Autor: OLIVER RODRÍGUEZ

Hasta marzo el Gobierno no había transferido a las policías los fondos asignados contra el crimen organizado
Un estudio de Libertad y Desarrollo (LyD), con datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), indica que hasta marzo pasado el Gobierno central no había efectuado ningún gasto del presupuesto disponible para la Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO), anunciada en junio de 2022. Según el informe de ejecución trimestral de la Dipres, no se registran gastos de recursos asignados en el marco de esta política, que incluye a distintas instituciones estatales. Respecto de este plan, Carabineros de Chile tiene asignados más de $27.173 millones y Gendarmería más de $4.200 millones, mientras que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) debiera recibir otros $166 millones. No obstante ello, hasta marzo pasado no hay indicio de que se haya utilizado alguno de esos recursos.
Daniel Rebolledo, investigador de LyD, señala que "todos aplaudimos la decisión del Gobierno de crear una Política Nacional contra el Crimen Organizado que, además, tendría un presupuesto nunca antes visto, de más de $65 mil millones". Sin embargo, añade, "al observar la nula ejecución de estos recursos en los primeros tres meses de este año surge la duda de si el Gobierno tiene efectivamente la capacidad de poder llevar adelante este tipo de políticas". En el análisis del centro se verifica si hubo o no transferencias de capital a Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, Aduanas, UAF y Directemar, en concordancia con el diseño del plan del Ejecutivo.
Programas con menos del 1% ejecutado También se recogen datos sobre otros programas de seguridad, en los que se ha ejecutado "menos del 1% de sus respectivos presupuestos durante el primer trimestre de este año". Es el caso de "Somos Barrio Comercial Protegido", orientado a reducir los factores de riesgo asociados a la seguridad pública en barrios comerciales, que en el período analizado registraba 0,5% de ejecución de los $1.200 millones de presupuesto.
Lo mismo sucede con el nuevo "Sistema Municipal de Seguridad", a través del cual se destinan recursos a las municipalidades para enfrentar sus carencias en esta materia, que registra 0,3% de $12.900 millones, y el programa "Somos Barrio Prioritario", cuyo objeto es disminuir la inseguridad de los vecinos que habitan en alguno de los 38 barrios priorizados a lo largo del país, con 0,1% de utilización de sus $4.800 millones asignados.
Ante esto, Rebolledo apunta que "la baja ejecución del presupuesto en materias como la protección de los barrios comerciales contrasta enormemente con la alta tasa de victimización del comercio, que según un reciente estudio de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) alcanzó su máximo histórico". Reducción de presupuesto en 2022 Desde Libertad y Desarrollo también señalan que la no ejecución de recursos asignados a las policías ya se registró el año pasado, por ejemplo, respecto de dineros destinados a infraestructura. "Esta falencia en cuanto a la mala gestión en materia de seguridad no es nueva", advierte Rebolledo.
Por ejemplo, dice, "considerando el presupuesto inicial de Carabineros y la PDI, el Gobierno dispuso un total de $69,5 mil millones en 2022 para llevar adelante proyectos de inversión policial, es decir, de construcción o reposición de comisarías, retenes o cuarteles", pero de ellos, afirma el investigador, "solo se ejecutó un 31%, es decir, menos de un tercio de los recursos disponibles". Y, en este sentido, precisa que se debe tomar en cuenta un elemento más de relevancia para el análisis. "Si se mira la ejecución de 2022 en la Dipres aparecerá 71%, porque hace el cálculo del año sobre el presupuesto vigente, que es el que quedó finalmente en Carabineros y la PDI; sin embargo, lo que nosotros detectamos es que ellos partieron con un presupuesto mucho más grande ($69 mil millones), pero a medida que avanzaba el año, le iban sacando recursos a este presupuesto (llegó a $30.388 millones)". Frente a este factor, precisa Rebolledo, "si se considera el presupuesto inicial en este ítem, la ejecución fue de un 31%" en realidad, menos de lo consignado por la Dirección de Presupuestos en su reporte.
Informe de LyD sobre la política nacional en la materia anunciada el año pasado: Hasta marzo el Gobierno no había transferido a las policías los fondos asignados contra el crimen organizado OLIVER RODRÍGUEZ El análisis también advierte que hubo un deficiente gasto de recursos en algunas iniciativas relacionadas con seguridad durante 2022, por ejemplo, respecto de dineros para infraestructura. "Solo se ejecutó un 31%, es decir, menos de un tercio de los recursos disponibles", dice el documento. IMPLEMENTACIÓN. -Tras su anuncio a mediados de 2022, el 20 de diciembre, el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento oficial de la medida. ELISA VERDEJO SINSAY CINCO AÑOS El diseño de la política contra el crimen organizado proyecta su aplicación hasta 2027. Hasta marzo el Gobierno no había transferido a las policías los fondos asignados contra el crimen organizado.