Autor: Por A. Von Baer, J. Henríquez y M. Contreras
Caso Democracia Viva entra al corazón de La Moneda
Correa: “Una crisis de la cual nadie tiene el control” En el espacio de conversación Comando Jungla en Youtube, Camilo Feres, Gonzalo Múller, Jorge Navarrete y Carlos Correa analizaron anoche los frentes de esta crisis, dado que “el paciente (la crisis) no ha sido estabilizado”, dijo Correa.
En lo penal, coinciden en que corre por carril separado; en lo moral, la cuestión “está rota y muerta”, según Navarrete, dado que “se está cobrando la cuenta de manera inmisericorde” a la generación que irritó a sus adversarios y actuales socios basando su identidad en un supuesto mejor comportamiento que sus antecesores. En el frente político, hay riesgos y espacios de acción.
En los primeros, Correa mencionó que se desconoce “hasta dónde llegará esto”, por lo que “es una crisis de la cual nadie tiene el control”; Múller alertó que quizás se está ante una forma de actuar entre un grupo cerrado de militantes articulados en torno a fundaciones y el partido, y que otro factor de riesgo es la soterrada disputa interna en RD del grupo de Catalina Pérez (Giorgio Jackson; Juan Ignacio Latorre) versus alcaldes como Tomás Vodanovic y Emilia Rios. Como salida, Correa y Navarrete coinciden en que una posibilidad es impulsar una agenda de probidad que identifique dónde están los nudos que afectan el prestigio de la actividad política. Al menos 3 autoridades en el radar de la investigación Interior y Segundo Piso monitorean los casos: se evaluará según avance de indagatorias.
Os autoridades de Gobierno fueron mencionadas en la querella RD para que la Fiscalía cite a declarar en el caso Democracia Viva: la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y la subsecretaria de Patrimonio, Carolina Pérez.
Aunque la inclusión en un listado de 12 militantes RD involucrados en el caso —que estaal conocerse que el exseremi de Vivienda de Antofagasta y exasesor dela diputada Catalina Pérez, Carlos Contreras, asignó $426 millones a la fundación que presidía Daniel Andrade, pareja de la legisladora— obedezca a la intención de cooperar con la investigación, puede gatillar que haya al menos 3 actuales autoridades de Gobierno desfilando ante la Fiscalía: ayer, el Ministerio Público abrió también una indagatoria en Maule, donde el seremi RD Rodrigo Hernández trabajó antes en la fundación Urbanismo Social, que en 2022 recibió luego fondos de la misma seremía. Lejos de bajar la presión, las distintas aristas del caso siguen copando el debate político.
Incluso se suman instituciones que toman medidas: al cierre de esta edición, Contraloría anunció que congeló la toma de razón de todos los contratos del Estado con fundaciones, hasta no tener claro “lo que está ocurriendo con esos recursos”, sostuvo el contralor Jorge Bermúdez.
El efecto de funcionarios en la mira “Es pésimo señal para el Gobierno tener autoridades investigadas, se les cae el discurso, no ha sido un buen gobierno y afecta lo que les queda de capital simbólico de personas que construyeron su relato sobre la base de una perfomance, “los nuevos, los rebeldes y puros, política sin amiguismos para el pueblo. Esto es un golpe ala línea de flotación.
Ya perdiste tu programa, y ahora se quedan sin nada”, apuntando a la posibilidad de que la crisis afecte el trámite de la reforma tributaria”, indica la cientista política Javiera Arce, El director de Gobierno de la U. Central, Marcos Moreno, añade: “Que aparezcan funcionarios de gobierno vinculados esun riesgo importante. En política las cosas no son lo que son, sino lo que parecen. En el MOP Gate eran sobresueldos, acá la triangulación a través de las fundaciones.
Y eso se instala en la opinión pública”. Más duro es el exdiputado Pepe Auth: “Al Gobierno este tema no lo va a abandonar hasta el final, más allá de si hay funcionarios de primera o segunda línea.
Venían de una derrota muy fuerte en el plebiscito y el 7 de mayo, pero aún les quedaba la autoestima de su elite de “somos superiores moralmente”. La última carta del castillo de naipe se cae y es desastroso.
Muchos van a empezar a migrar o debilitar su adhesión, y la ciudadanía no lo perdona”. Biobío, Maule y los otros casos En el caso de Dresdner, quien fue jefa de gabinete de la diputada Pérez entre 2018 y 2022, ya está en la etapa de dar explicaciones: debido a que su nombre aparece como directora en el acta de constitución de Democracia Viva en 2021, salió en la prensa local a decir que “me invitaron a ser directora, pero yo decliné por razones laborales. Apareció (mi nombre) en un papel porque me habían ofrecido.
Solo estuvo la intención de incorporarme”; por asignar directamente $148 millones para asesorías posincendios a Urbanismo Social -fundación donde ella trabajó hasta 2017-, respondió que “no fui parte ni de los directorios ni la dirección, fui contratada para proyectos específicos”, y que no sabía del convenio, pues fue suscrito por el Serviu (eso sí, el encargado de campamentos del Serviu, Vicente Guzmán, fue jefe de gabinete de Dresdner, y trabajó antes en Urbanismo Social). Con estos antecedentes parte de la oposición pide su salida: el PDG, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), Félix González (Ecologista). Incluso el senador oficialista Gastón Saavedra (PS) la calificó de “afectada” para seguir en el cargo.
