Los contactos de jueces y fiscales con Hermosilla por hasta 12 años para nombramientos y causas
Los contactos de jueces y fiscales con Hermosilla por hasta 12 años para nombramientos y causas Sobre el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en el listado se lee que la defensa asocia sus conversaciones con el penalista a "causas judiciales". Sus chats, al igual que los con la fiscal Chong, comenzaron en 2019, pero en marzo y no en octubre con el estallido, y se extendieron hasta noviembre de 2021.
La jurisdicción que encabeza Armendáriz estuvo a cargo --y en algunos casos aún lo está-de pesquisas relacionadas con indagatorias del estallido, incluidas aquellas que involucran a exgenerales directores de Carabineros y en las que estuvieron querelladas autoridades políticas de la época.
Esta fiscalía investigó la causa denominada de "lesa humanidad", en que Hermosilla representó a algunos de los indagados, así como aquella conocida como "alto mando", aludiendo al de Carabineros; sin embargo, hace algunos meses, la primera de ellas fue reasignada a otra jurisdicción del Ministerio Público. La zona metropolitana Centro Norte continúa indagando casos del estallido. Hermosilla tuvo relación con algunos de ellos no solo como defensor, sino también como asesor del Ministerio del Interior.
Xavier Armendáriz Aparece en la lista asociada a conversaciones de "causas judiciales". Claudia Perivancich es la fiscal regional de Valparaíso desde 2018 y confirmó esta semana la existencia de chats con Luis Hermosilla a la radio Valentín Letelier (de la U. de Valparaíso). Allí, dijo que esta mensajería se extendió al menos por un año y estaría relacionada exclusivamente con coordinaciones a propósito de causas en las que el penalista actuaba como abogado defensor. "Los motivos de comunicación por chat con el abogado Luis Hermosilla entre 2020 y hasta diciembre de 2021, corresponden a coordinaciones propias de las actuaciones que desarrollábamos como Fiscalía Regional a cargo de la causa investigada por eventuales delitos de lesa humanidad cometidos en el contexto del estallido social, habida cuenta de que dicho abogado representaba a varias personas, entre ellas los subsecretarios del Interior Juan Francisco Galli y Rodrigo Ubilla". Agregó: "No hay ninguna comunicación respecto de algún otro asunto o investigación.
En concreto, el abogado Hermosilla no fue abogado de ningún interviniente en la causa Dominga que posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía Regional". Claudia Perivancich Según la lista entregada ayer por el abogado Juan Pablo Hermosilla, la mensajería entre su hermano Luis y el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza es una de las más extendidas en el tiempo, pues abarcaría cerca de 12 años: desde febrero de 2011 hasta noviembre del año pasado, mes en que comenzó el caso Audio, tras difundirse la grabación.
Esto quiere decir que los chats --que de acuerdo a la defensa se refieren a temas sobre nombramientos y respecto a causas judiciales-ocurrieron mientras fue ministro de la Corte de Apelaciones y luego también cuando llegó al máximo tribunal.
Durante este año se conocieron otras interacciones del magistrado, pero relacionadas con el caso "WhatsApps". En abril de 2021 le solicitó su voto al entonces juez Juan Antonio Poblete (cuando este era ministro de la Corte de Copiapó) para Patricio Corominas, quien estaba postulando a la notaría en Tierra Amarilla, lo que, a su vez, se lo habría pedido el ministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa. Mario Carroza.
Desde agosto de 2015 hasta noviembre de 2021 sería la mensajería que mantuvo Luis Hermosilla con el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, de acuerdo a la lista entregada por la defensa del abogado imputado en caso Audio. El contenido de las conversaciones estaría relacionado a causas judiciales. Fue ese mismo agosto de 2015 que el Senado aprobó el nombramiento de Valderrama para llegar al máximo tribunal.
Consultado por la aparición de su nombre en el listado, el juez dice a "El Mercurio" que conoció a Luis Hermosilla en 2006 "cuando se notificó personalmente de la sentencia en el caso Spiniak". Afirma, además, que tanto como juez del tribunal de alzada capitalino como ministro de la Corte Suprema jamás ha conversado con Hermosilla "sobre causas judiciales pendientes que yo decidí". Recuerda eso sí que tuvo un contacto con el penalista mediante WhatsApp en 2017: "Su propósito fue manifestarme su preocupación por una situación personal que me afectaba. En ningún caso me planteó ni comentó alguna inquietud sobre alguna causa judicial que le interesara". Manuel Antonio Valderrama En marzo de 2019 Lilian Leyton juró como jueza de la Corte de Santiago. La lista de Juan Pablo Hermosilla compartida ayer dice que, entre junio de 2014 y octubre de 2023, la magistrada mantuvo chats con Luis Hermosilla enmarcados en causas judiciales.
Leyton, además de jueza titular del tribunal de alzada capitalino ha sido relatora de la Corte de Santiago en 2003, y de la Corte Suprema en 2014, además de haber participado "en la implementación de la reforma procesal laboral chilena". La jueza tiene estampada una inhabilidad con Hermosilla: "Tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifieste por actos de estrecha familiaridad". Así se lee, por ejemplo, en el recurso de protección que presentó la defensa del penalista. Según cercanos, nunca ha revisado una causa de él y se conocen desde su época de relatora.
