Impuesto a los graduados, mala idea
Impuesto a los graduados, mala idea P aradójicamente, una de las lecciones más importantes que dejará la actual administración es la importancia de presentar al país un programa de gobierno responsable, sustentado en argumentos técnicos rigurosos, más allá de veredas ideológicas. La deriva del Ejecutivo con sus reformas y el tardío descubrimiento de la importancia de crecer son reflejo de los problemas conceptuales que presentaba la plataforma del candidato Gabriel Boric.
Ejemplo extremo de ello es la octava medida que incluía su programa: "Condonaremos la deuda educativa que hoy afecta a más de un millón de estudiantes y egresados perjudicados por una política fracasada de endeudamiento estudiantil". Desde un punto de vista fiscal, la "condonación universal de las deudas estudiantiles" (página 139 del mismo documento) es simplemente infinanciable: se estima que solo la deuda asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE) supera los 11 mil millones de dólares (sobre tres puntos del PIB). Además, es una propuesta regresiva e injusta, toda vez que beneficiaría a quienes han postergado el pago en desmedro de quienes fueron responsables en cumplir sus obligaciones o de quienes no pudieron acceder a la educación superior. Por otra parte, la idea desconoce la evolución del diseño del CAE durante la última década. En la actualidad, este ofrece condiciones de pago extremadamente flexibles, en un contexto en que el mercado de capitales se ha estrechado. Ahora, en lo que se asoma como una nueva improvisación técnica, el Ejecutivo busca avanzar en el cumplimiento de dicha errada promesa. Si bien no existen aún detalles y algunas autoridades han evitado utilizar el término "condonación", se anticipa que la propuesta comprendería un nuevo sistema de financiamiento a la educación superior.
Según ha trascendido, una de las fórmulas en estudio sería la implementación de un impuesto a los graduados, lo que permitiría recolectar las millonarias sumas de recursos necesarias para terminar con el CAE y sustentar la educación superior. Tal idea ha sido recurrente en el debate desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, particularmente en los círculos intelectuales de la izquierda. Sin embargo, sus deficiencias técnicas y conceptuales, incluyendo nuevas fuentes de ineficiencias económicas e injusticias sociales, hacen no recomendable avanzar en esa dirección. Un primer flanco es la eventual inconstitucionalidad de una medida así: según nuestro ordenamiento, ningún impuesto puede tener un destino específico. Entonces, el cobro de una contribución a determinadas personas para financiar la educación superior de otros --que no es más que un tributo-no tendría cabida en nuestro marco legal. Desde una perspectiva económica, también es necesario considerar el costo de oportunidad de recursos frescos que podrían tener un mejor uso, incluso en el mismo sector educación. Pero más graves aún son los problemas en materia de incentivos que la idea conlleva. A diferencia de un sistema de créditos, en donde la persona internaliza los costos y beneficios de sus decisiones, un impuesto a los graduados es una fuente de desincentivos y distorsiones graves.
A modo de ejemplo, si el impuesto estuviese asociado a la obtención de un título educacional, se generarían incentivos a conductas como mantenerse estudiando de modo indefinido, cambiarse continuamente de carrera o incluso desertar en el último semestre para evitar el pago. Y en el mercado laboral, los incentivos para contratar titulados en el extranjero o personas con estudios superiores incompletos podrían aumentar. Tampoco debe obviarse el impacto sobre la oferta educativa. El CAE es un instrumento utilizado por estudiantes que asisten a instituciones de educación superior no adscritas a gratuidad.
Reemplazarlo por un impuesto administrado por el fisco significaría una suerte de extensión de facto de la gratuidad y le daría espacio al Estado para controlar presupuestariamente todo el sistema, interfiriendo, por ejemplo, en la fijación de aranceles o en el desarrollo de nuevas carreras. Tal objetivo sería consistente con la visión ideológica que subyace al programa de Apruebo Dignidad, pero agregaría mayores tensiones sobre un ya golpeado sistema de educación superior. Solo una posición ideológica radical puede justificar el reemplazo del actual sistema de crédito por un modelo social y económicamente inferior. Es evidente que un impuesto al capital humano no es la forma de avanzar en el financiamiento educacional. Que la idea resurja es parte de los costos de un programa de gobierno diseñado sin los estándares técnicos mínimos para asegurar su responsabilidad. Significaría una extensión de facto de la gratuidad y le daría espacio al Estado para controlar presupuestariamente todo el sistema de educación superior..