Autor: Christian Aste M. abogado

Columnas de Opinión: Dominga: Urge certeza regulatoria y ejecución de sentencia
Columnas de Opinión: Dominga: Urge certeza regulatoria y ejecución de sentencia I derrotero del proyecto Dominga refleja uno de los principales desafios de la institucionalidad ambiental chilena: compatibilizar control jurisdiccional, discrecionalidad administratiE va y estabilidad regulatoria. Desde 2013, el proyecto ha sido objeto de conflictos políticos, múltiples decisiones contradictorias: rechazos administrativos, anulaciones judiciales, nuevas evaluaciones y sucesivos pronunciamientos del Comité de Ministros bajo distintos gobiernos. La cuestión central no radica únicamente en la evaluación de impactos ambientales, sino en la ejecución de sentencias. El Tribunal Ambiental ordenó una nueva evaluación bajo parámetros específicos, y la Corte Suprema reforzó la obligación de un análisis técnico fundado. Cuando una sentencia queda firme, su fuerza ejecutiva es obligatoria para la Administración. La autoridad puede volver a pronunciarse, pero no puede desatender los criterios jurídicos fijados por el tribunal.
Esto que parece de Perogrullo, en el caso Dominga no se cumplió, porque no obstante que la Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos contra la resolución del Tribunal Ambiental que había ordenado volver a evaluarlo, cuestión que ocurrió y que se resolvió favorablemente, el comité de ministros del gobierno de Boric lo rechazó mediante una decisión que fue anulada precisamente por ese hecho, esto es, por desentenderse de lo resuelto en sentencia firme. La estabilidad regulatoria depende no solo de normas claras, sino también del cumplimiento efectivo de las decisiones jurisdiccionales. La incertidumbre prolongada encarece proyectos, afecta expectativas y erosiona confianza. Desde la perspectiva ambiental, el mensaje también es relevante. La protección del entorno requiere decisiones técnicas consistentes, no oscilaciones asociadas a cambios de administración. Este caso ha dejado de ser un expediente sectorial. Es hoy una prueba sobre la capacidad del sistema institucional chileno para garantizar que las reglas sean estables y que las sentencias se ejecuten. El problema trasciende a Dominga. Si las decisiones jurisdiccionales pueden reinterpretarse en cada ciclo administrativo, se debilita la certeza jurídica, elemento esencial tanto para la inversión responsable como para la protección ambiental seria y técnicamente fundada. En síntesis: Las sentencias firmes deben cumplirse en sus propios términos. La Administración debe ejercer su potestad decisoria dentro del marco fijado judicialmente. La coherencia institucional es condición necesaria para un sistema ambiental robusto. No se trata de favorecer un proyecto específico, sino de preservar la integridad del Estado de Derecho ambiental. Autor: Christian Aste M. abogado. Columna