El Estado frente a la niñez
ESPACIO ABIERTO El Estado frente a la niñez Marcelo Sánchez Gerente general Fundación San Carlos de Maipo Los cambios legislativos como la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez (2022) y la creación del Servicio Mejor Niñez (2021), pretendían dejar atrás el colapsado modelo del Sename. Hemos visto, sin embargo, que aún persisten vulneraciones graves que afectan la salud física y mental de niños bajo protección. El proyecto de ley de armonización, actualmente en discusión, intenta corregir las falencias, pero enfrenta una profunda desarticulación institucional sin un mecanismo de exigibilidad real. La falta de la oferta en cobertura, complejidad y calidad tiene un impacto directo en el funcionamiento del sistema. Uno de los problemas es la debilitada coordinación intersectorial, justamente lo que hizo colapsar el modelo de Sename. La fragmentación entre los ministerios, (principalmente Desarrollo Social) subsecretarias, tribunales de familia, servicios y las policías, impide respuestas rápidas y eficaces.
Cuando un niño no recibe la oferta adecuada, su historia de abandono se amplifica y se abren brechas, donde precisamente son las redes delictivas, entre otras, las que ocupan a la niñez desprotegida en sus actos ilícitos. El proyecto de ley de armonización busca robustecer la fiscalización, restituir el rol de las Mesas de Articulación Interinstitucional y exigir auditorías externas anuales para los programas de protección. Sin embargo, estas medidas siguen sin atacar el problema de fondo: la falta de un mecanismo real de exigibilidad y sanción para las instituciones que no cumplen con los estándares mínimos de protección. Este proyecto acaba de ingresar desde el Senado a la Comisión de Desarrollo Social presidida por la diputada Marlene Pérez.
Hoy la Comisión y la Cámara -en su conjunto tienen la oportunidad de incorporar la potestad necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema de protección integral de la niñez, de no ser así la crisis de seguirá profundizándose inexorablemente.
Se requiere, entonces, fortalecer el rol de los garantes; no es posible que la Corte Suprema no pueda hacer seguimiento a todos los cuerpos legales por no contar con una Secretaría Técnica de Niñez y Familia o que la Defensoría de la Niñez oficie por información a las autoridades sin respuesta y no haya consecuencias. Los garantes deben contar con recursos y potestad, como también los niños a través del "Abogado del Niño" en los términos del artículo 50 de la Ley de Garantías. Han sido décadas en que hemos observado cómo los niños más vulnerados de Chile han quedado amordazados en un sistema que no solo no los protege, sino que muchas veces los condena a nuevas vulneraciones. La pregunta es si esta vez el Estado tendrá la fuerza para asumir su responsabilidad o si, nuevamente, la niñez quedará en los márgenes invisibles de nuestra sociedad.