Diputados mantienen dudas sobre cambios institucionales que entrampan el proyecto sobre "permisología"
Diputados mantienen dudas sobre cambios institucionales que entrampan el proyecto sobre "permisología" El Ejecutivo consiguió un principio de acuerdo para avanzar con el proyecto de ley que pretende reducir la "permisología", pero todavía no despeja todas las dudas sobre los cambios institucionales que requiere para aplicarla.
La comisión de Economía de la Cámara de Diputados va a retomar mañana la votación en particular de la reforma, luego de dar un "voto de confianza" al Ejecutivo que comprometió indicaciones para desechar uno de los temas más cuestionados: la creación de un servicio con dotación propia a cargo de las nuevas funciones.
En cambio, la propuesta del Ministerio de Economía es fortalecer alguna de sus reparticiones internas, pero manteniendo las mismas funciones que se pretendía asignar al Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial: coordinación entre órganos sectoriales y titulares de proyectos, monitoreo de la tramitación de permisos, administración de la ventanilla única para estos trámites y la implementación de mecanismos de mejora regulatoria.
Con todo, entre los contornos que definió la cartera para construir un acuerdo, establece que si bien se puede prescindir de la creación de un servicio, es necesario que la oficina a cargo de estas funciones cuente con recursos materiales suficientes y un aumento de dotación acorde a estas tareas. Contrataciones Originalmente, el servicio que planteaba el Ministerio de Economía para absorber las funciones de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales consideraba operar con 39 funcionarios, de los cuales siete serían traspasados desde la cartera. De acuerdo al informe financiero, el gasto en personal ascendería a $1.628 millones en régimen, concentrando la mayor parte del costo total de la iniciativa, que se cuantificó en $2.101 millones. Este punto es el que no termina de convencer a los parlamentarios.
El presidente de la comisión, Víctor Pino (Demócratas), plantea que "aún hay dudas y no está todo resuelto, como por ejemplo la cantidad de personal y el gasto público que se necesitará para funcionar (... ), existe la voluntad de sacar este proyecto de manera transversal, tanto por parte de los diputados como del Gobierno, pero insisto, queda mucho aún por avanzar". En la oposición, Sofía Cid (RN) afirma que "no está solucionado el número de nuevas contrataciones.
Hemos insistido en que el Estado no debe seguir creciendo y, por lo mismo, creemos que este es un punto fundamental en la tramitación". También sostiene que se necesita profundizar en el sistema de silencios positivos y en medidas que incentiven a los f u n c i o n a r i o s a cumplir con los plazos de revisión.
Más allá del diseño, en el Ministerio de Economía aseguran que la expresión institucional de la ley es fundamental, y según una minuta difundida entre los parlamentarios exponen que la propia Contraloría ha determinado que la actual Oficina de Grandes Proyectos no tiene atribuciones para, por ejemplo, solicitar a otros organismos públicos priorizar tramitaciones. Sanciones e incentivos Uno de los puntos que tanto parlamentarios como gremios empresariales han planteado como debilidad dentro del proyecto dice relación con la ausencia de sanciones relacionadas con el incumplimiento de plazos legales.
Un análisis de Libertad y Desarrollo (LyD) detecta que este mecanismo se ha utilizado previamente tanto en la Ley de Acceso a la Información Pública como en la Ley Marco de Cambio Climático, donde se consignan multas por incumplimiento para jefes superiores de organismos públicos e incluso alcaldes. Francisca Toledo, investigadora de LyD, plantea que "una ley sin incentivos bien orientados para el cumplimiento de plazos implica depender únicamente de la buena voluntad de la administración, lo que pone en riesgo su efectividad.
Los costos que ha traído el problema de los permisos en la inversión hacen necesario dar la señal de que los incumplimientos sí tienen consecuencias". Proponen aplicar multas con cargo a la remuneración mensual de las jefaturas a cargo de cada permiso, proporcional al tiempo promedio de atraso.
También formulan que un mecanismo eficiente para combatir la "permisología" en el corto plazo es utilizar herramientas vigentes como los programas de mejoramiento de gestión (PMG) y los convenios de desempeño colectivo (CDC). El uso de los PMG con este fin es algo que el propio ministro Nicolás Grau ha planteado, pero hasta ahora n o h a n e s t a d o orientados en este sentido.
La revisión de LyD constata que entre los 31 organismos a cargo de las 382 autorizaciones que revisa este proyecto, todos disponen "indicadores de medidas de equidad de género, `Estado verde' y calidad de servicio, entre otros", pero ninguno relacionado al cumplimiento de plazos de permisos.
De hecho, aunque el Ministerio de Bienes Nacionales, Conaf, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, la Comisión Chilena de Energía Nuclear y la Subsecretaría de Telecomunicaciones tenían metas vinculadas con la "permisología" en 2022, ninguno las mantuvo en 2023. Esta semana continúa la votación en la comisión de Economía de la Cámara: Diputados mantienen dudas sobre cambios institucionales que entrampan el proyecto sobre "permisología" JOAQUÍN AGUILERA R. El Ejecutivo cedió y desechó la idea de crear un nuevo servicio a cargo de monitorear los permisos, pero la idea de contratar personal para esos fines no convence. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se comprometió a desechar la idea de un nuevo servicio a cargo de la "permisología" para destrabar la votación del proyecto. ATON DOTACIÓN Según el informe financiero, el gasto en personal ascendería a $1.628 millones..