A Hernández, mientras, se le cuestiona haber sido director jurídico de Urbanismo Social hasta 2022, y que luego como seremi su repartición haya asignado convenios a la fundación por al menos $45 millones, según expuso el senador PS Fidel Espinoza.
Hernández explicó que él se inhabilitó en aquella licitación, y que no podía prohibir participar a una entidad, pero de todos modos la Fiscalía investiga esta hebra (en Antofagasta, donde radica la indagación, Urbanismo Social también recibió recursos por $577 millones). Después, además de funcionarios de otras reparticiones que integraban el directorio de Democracia Viva, la subsecretaria Pérez es mencionada en la querella por haber integrado el Consejo Asesor de la fundación. No es la única funcionaria en esa situación.
Entre los 2 casos, está primero María Cecilia Cáceres, directora de Asuntos Jurídicos de la Cancillería), aunque por estos días ya fue removida por el ministro Alberto Klaveren, en una salida convenida antes que estallara el caso, explican en el ministerio.
Y más cerca de la oficina del Presidente Boric: el jefe de seguimiento de Compromisos Presidenciales, Leonardo Moreno, también integró el consejo No tenemos antecedentes que nos lleven a cambiar de criterio sobre el seremi del Maule. Si aparecen cuestiones inapropiadas tendríamos otro criterio”. Carlos Montes Ministro de Vivienda asesor de Democracia Viva.
Además, antes de asumir el cargo, Moreno —quien depende directamente del jefe del Segundo Piso Miguel Crispi— fue hasta 2018 director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, la que fue apuntada por el ministro Carlos Montes, pues se adjudicó $520 millones en Antofagasta, y en ella se produjo uno de los 6 casos de fundaciones con convenios que contrataban personas que luego cumplían labores de seguimiento de los proyectos en la seremi. Se trataba de la RD Paz Fuica, concejal y exasesora de Pérez.
El control de daños Que haya una pléyade de autoridades declarando en la Fiscalía abre en el oficialismo la inquietud de que el conflicto llegue ya en forma irremediable al corazón del Gobierno: radicar el manejo de crisis y vocerías solo en Montes es visto ya como inviable. ¿Será suficiente la remoción del seremi Contreras y de la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) para afrontar la crisis? ¿ O deberán rodar más cabezas? El temor es que las drásticas medidas adoptabas, como remociones, investigaciones internas, y que Democracia Viva deba restituir los fondos terminen siendo insuficientes. Montes está en contacto directo con el Presidente (hoy fue a La Moneda a informarle del caso), y el Segundo Piso e Interior —afirman fuentes de Gobierno— están monitoreando los casos polémicos.
Pero el mensaje que refuerza un ministro del comité político es: evaluar caso a caso según avance la investigación, y que en la medida que se encuentren anomalías, aplique el “caiga quien caiga” que prometió Boric. Ese criterio lo delineó Montes hoy, al ser consultado por el seremi del Maule, desestimando que las meras relaciones sean causal de remoción. “No tenemos ningún antecedente que nos lleve a cambiar de criterio, a medida que surjan antecedentes lo vamos a ver. Ha sido bastante competente”, dijo, anunciando que mañana irá un equipo del ministerio al Maule. “Si aparecieran cuestiones inapropiadas tendríamos otro criterio”, recalcando que hay situaciones en las que autoridades actuales estuvieron en otros roles antes. “Hay a veces historias de ese tipo.
Si aparece algún elemento que no corresponde, vamos a revisar”. Y en paralelo, fuentes de La Moneda recalcaron: “La instrucción del Presidente a su gabinete es supervisar los convenios de manera aún más minuciosa”, mientras la Secom envió una minuta a parlamentarios: “Toda irregularidad tiene que salir a la luz”. ¿ Qué puede hacer La Moneda? De todos modos, Arce estima que no puede haber una razzia inmediata de todos los cuestionados. “Deben esperar no más cómo esto termina, porque recién empieza.
Pueden empezar a tomar medidas, y después te quedas sin discurso, porque no van a ser suficientes. ¿Ahora satisface haber sacado a la subsecretaria y las querellas? No creo. ¿Hay que ir tras la cabeza de un responsable político? Mayol decía que para él, es Jackson”, dice Arce, recalcando que sorprende que los tratos directos en compras del Minvu pasaran del 16,4 % que hubo en 2021 a un 46,6 % en 2022, primer año de Boric. “¿Cómo explicas eso? La derecha lo tenía casi prohibido”, agregó.
