Responsabilidad por cortes de luz
Asta 780 mil clientes de Enel en la Región Metropolitana, y varios miles más de CGE, sufrieron cortes de luz en la madrugada del viernes 2 debido al fuerte temporal de lluvia y vien10, con ráfagas superiores a los 120 km/h.
La demora enla reposición del servicio, la falta de información fiable a los afectados, y la débil respuesta en terreno de la compañía, han causado justificado enojo ciudadano, y críticas del Gobierno, alcaldes y parlamentarios Según el gerente general de Enel, Víctor Tavera, la fuerza del viento fue “un evento absolutamente inédito”. La compañía espera que la cantidad de usuarios sin electrici dad baje hoy de los 100 mil clientes sin suministro.
En este contexto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló ayer dos cargos contra Enel: uno por incumplir aspectos normativos respecto dela reposición de la electricidad y otro por la no entrega de información acerca del plan de recuperación del abastecimiento.
En paralelo, la SEC comunicó que ha multado en casi $ 4 mil millones a Enel por un corte de luz ocurrido el pasado 7 de mayo; acusa que Enel envió “información ma- “La seguridad de los ingresos a largo plazo debería comprometer a las compañías a brindar un servicio adecuado”. Nifiestamente errónea” ala SEC, la cual a su vez depende de los datos de la empresa.
Si bien la Superintendencia destacó que apenas conocida la alerta meteorológica instruyó a las empresas a adoptar medidas preventivas, el que sólo ayer sus funcionarios se hayan constituido en las oficinas de Enel, en circunstancias que la crisis ya era notoria el viernes, refleja lentitud del regulador en sopesar la magnitud del problema.
Con todo, más allá de las insuficiencias dela regulación, o de la disputa con los municipios por el manejo del arbolado, la responsabilidad principal de la crisis corresponde a las distribuidoras, que han fallado tanto en el despliegue de recursos humanos y materiales como en su capacidad de informar a la población, proyectar con claridad los tiempos de reposición y, sobre todo, cumplir con ellos. Diversos expertos han notado la falta de cuadrillas, la escasa inversión en el mejoramiento del tendido y la relevancia de impulsar reformas que habiliten disponer de un sistema más resiliente. En el Congreso se han propuesto, de manera un tanto oportunista, medidas más dr: ticas: congelamiento de tarifas, pérdida de concesiones o renegociación de contratos.
Desde luego las empresas enfrentaron una tormenta fuera de lo común y es factible que su preparación haya sido deficiente; sin embargo, los daños tampoco alcanzaron a la infraestructura más crítica, como plantas, subestaciones o líneas de transmisión; por lo mismo, la dilación en reanudar el servicio resulta aún más difícil de entender y justificar.
A diferencia de la generación eléctrica, en la distribución no hay competencia sino concesiones de áreas geográficas a un solo proveedor; la institucionalidad, que controla las tarifas, garantiza a las empresas y sus accionistas un margen razonable de rentabilidad fundado en parámetros objetivos; la seguridad de los ingresos a largo plazo y la estabilidad de las reglas deberían comprometer a las compañías a brindar un servicio adecuado a sus clientes “cautivos”, sin perjuicio de las compensaciones establecidas por la ley. En la actual coyuntura, la respuesta de las distribuidoras, en parti Cular de Enel, se ha alejado de los estándares a que están obligadas las empresas reguladas por el rol que prestan.