Tarifas del transporte público
Tarifas del transporte público E l Panel de Expertos del Transporte Público determinó que era necesaria un alza de $20 en las tarifas del Transantiago.
El Gobierno redujo dicha alza a $10, probablemente, temiendo el efecto de sumar este ajuste a los que ya han generado controversia en el sector eléctrico y que ello causara aún más problemas con los partidos oficialistas estando la elección municipal ad portas. De todas formas, algunos estudiantes secundarios, con nostalgia del conflicto detonado en octubre de 2019 a partir del alza de $30 en el transporte metropolitano, han intentado repetir añejas acciones, saltando torniquetes. Esta tentativa no ha tenido hasta ahora ni respaldo ni impacto en un país que aún sufre las consecuencias de lo ocurrido entonces. El alza aplicada es mínima y no contrapesa la caída en el valor real de la tarifa. Debido a la falta de ajustes en los últimos años, esta tiene hoy un costo mucho más bajo que hace cuatro años y representa una fracción mucho menor de los ingresos familiares. Según el Panel de Expertos, la diferencia con el precio que debería tener --incluyendo el subsidio mandatado por ley-alcanza a los $240. Así, esta brecha se debe compensar con subsidios adicionales. Son recursos requeridos para que el sistema no colapse, constituyéndose en un gasto fiscal desordenado y difícil de planificar para el Ministerio de Hacienda. Pero el problema no se reduce a eso. Desde luego, en ausencia de externalidades, los precios no deberían tener subsidios. Y cuando ellas existen, los subsidios deberían ser estudiados para limitarse a corregir la referida externalidad, sin ir más allá. Si bien el actual ministro de Transportes, en su vida académica, preconizaba el transporte público gratuito, eso solo sería apropiado si recaudar recursos para el Estado no tuviera costos. Solo en tal caso no habría competencia por esos recursos desde otros sectores, como la salud, la educación, la vivienda y muchos más. Dado que esto no ocurre en la realidad, el subsidio al transporte no debería ser aquel necesario para no elevar las tarifas, sino uno determinado por estudios serios y completos. No se conocen, sin embargo, estudios que señalen que el actual nivel de subsidio sea apropiado cuando se considera el costo de los recursos fiscales.
Los problemas para elevar las tarifas se deben a que parte del público estima que el Estado, al involucrarse en el sistema de precios, puede evitar que reflejen el costo real de los bienes y servicios.
En el sector eléctrico, esto ha conducido a una deuda que hoy se acerca a los US$ 7.000 millones; en vivienda, a tomas y a no pago de servicios, y en el transporte público, a tarifas que no suben y a la evasión masiva.
Ello, pues, a la larga, una vez que los precios dejan de reflejar los costos, parte del público llega a la conclusión de que no es necesario pagar por ellos, dado que solo sería la mezquindad del Estado la que impediría hacerlos totalmente gratuitos.
Esta forma de pensar se refleja también en esa suerte de realismo mágico de algunos parlamentarios que estiman que, eliminando al sector privado, bajarían los costos de los distintos servicios, porque no sería necesario pagar las utilidades de las empresas que los proveen. Esta observación se ve controvertida cada vez que el Estado --con la notable excepción del Metro-se involucra en actividades productivas: cada pocos años se acumulan las pérdidas y se requieren inyecciones de nuevos recursos fiscales. Y es que, cuando las actividades las realiza el Estado, parte del mundo político cree poseer el derecho de involucrarse en su operación, entorpeciendo y reduciendo su eficiencia. A ese mismo mundo es al que le cuesta abandonar la idea de intervenir, saltándose toda consideración técnica, en los sectores económicos y en sus procesos. Después de todo, siempre habrá elecciones en el futuro y la posibilidad de incidir por esa vía en sus resultados. Una vez que los precios dejan de reflejar los costos, parte del público llega a la conclusión de que no es necesario pagar por ellos..