 30% de áreas protegidas es que se generen incentivos para que los privados puedan conservar parte de sus terrenos.
En este aspecto es clave que "los privados vean que destinar una porción o un terreno para la protección no les significa una merma económica". Conservación privada El rol de los privados será crucial para aumentar el porcentaje de terreno protegido, señalan expertos.
Con la publicación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el sistema nacional de áreas protegidas, se abre una ventana para crear más incentivos para que el sector privado pueda sumarse a la conversación. "La ley 21.600 no está enfocada a atraer a estos propietarios privados. Hay una brecha de institucionalidad que se puede mejorar todavía a través de los reglamentos y de la implementación", dice Katz.
Una de las principales propuestas para atraer a los privados es crear una categoría de protección llamada Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC). Katz explica que la ley 21.600 no explicita la creación de este tipo de áreas, pero que sí se podrían implementar al alero de esta legislación.
La particularidad de los terrenos OMEC es que permite que se desarrollen actividades productivas como objetivo principal y al mismo tiempo esfuerzos de conservación. "Por ejemplo, un lugar de producción ganadera, en donde también se tiene el objetivo de mantener los bosques nativos, de conservar el agua, de permitir que crezcan copihues, como secundario", comenta Katz. Este tipo de iniciativas se plantean como interesantes para poder llegar al 30%, porque permitirán atraer a la conservación a propietarios privados de un espectro amplio, y no solo a las empresas grandes y tradicionales. Ampliar el tipo de particulares que pueden destinar áreas a la conservación es relevante, ya que según Pliscoff, se necesitarían 18.533 predios privados a nivel nacional para llegar a la meta de protección del territorio. Flexibilidad y apoyo Otro incentivo sería flexibilizar las áreas protegidas privadas. Actualmente, los terrenos con este destino tienen obligaciones específicas, como la implementación de planes de manejo y procedimientos complejos de desafectación, los cuales pueden representar un compromiso a perpetuidad para los propietarios.
Para reducir esta rigidez, el estudio del CEP propone permitir un mecanismo de salida o desafectación, sin restitución de incentivos fiscales, tras un período de 10 a 15 años para aquellos que hayan cumplido con las obligaciones de conservación y del plan de manejo.
Una de las propuestas económicas es mejorar los incentivos para los propietarios privados a través del Fondo Nacional de Biodiversidad (FNB). Se sugiere establecer una estructura progresiva y gradual, desde compromisos de corto plazo con obligaciones específicas hacia la creación de áreas protegidas más complejas con compromisos a perpetuidad. También es importante reforzar los incentivos no económicos para que los privados se sumen a la conservación, como el desarrollo de habilidades, la asistencia de la gestión y el reconocimiento público.
El 22% del territorio está bajo protección y la mayoría lo controla el Estado: Participación de sector privado asoma como factor clave para meta del 30% de áreas protegidas Sin embargo, un estudio del CEP evidencia que no hay incentivos para que los particulares destinen terrenos a la conservación. CATALINA MUÑOZ-KAPPES El Parque Tantauco, ubicado en el sur de la Isla Grande de Chiloé, es un área protegida por privados. Actualmente, es gestionada y financiada por la Fundación Futuro en conjunto con la Fundación Piñera Morel EL MERCURIO INCENTIVOS Se plantea reforzar los incentivos no económicos para que los privados se sumen a la conservación..