EDITORIAL: Incumplimientos en seguridad comunal
EDITORIAL: Incumplimientos en seguridad comunal La Contraloría General de la República ha encendido encendido una nueva alarma: 312 municipalidades del país, ci 90% del total, no remitieron a la Subsecretaría Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) sus planes comunales de seguridad pública ni las actas de sus consejos comunales de seguridad correspondientes al período 202]-2025. Lo anterior, pese a que la Ley 18.695 obliga a hacerlo. En la región del Biobío solo Chiguayante yArauco cumplen íntegramente con lo solicitado. Las otras 31 comunas presentan algún grado de rezago, ya sea porque no han enviado sus planes, porque carecen de actas de consejo o por ambas faltas. Dentro de ellas, nueve fueron clasificadas como “urgentes” por su alta vulnerabilidad socio-delictual, y cuatro pertenecen a la provincia: Los Angeles, Alto Biobío, Mulchén y Santa Bárbara. Aún más crítico es el grupo de comunas que no ha enviado ni plan ni actas: Alto Biobío, Mulchén, San Rosendo y Quilleco. En términos prácticos, en estos territorios no existe constancia de planificación planificación o coordinación formal en seguridad. El resto de las comunas tampoco cumple plenamente: algunas han ingresado su plan, pero no han justificado justificado reuniones, y otras mantienen documentos desactualizados. El caso de Mulchén cobra especial relevancia.
Hace pocas semanas, un atentado incendiario desCARTAS truyó siete vehículos y dos contenedores en un predio predio forestal de CMPC, evidenciando la presencia de violencia organizada y la urgencia de una estrategia local de prevención y reacción. Del mismo modo, Alto Biobío, con su dispersión territorial y dificultades de acceso, permanece sin registro de sesiones del consejo, lo que impide articular articular esfuerzos frente a emergencias o delitos. Los Angeles y San Bárbara, que también han sido perturbadas perturbadas por graves hechos de violencia, tampoco muestran la constancia documental que exige la normativa. La ausencia de un plan vigente y la falta de sesiones regulares del consejo comunal debilitan la coordinación entre autoridades, policías y comunidad, comunidad, lo que disminuye la eficacia de las acciones de seguridad. En la práctica, cada municipio rezagado afronta los problemas sin un diagnóstico compartido compartido ni estrategias claras. Es impostergable responder a las obligaciones legales y mantener una adecuada coordinación con la SPD para alinear diagnósticos y prioridades. La Contraloría ya instruyó sumarios administrativos y, por ética, la acción debería llegar antes que las sanciones. El desafío de la seguridad cs complejo y requiere más que documentos, pero sin esos instrumentos instrumentos básicos no hay punto de partida para políticas preventivas eficaces. Incumplimientos en seguridad comunal.