Mientras, el analista Max Colodro tuiteó: “Esto ya no es un “esquema”... es un modelo de negocios”. Para Auth, la reacción inicial del Ejecutivo fue “pésima”, pero mejoró cuando Boric presionó a RD para que dejara de blindar a sus militantes. “La única manera que tiene de enfrentarlo y perder menos, es tomando el liderazgo contra la corrupción. Y eso significa irsobrelos tuyos, pero es un problema, porque significa sacar nuevos casos”. Mientras, Moreno apunta que el tema “sigue escalando, el Gobierno no ha podido cerrar la crisis. El caso golpea la línea de flotación del Gobierno. Deben sacar a las personas vinculadas, pero el problema es que cada día se saben más cosas.
Trataron de encapsular esto en RD y Vivienda, pero ya está comenzando a acercarse cada vez más al escritorio del Presidente, lo que es muy complicado”. Junto con ello, el Ejecutivo deberá afrontar las tensiones entre sus partidos a raíz del caso.
Al conflicto entre RD y el PS, se suman los dichos del secretario general PC Lautaro Carmona, quien advirtió que “no puede ser que exista la casualidad de que quien asigna un recurso es de un partido, quien reciba sea del mismo partido, y quien intermedia sea del mismo partido, eso lleva a la conclusión de que hay algo convenido, no para proteger la tarea de Gobierno, pública, social, sino para beneficiar a un sector”, señaló, lo que reflota las críticas al esquema de seremis diseñado por Crispi, cuando era Subdere y se le acusó de privilegiar al FA. analistas: los riesgos para Montes como vocero de una crisis sin bordes Asumir el rol de “vocero de la crisis” de una situación que aún no tiene bordes claros, podría pasarle la cuenta al ministro PS Carlos Montes.
Aunque -por ahorala derecha no tendría intenciones de arremeter contra él con una acusación constitucional u otras acciones, dada la valoración de su figura tras años de coincidir en el Congreso, la crisis impacta al ministro pese a que intenta poner cortafuegos: pedir a Democracia Viva que restituya los dineros, remover al seremi de Antofagasta, entregar antecedentes al fiscal y comunicar públicamente hallazgos de irregularidades. Desde que estalló el caso, el ministro habla con la prensa casi a diario. El martes, ya visiblemente hastiado, dio escuetas respuestas al entrar a La Moneda a una reunión con el ministro Álvaro Elizalde (Segpres): en 3 minutos de declaraciones, respondió 12 preguntas, la mayoría con frases cortas. “Esto afecta su trayectoria bastante exitosa como parlamentario. El problema es que una crisis siempre se resuelve aplicando el principio de responsabilidad política, porque la responsabilidad penal o procesal tiene su ritmo y es más lenta”, dice el analista Marco Moreno. Y recuerda: “Cuando le plantearon asumir un cargo en el gabinete, desechó Segpres porque no quería tantos problemas... imagínate ahora, que está en el ojo del huracán.
Eso lo debe tener contrariado, porque su nombre queda enel centro de una situación que aún no se sabe dónde están sus límites”. Para la cientista política Javiera Arce “es lamentable que se vea involucrado, pues ha sido buen ministro y confió en el proyecto político de estas personas desde siempre. Entonces, esto es casi una traición.
Muchas generaciones socialistas perdieron la competen66 Una crisis siempre se resuelve aplicando el principio de responsabilidad política” Marco Moreno Analista político 66 Confió en el proyecto político de estas personas desde siempre, entonces esto es casi una traición” Javiera Arce Cientista política 66 Hasta ahora está relativamente blindado (... ) pero sabemos que en política nadie esta completamente protegido” Pepe Auth Analista político cia con el FA, y él optó por ellos. Acá hubo una apuesta política, y porque ellos lo hicieron mal, lo hacen caer.
No creo que le cueste una acusación constitucional, pero lo va a pasar mal”. Pepe Auth, analista y exparlamentario, dice que “hasta ahora Montes está relativamente blindado por los 30 y algo de años de convivencia parlamentaria y de su comportamiento impecable en materia de corrupción.
Y no es algo que puedan decir todos los actores políticos”. “Sabemos que en política nadie esta completamente protegido, pero si no hubiera sido Montes el ministro, hace rato estaríamos hablando de una acusación constitucional”, agrega.
La resolución ministerial Pero un nuevo elemento surgió en las últimas horas: una resolución suscrita por el ministro el 25 de enero de este año en la que delega a los seremis de Vivienda la facultad de firmar los convenios de transferencias de fondos a programas de Asentamiento Precario (que usó Democracia Viva) hasta por 500 UTM ($316 mi Mones), generando duras críticas de parlamentarios como la diputada opositora Gloria Naveillán (Independiente), Gonzalo de la Carrera (independiente) y Fidel Espinoza (PS), entre otros.
A ellos se suman los cuestionamientos de Jorge Alessandri (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI), además de la exigencia de renuncia de los diputados Henry Leal, Marlene Pérez y Cristóbal Martínez (todos UDI). Desde Vivienda explicaron que la resolución se hace, año a año, desde 2019 (cuando en el gobierno de Piñera se implementó ese esquema) y se enmarca dentro de la Ley de Presupuesto.
De hecho, una anterior resolución con el mismo fin fue firmada el 20 de enero de 2022 porel entonces ministro de Vivienda Felipe Ward (operativa cuando se firmaron ios con Democracia Viva), y án Monckeberg también las habría suscrito.
