Investigamos minuciosamente la corrupción pública en Aysén
Opinión Carlos Palma Guerra Fiscal Regional de Aysén Investigamos minuciosamente la corrupción pública en Aysén Según la Real Academia Española, la corrupción es definida como una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios que poseen las organizaciones, especialmente en las públicas, para el provecho económico o de otra índole para sus gestores. Esta práctica no es nueva y ha ocurrido en innumerables ocasiones a través de la historia.
Cuando se genera corrupción en las instituciones del Estado, toda la comunidad sufre las consecuencias de algún fraude u otro delito, porque ese dinero utilizado para fines personales, son fondos públicos que deben ser usados en beneficio de las personas que integran la sociedad, no para beneficiar a alguien en específico de forma ilícita.
A fin de detectar estos hechos e investigarlos, la Fiscalía dirige investigaciones penales buscado aclarar las denuncias de forma profesional y objetiva, para que en aquellos casos donde exista delito, se acuse a los responsables ante los Tribunales de Justicia. Esta labor investigativa la efectuamos de forma totalmente independiente e imparcial, ocupando distintas técnicas. investigativas y pericias, a través de las brigadas y laboratorios especializados y el trabajo colaborativo con otras instituciones del Estado. La cantidad de delitos en esta área en Chile no es menor. Entre enero y septiembre de este año, se denunciaron 2.118 delitos funcionarios a nivel país. En la Región de Aysén, esta cifra corresponde a 36 delitos denunciados, con imputados conocidos y desconocidos.
La mayoría corresponde a hechos denunciados en Coyhaique, Puerto Aysén, Cochrane, Guaitecas, Cisnes y Chile Chico, los cuales investigamos en su totalidad para aclarar los hechos contenidos en las denuncias y tener certeza jurídica de cómo proceder. Respecto de lo que ocurre finalmente con esas denuncias, en el país se registran 3.786 términos en investigaciones por delitos funcionarios, entre enero y septiembre de este año. En Aysén logramos terminar 88 delitos, 5 con sentencias definitivas condenatorias, 41 con suspensiones condicionales, 3 con acuerdos reparatorios, entre otras salidas que incluye el sistema penal.
Actualmente en nuestra región, existen 54 investigaciones vigentes, denunciadas en distintos años, 16 de las cuales son tramitadas bajo el rótulo de malversación de caudales públicos, 11 por fraude al fisco, 10 por usurpación de propiedad, 5 por cohecho, 3 por prevaricación, 2 por negociación incompatible, entre otros hechos.
En caso de comprobarse la existencia de un delito en estos casos, por cierto tendrán una influencia negativa no solo para las arcas fiscales, sino también en socavar la confianza de la comunidad en sus funcionarios públicos, que deberían actuar con total apego a la probidad administrativa. De las personas que trabajan para el Estado, se espera que observen una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo. De lo contrario, habrá una sanción. Y en este sentido, la investigación por corrupción pública que ha logrado la pena más alta en nuestro país, tuvo como lugar de ocurrencia una localidad de la Región de Aysén.
Recientemente y después que los Tribunales de Justicia dejaran a firme la condena, es decir, sin posibilidades de recurrir en contra de ella, fue condenado a 10 años de cárcel como autor del delito de malversación de fondos públicos, el ex alcalde de la comuna de Guaitecas. Otros tres colaboradores de la entonces autoridad también fueron condenados, con diferentes penas.
Esta investigación de la Fiscalía, donde participó activamente la PDI, se originó luego de un informe de la Contraloría General de la República, el cual fue entregado al Ministerio Público y en el cual se detallaban una serie de irregularidades al interior del municipio, los cuales lograron ser descubiertos, aclarados y sancionados. A la luz de lo anterior, es aún más evidente que nuestro país requiere que sus funcionarios públicos, actúen de acuerdo con las normas vigentes y se desenvuelvan en su trabajo con altos estándares éticos.
Y porque los efectos de la corrupción pública nos importan, hemos coordinado como Fiscalía Regional de Aysén, una serie de talleres de capacitación y reuniones de trabajo con otros organismos desde que asumí como Fiscal Regional en octubre del 2017, los cuales han sido altamente valorados por quienes participan de estas iniciativas.
Observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular, no solo debe ser el interés de la ley 20.880, que regula en nuestro país el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, sino también necesita ser un objetivo conocido e internalizado por quienes trabajamos en el servicio público. De lo contrario, las investigaciones penales que dirija el Ministerio Público buscarán esclarecer los hechos y la sanción que en Derecho corresponda para los imputados que abusen del servicio público y busquen su propio beneficio.