Columnas de Opinión: ¿Podremos financiar los derechos sociales en el futuro?
Columnas de Opinión: ¿ Podremos financiar los derechos sociales en el futuro? Economista y académicaA riesgo de parecer autorreferente, en junio de 2013, en plena campaña presidencial, escribí una columna titulada “La Sociedad de los Derechos Muertos”, en respuesta al creciente entusiasmo que había por avanzar hacia un Estado benefactor.
En ella, señalaba: “Nunca en los últimos veinticinco años habíamos tenido una campaña presidencial que estableciera con tanta fuerza la idea de que los ciudadanos tienen el derecho a recibir gratuitamente una serie de bienes y servicios de alto costo por el solo hecho de formar parte de la población”. Advertía, además, que el énfasis en los derechos sociales, sin considerar la importancia del crecimiento, podría traer consecuencias no deseadas: “El resultado esperado no es auspicioso y, de hecho, se puede ver en varios países europeos que han optado por estos Estados benefactores; el afán redistributivo terminará indudablemente dañando la base fundamental del desarrollo del país, el trabajo y la inversión, y nos encontraremos con que hemos entregado derechos muy difíciles de financiar a gran parte de la población, derechos que entonces están naciendo muertos”. En ese momento, ya era evidente el fin de la bonanza del cobre, y también lo era el estancamiento de la productividad total de factores y, a pesar de eso, el programa del segundo gobierno de Bachelet dejaba de lado la importancia del crecimiento y establecía reformas que sin duda lo iban a dañar, con el diagnóstico errado de que estaba asegurado, y de que la prioridad era repartir la torta de otra manera.
Desde entonces hasta ahora, se estableció la gratuidad de la educación escolar y superior, se multiplicó por tres veces el gasto del pilar solidario previsional, y se casi duplicó el gasto en salud, sumando también el fin del copago. En cambio, cayó el gasto en defensa, y el ítem orden público y seguridad creció muy modestamente.
Los resultados están a la vista, considerando además que la fuerte expansión del gasto en educación y salud no se ha traducido en mejores indicadores en esas materias, lo que hace pensar que las políticas específicas han fracasado.
El problema que enfrentamos ahora es triple: la demografía generará un crecimiento elevado del pilar solidario previsional y del gasto en salud, se hace indispensable reforzar el ítem de seguridad pública y, por último, el crecimiento esperado delPIB y de los ingresos fiscales es insuficiente para financiar esas demandas. ¿Qué hacemos? ¿ Seguir pasando la cuenta al sector privado a través de nuevos aumentos impositivos? Definitivamente, no.
Entre 2012 y 2024, la recaudación tributaria no minera pasó de un 16,2% del PIB a un 16,7%, a pesar de varias reformas tributarias que buscaron mayor recaudación (solo la reforma de Bachelet de 2014 esperaba recaudar un 3% del PIB). El problema es que en ese lapso el gasto ha pasado de un 21,6% del PIB a un 24,8%, es decir, los recursos se gastan con base en promesas de recaudación incumplidas.
Más grave aún es que si durante ese lapso el PIB hubiera crecido a la tasa mundial, y la recaudación se hubiera mantenido en un 16,2% del PIB, podríamos contar con más recursos fiscales de los que tenemos. Una nueva reforma tributaria es entonces una pésima idea, y lo que habría que hacer en esta materia es recuperar un sistema simple, parejo, competitivo globalmente y que promueva el ahorro y la inversión. No queda otra, debemos actuar por el lado del gasto, no solo en burocracia, ocupando evidentes espacios de racionalización, sino también con una mayor vinculación de los derechos sociales con los deberes. Mejorar la educación cívica es fundamental, pero es insuficiente.
Las sanciones también son necesarias en casos de evasión de impuestos, del no pago del transporte público, frente al comercio ilegal, las licencias falsas, la adulteración de la información socioeconómica en los registros sociales, y en general, no dejar impune esa injusta cultura de la trampa, que impide que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Los beneficios sociales deberían perderse cuando quienes los reciben falsean información, evaden pagos, o derechamente, cometen delitos.
En muchos casos, son necesarios cambios de diseño en las políticas, evitando incentivos perversos, como ocurre con la gratuidad en la educación superior, dado el impuesto prohibitivo que significa para sectores medios no calificar en el 60% más pobre (que pésimamente mal diseñada fue esa política). Si no tomamos en serio los desafíos antes señalados, veremos en el mediano plazo la muerte de esos derechos sociales, como parte de un programa de salida de una crisis fiscal. Estamos a tiempo de evitarla.. MARÍA CECILIA CIFUENTES