¿Es adecuado el proyecto del gobierno que reforma el sistema de financiamiento de la educación superior?
¿ Es adecuado el proyecto del gobierno que reforma el sistema de financiamiento de la educación superior? Daniel Rodríguez Morales Director ejecutivo de Acción Educar dd» Seamos realistas, pidamos lo imposible a vieja consigna de Francia en mayo del 68 parece una descripción triste de lo que ha terminado siendo una enrevesada forma de cumplir la promesa electoral de condonación universal de las deudas educativas del programa de gobierno de Apruebo Dignidad. Primero, el realismo. Es y siempre fue evidente que la promesa de condonar el CAE, con un costo estimado de 11.000 millones de dólares, estaba fuera de las posibilidades del Estado de Chile. El momende estrechez fiscal, además, convertía lo imposible en irresponsable. Pero el gobierno persistió, aumentando con su discurso varios puntos la morosidad del CAE y empeorando el problema que quería solucionar. Entonces, se propone ahora un plan de condonación etiquetado de responsable por parte de las autoridades de Hacienda. Pero este realismo es mágico.
No solo se nos argumenta que el costo fiscal inicial será muy menor para el problema en cuestión (14 millones de dólares), sino que se intenta argumentar que, a partir del segundo año, el Fiscotendrá ahorros crecientes. Esto simplemente no es creíble. Primero, porque implica que el sector político que persistentemente ha llamado a los deudores a no pagar montará vía Servicio de Impuestos Internos la máquina de cobranza más eficiente que se conozca. Segundo, porque por otro lado la proyección de ahorro se basa en postergar la gratuidad de Bachelet y eliminar las becas. Algo políticamente inviable. Y bueno, ¿quién cree quese ahorra condonando deudas? Este realismo con el que intenta vestirse el gobierno es realismo mágico.
Respecto de pedir loimposible, el sistema de financiamiento propuesto (FES) le demanda al sis¿ Es adecuado el proyecto del gobierno que reforma el sistema de financiamiento de la educación superior? Gonzalo Muñoz Stuardo consejero de Rumbo Colectivo consejero de Rumbo Colectivo El valor de un nuevo Académico Facultad de Educación UDP y sistema de financiamiento en la educación superior Igobierno ha presentado un proyecto de ley que propone una solución para abordar la situación de más de 1,5 millones de personas que registran deudas fruto de su paso por la educación superior. La alternativa propuesta es sensata y justa, al establecer una respuesta diferenciada dependiendo de la situación académica y el historial de pago de las personas. La mayoría se beneficiará de una condonación parcial y tendrá la posibilidad de rere)gramar el resto de su deuda.
Las críticas hacia este componente del proyecto de ley han sido localizadas y se irán disipando a medida que se entienda el valor que tiene esta condonación acotada, tanto para las arcas fiscales como para las familias.
La novedad más importante de este proyecto -de cara al futuro es la creación de un nuevo sistema que busca hacerse cargo de la ineficiencia y alto costo del CAE, modificando la forma en la que las nuevas generaciones se relacionan con el sistema educacional y priorizando ahora una perspectiva de derecho a la educación.
Bajo este nuevo instrumento (FES), todas las personas que ingresen a la educación superior, independiente de su situación socioeconómica, tendrán el derecho a estudiar sin costo (excepto en el decil más rico, donde podrá establecerse un copago), retribuyendo su participación en la educación superior -en el caso de quienes no acceden a la gratuidad una vez que accedan al mundo del trabajo, y aportando de acuerintergeneracional. do con sus ingresos, en una lógica de solidaridad El nuevo sistema tiene varios otros aspectos positivos, como permitir que los recursos se destinen únicamente a fines educacionales (lo que no ocurre con la banca como intermediario); avanzar en tema de educación superior que financie las políticas del gobierno.
Esto es el mismo diseño de la gratuidad: se expande a todo el sistema la fijación de aranceles, vacantes, y se reemplaza todo gasto privado por gasto público. ¿Suena conocido? Es el esquema de las reformas escolares.
Por lo tanto, y tal como lo han dicho con claridad rectores de casas de estudios privadas y estatales, la prohibición del copago llevará primero al desfinanciamiento, al quitarle al sistema al menos 1.300 millones de dólares anuales que se agregarían al déficit de la gratuidad, y luego a la segregación, eliminando el carácter inclusivo de nuestro sistema universitario. Esimposible para el sistema solventar este costo que el Estado le está imponiendo sin desmantelar la calidad de la docencia y la investigación. Como lo han señalado también varios rectores, la vulneración de la autonomía y la sumisión del sistema a los ciclos políticos y económicos es la consecuencia más profunda de la reforma propuesta. Finalmente, está el asunto tributario. La forma de cobranza del nuevo beneficio que se está proponiendo equivale a un impuesto (o tributo) aplicado a los graduados beneficiados. Esto es problemático porque implica un sistema de reparto. Las carreras más demandadas, y los profesionales que trabajen formalmente, pagarán vía impuestos las carreras de quienes desertan, no trabajan, o lo hacen informalmente.
El Estado aquí muestra su peor cara, hace solidaridad con plata ajena, haciendo creer que estás pagando tus propios estudios, cuando en realidad serán los graduados formales los que se harán cargo de la contingencia al ingreso, elemento que es de completa injusticia. La discusión exige mayor seriedad y transparencia.
Esta semana el Ejecutivo ingresó el proyecto de ley que busca poner termino al Crédito con Aval del Estado y establecer un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, en cumplimiento de promesas que se remontan a la campaña presidencial, y respecto de su viabilidad de están levantando distintas voces que respaldan o cuestionan el mecanismo considerado. derado.
Mi ILUSTRACIÓN: RAFAEL EDWARDS algunas regulaciones esenciales en el plano de la transparencia y probidad (pertinentes a propósito de los hechos conocidos en una universidad privada); y generar una dinámica sostenible de financiamiento en la educación superior, reflejada en el informe financiero elaborado por Hacienda. Varias de estas ideas fueron planteadas en iniciativas de gobiernos anteriores, cuestión que debería ser valorada en la tramitación legislativa.
Para que este proyecto se transforme en ley esindispensable que los distintos actores políticos e institucionales se comprometan y aporten con críticas, pero también con propuestas para mejorar un diseño que tiene el desafío de traducirse en una política de Estado.
Un punto clave será encontrar la fórmula para que, manteniendo los principios fundantes del proyecto y cautelando la coherencia con otras políticas (como la gratuidad o las regulaciones sobre calidad en la educación superior), nose generen efectos negativos precisamente en la calidad de los proyectos educativos que hacen un aporte importante al país.
Vías para ello son la creación de nuevos fondos de investigación, o el fortalecimiento de la institucionalidad para que la regulación de aranceles sea lo más objetiva y ajustada posible a la necesidad de las distintas instituciones y sus estudiantes.
Por supuesto, la aprobación de este proyecto también será más viable en la medida que el foco en la educación superior sea acompañado de un avance significativo en otras prioridades tanto o más urgentes para el sistema educacional, como la correcta implementación de la NEP (Nueva Educación Pública), cuyo presupuesto 2025 presentado al Congreso no permite cumplir con el compromiso, también planteado por este gobierno, de fortalecer la educación pública..