Autor: Por Pablo Basadre, Marcelo Pinto y Eduardo Candia

El rol de la arquitecta Verónica Serrano en el Caso Convenios
Una buena cantidad de las observaciones habían sido nternalizadas por ASA y Informe de Contraloría por Democracia Viva Fue jefa del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu en el periodo en que se autorizaron las transferencias a distintas fundaciones.
N el documento de 87 páginas de la investigación realizada por la Contraloría en el caso de Democracia Viva, se entregan luces sobre una serie de irregularidades que se cometieron en la entrega de dineros estatales a entidades privadas sin fines de lucro, conocido como Caso Enuno de sus puntos, el texto se refiere a la “Ficha de Inversiones” elaborada por el Serviu de Antofagasta, donde se da cuenta del proceso de asignación de iniciativas, que son aprobadas por el Nivel Central.
En éstas, “si bien describen el proyecto al cual se le asignarán los recursos, las actividades a realizar que consigna son de carácter genérico, sin ningún tipo de detalle técnico, estableciendo, en general, solo costos sin ningún tipo de detalle técnico, estableciendo, en general, solo costos globales, sin que se entregaran antecedentes que den cuenta de los mecanismo utilizados para la determinación de las acciones, obras y especificaciones”. Ala información recopilada por La Segunda, la aprobación en este proceso, cuando se habla de “Nivel Central”, corresponde al Departamento de Asentamientos Precarios, que estuvo a cargo entre junio de 2022 y diciembre de 2022 (cuando se dio luz verde a los proyectos), de la arquitecta Verónica Serrano Madrid, hermana de la exministra PS Marcela Serrano, quien a su vez es la madre del jefe del Segundo Piso de Boric, Miguel Crispi Serrano. Cuánta información manejaban en el Gobierno sobre Democracia Viva (cuyo representante legal es el ex RD Daniel Andrade) y desde cuándo, ha sido uno de los principales cuestionamientos a los asesores directos del Presidente. Al punto que en una de las querellas presentadas, se ha solicitado al Ministerio Público que Crispi declare en calidad de imputado.
Consultados sobre el tema en Vivienda, explican que “efectivamente en el Programa de Asentamientos Precarios las transferencias son propuestas por las regiones y revisadas por el Nivel Central en cuanto a que deben ajustarse a la estrategia general de intervención y al marco presupuestario asignado para cada región, la decisión respecto de cuáles serán las entidades receptoras fueron realizadas por la propia región en base a la interacción entre el SERVIU y la SEREMI”. agregan que “durante 2022, por cambio de administración, hubo tres jefaturas”. Respecto a las asignaciones, según las fechas, entre “marzo a octubre el Departamento de Asentamientos Precarios tuvo varias jefaturas: Carlos Garcés (Enero a Mayo), Andrea Pino (Mayo a Junio) y Verónica Serrano (Junio a Diciembre)”. La información a Nivel Central, reconocen en el Gobierno, se conoció en los siguientes términos: se sabía el monto que se entregaría, los campamentos donde se realizarían los trabajos y la fundación, en este caso Democracia Viva, a la que se le asignaron los recursos. La información es anterior al 2 de mayo, que fue cuando la Asociación de Funcionarios del Minvu denunció las irregularidades a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas.
En el informe de la Contraloría se citan ejemplos de convenios de 2019 entre la Seremi de Antofagasta y entidades privadas sin fines de lucro: Fundación Recrea, Espacio Lúdico, Asociación de Campamento de Ideas, Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo y Urbanismo Social, “cuyo proceso de selección se desconoce, por parte de esa Seremi, pues fueron determinados desde el Nivel Central, o bien, elegidas por el Serviu de Antofagasta a través de su Encargada de Asentamientos Precarios, recepcionado esa secretaría las propuestas de convenio con las fundaciones ya definidas y el consentimiento del Depto.
De Asentamientos del Nivel Central al aprobar las iniciativas”. La Contraloría establece que el “Manual de Procedimientos de Asignación y Transferencias de Recursos Programa Campamentos”, que se formalizó bajo la resolución exenta 8.829 de 2015 de la subsecretaría de Vivienda, “carece de los mecanismo que permitan seleccionar a las entidades que ejecutarán los proyectos, como por ejemplo, una invitación a participar a diver: entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos requeridos para llevar a cabo las iniciativas”. Que es lo que hizo el exseremi Contreras en Antofagasta y que fue un modelo que intentó replicar en otras regiones. Verónica Serrano ha ocupado otros cargos públicos: fue secretaria ejecutiva del directorio de Obras Bicentenario del Minvu y directora nacional de Arquitectura del MOP. Cuenta con amplias redes en la Cámara Chilena de la Construcción. Luego de ella asumiría Ricardo Trincado Cvjetkovic, el 9 de enero de 2023. El encargado de Asentamientos cumple una función muy sensible. Entre otras razones, porque opera como una especie de “embajador” de la cartera en los campamentos y tomas y, como tal, debe relacionarse con los dirigentes poblacionales. El cargo es fundamentalmente propositivo. No tiene “poder de firma”, como los jefes de división. Pero en los hechos, posee un presupuesto para generar soluciones.
Foco sobre Contreras Ala luz del pronunciamiento de Contraloría, distintos diputados coincidieron en que Carlos Contreras -exseremi de Vivienda de Antofagasta, expulsado de RD por el escándalovuelve a “emerger” como un personaje clave de la trama. “A partir de los datos expuestos por la Contraloría, ese señor Contreras habría cometido delito, debería ir preso, como parte de la asociación ilícita”, sentenció el jefe de los diputados DC, Eric Aedo.
Su colega Yovana Ahumada (ex PDG) -la primera en pedir desde el Congreso información sobre los traspasosestá convencida de que el exseremi fue la “cabeza pensante” en el caso: “Busca a estas fundaciones, parcializa los pagos para evitar pasar por Contraloría... Cuando hablo de que alguien gestó y organizó, fue él”. Más cautos, el presidente de la comisión investigadora del caso Convenios, José Miguel Castro (RN), y su colega Jaime Araya (ind. PPD), ambos de Antofagasta, concordaron en que la Justicia es la llamada a pronunciarse sobre el rol del exseremi, quien anteriormente fue asesor de la diputada Pérez. El informe de Contraloría, además, vuelve a poner la “lupa” sobre el ministro Carlos Montes. Ahumada y Aedo dijeron que debiera renunciar por su “responsabilidad política”, más allá de las acciones que ha desplegado. “El problema es que todo lo ha hecho a posteriori, y esto pasó en sus narices”, reclamó el DC. Por lo pronto, Castro anticipó que tará nuevamente a la comiión.
Y dijo que Montes debiese hacer una “introspección” y preguntarse si “tiene dedos para el piano”. Araya, en cambio, lo defendió, diciendo que el ministro ha sido un “facilitador para perseguir la corrupción” Tras el conocimiento del informe de auditoría, el contralor Jor- , y Bermúdez especificó que "el informe no va hacia el nivel ministerial, no tiene observaciones respecto de la actuación del ministro (Montes), o del ministerio en su conjunto, Lo que sí uno tiene que ver acá, es que existe en general una falta de regulación”. Y el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo en T13 Noche que el informe ratificó “la evaluación que tenía el Gobierno previamente. Una buena cantidad de las observaciones habían sido internalizadas por el equipo del ministro Montes”.