Gobierno y oposición acuerdan fórmula para levantar secreto bancario y fijan plazo a tribunales
Gobierno y oposición acuerdan fórmula para levantar secreto bancario y fijan plazo a tribunales CARLOS ALONSO El plazo era de dos semanas y ese secumplió el viernes pasado.
La mesa técnica integrada por representantes de Hacienda y asesores de los senadores cumplieron con la tarea encomendada y por ello este lunes ingresaron las primeras indicaciones de dos temas centrales del proyecto antievasión o cumplimiento tributario. Se trata del secreto bancario y el denunciante anónimo. En ambos hay acuerdo entre gobierno y oposición y, por ello, se espera que la Comisión de Hacienda del Senado comience a votar el miércoles.
En el caso del secreto bancario, el cambio que dejó conforme a ambas partes consiste en que el levamiento de la información será vía judicial, pero con plazos acotados, situación que no existe en la actualidad. En las indicaciones que se ingresaron este lunes se detalla que habrá dos procedimientos: uno para delitos tributarios de distinta índole y otro para crimen organizado y narcotráfico.
Para el primer caso, laindicación señala que "el Servicio, dentro de un proceso de fiscalización y previo a una citación o con ocasión de una, podrá requerir al contribuyente laentrega de su información bancaria, para lo cual deberá especificar las operaciones o tipo de operacioneso productos bancarios respecto de los cuales se solicita información y el período que comprende.
El requerimiento se realizaráen conjunto con la respectiva citación o con posterioridad a ella, según corresponda, pero siempre dentro del mismo proceso de fiscalización, y deberá ser notificado al contribuyente, de lo cual se dejará constancia en su expediente electrónico". En ese sentido, "el contribuyente deberá, en larespuesta ala citación o dentro de los10 días siguientes a la notificación del requerimiento señalado en el párrafo anterior, informar si accede a la entrega de su información y el plazo en el cual será entregada, el que no podrá ser superior a veinte días". Desser así, "el contribuyente podrá autorizar que la información sea enviada directamente por el banco, circunstancia que deberá constar porescrito y deberá contener expresamente la información sobre los productos, cuentas y los bancos respecto de los cuales se requirió información.
De esta autorización se dejará constancia en el expediente electrónico". Ahora, en caso de que el contribuyente no entregue de forma voluntaria la información requerida o no autorizare su entrega por parte del banco, "el Servicio solo podrá acceder ala información bancaria mediante el procedimiento establecidoenel artículo 62 bis". Dicho artículo establece quela Justicia Ordinaria podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto osujetas a reserva, en el caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. Enesecaso, una vez autorizada la entrega de la información requerida por sentencia judicial, "el Servicio solicitará que el Tribunal oficie al banco obligado. Lo mismo ocurrirá si las Gobierno y oposición acuerdan fórmula para levantar secreto bancario y fijan plazo a tribunales El otro tema relevante que se acordó y cambió fue el del denunciante anónimo. Una de las modificaciones fija un monto mínimo defraudado para obtener la recompensa, el cual deberá ser superior a 100 UTA, es decir, unos $80 millones. El miércoles la Comisión de Hacienda del Senado comenzará a votar en particular. partes llegana un acuerdototalo parcialo aalgún equivalente jurisdiccional que obligue al titular a entregar toda o parte de la información requerida.
En estos casos, el banco dispondrá de un plazo de diez días, desde la notificación del oficio, para la entrega de la información solicitada". Untratamiento distinto tendrá las investigaciones por crimen organizado y narcotráfico. "En los casos antes señalados el banco deberá entregarla información requerida porel Servicio según el siguiente procedimiento: el Servicio deberá presentar el requerimiento anteel Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al domicilio del contribuyente, juntocon los antecedentes que den cuenta del procedimiento de fiscalización bajo el cualseencuentra el contribuyente y sus antecedentes fundantes". En ese sentido, se puntualizó que "el requerimiento deberá contener además los fundamentos que den cuenta de la importancia de contarcon la información bancaria requerida para verificar la veracidad e integridad de las declaracionesde impuestos o la falta deellas". Y Por la relevancia, "el juez tendrá un plazo de 5 días para verificarel cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral.
Vencido dicho plazo, el tribunal deberá notificar al Servicio, mediante correo electrónico, la resolución dando cuenta del cumplimiento de los requisitos legales". Cuando el juez no autorice la entrega de información requerida por el Servicio, esta sólo podrá ser obtenida por sentencia judicial firme en base al procedimiento establecido en el artículo 62 bis. El procedimiento establecido en el presente numeral será siempre secreto.
También se especifica que "el retardo uomisión total o parcial en la entrega de la información por parte del banco, en cualquiera de las circunstancias reguladas en el presente artículo, será sancionado con multa de 50 unidades tributarias anuales". Y "el Servicio deberáimtributarias anuales". Y "el Servicio deberáimplementar un sistema que permita la entrega de información por parte de los bancos que garantice su seguridad, integridad y reserva". DENUNCIANTE ANÓNIMO El otro tema relevante que se acordó y modificó fue el denunciante anónimo.
En el texto ingresado se menciona que "perderá la calidad de denunciante anónimo aquel que, habiéndose otorgado la resolución señalada en elinciso segundo, renuncie al anonimato o haga publicidad de la denuncia". Asimismo, se establece que "para la procedencia de la retribución establecida en el presente artículo el impuesto defraudado deberá ser superior a100 UTA", unos $80 millones. También se detalla que "no tendrán derecho a la retribución establecida en el presente artículo aquellos denunciantes que hubieran renunciado al anonimato o que hubieran efectuado publicidad de la denuncia regulada en el artículo anterior".Q.