Lilian Leyton La jueza de garantía de Santiago, Paula Brito, cobró notoriedad durante el segundo semestre de este año al revertir la prisión preventiva contra el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC). Meses antes, en julio, fue la magistrada que declaró ilegales algunas de las detenciones tras un operativo realizado en Villa Francia: descartó la prisión preventiva para nueve de los arrestados y dijo que "no hay satisfacción, ni siquiera a nivel indiciario, del porte o tenencia de las armas". Eso fue revertido por la corte.
En la lista dada a conocer por Juan Pablo Hermosilla se indica que los chats entre Luis Hermosilla y Brito --quien es hija del exsupremo Haroldo Brito-ocurrieron entre octubre de 2019 y noviembre de 2021 y se habrían relacionado únicamente con nombramientos.
Paula Brito Casi nueve años, desde septiembre de 2014 a agosto de 2023, se extendieron los mensajes entre el penalista Luis Hermosilla y la exfiscal judicial de la Corte Suprema Lya Cabello, quien antes había sido ministra de la Corte de San Miguel. Los chats terminarían con la salida de Cabello del Poder Judicial tras cumplir 75 años.
De acuerdo con el documento dado a conocer ayer por la defensa del penalista, los intercambios entre Hermosilla y Cabello --pareja del exsupremo Haroldo Brito, cuya hija jueza también es mencionada en la nómina-estuvieron enfocados en "nombramientos". Fue en 2017 cuando Cabello llegó al cargo de fiscal judicial en el máximo tribunal luego de ser nominada por la Presidenta Michelle Bachelet. Su sucesor en el cargo fue designado a inicios de octubre pasado. Se trata de Jorge Pizarro. Lya Cabello. Desde julio de 2015 hasta noviembre de 2022, el entonces fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, mantuvo chats con Luis Hermosilla.
Así lo reveló la tarde de ayer Juan Pablo Hermosilla y calificó esta mensajería bajo el nombre de "conversaciones sobre causas judiciales". Días atrás, el persecutor había descartado a Ciper la solicitud de favores al penalista. "No tengo chats con Hermosilla pidiéndole favores o enviando currículum. No tengo chats con Hermosilla para favorecer a ninguno de los imputados que representaba, directa o indirectamente", aseguró. También afirmó que "yo no asumí las investigaciones en que él tenía injerencia. Los imputados en dichas causas o fueron condenados o fueron formalizados". Emiliano Arias. Héctor Barros encabeza la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y ha ejercido, además, como fiscal nacional (s) durante las ausencias de Ángel Valencia. El persecutor ha estado a cargo de diversas causas relacionadas con atentados explosivos, como aquel que afectó al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter en 2019. De acuerdo con el documento de la defensa, Barros conversó con el penalista entre junio de 2019 y noviembre de 2021, y sería en el contexto de causas judiciales.
En octubre, como fiscal nacional (s) decidió no inhabilitar a Lorena Parra, fiscal regional metropolitana Oriente, en el caso Audio, lo que había sido pedido por Juan Pablo Hermosilla y en lo que hoy está insistiendo ante la corte.
Hoy el persecutor pesquisa el crimen del militar venezolano Ronald Ojeda, disidente del régimen chavista, y es el coordinador de la RM de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Héctor Barros Con la jefa de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong, el defensor dijo ayer que su hermano había mantenido conversaciones relacionadas con causas judiciales. Estas se habrían iniciado en octubre de 2019, es decir, durante el estallido, y se habrían extendido hasta agosto de 2023. Tres meses después se le incauta el teléfono a Luis Hermosilla en el marco del caso Audio. A la persecutora se le asignaron en su jurisdicción distintas causas del 18-O, como el caso de Gustavo Gatica --hoy en juicio-y el denominado caso Pío Nono --que acabó en absolución este año--, entre otros. El penalista, en tanto, se desempeñó como asesor en el Ministerio del Interior (2018-2022), que en muchos procesos judiciales de ese período actuaba como querellante.
Ximena Chong Con vistosos sobres blancos bajo sus brazos caminaban 10 diputados por la Cámara; ahí portaban un oficio de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que los notificó de una solicitud de desafuero por la querella que el exministro del Interior Andrés Chadwick interpuso por el eventual delito de injurias y calumnias con publicidad, en el marco de la acusación constitucional presentada en contra de la exjueza Ángela Vivanco.
Dado que los recurridos son parlamentarios, antes de que se dé curso a la querella se debe cumplir un requisito de admisibilidad, referido al desafuero de los 10 legisladores, solicitud que conjuntamente fue notificada el lunes. Ahora, los diputados tienen 10 días para responder, plazo que expira el próximo viernes.
Quiénes son los querellados La acción se dirige contra los diputados firmantes del libelo Jaime Araya (ind. -PPD), Daniel Melo y Nelson Venegas (ambos del PS); Lorena Pizarro y Nathalie Castillo (ambas del PC), Mónica Arce (ind.
DC), Luis Malla (PL); Lorena Fries y Jaime Sáez (los dos del Frente Amplio) y Ana María Gazmuri (AH). Ellos son los que se exponen a ser desaforados, en caso de prosperar la petición firmada por el abogado Samuel Donoso, en representación de Chadwick.
El efecto inmediato de una resolución en ese sentido, que en última instancia sería resuelta por la Corte Suprema, es la pérdida de la inmunidad parlamentaria, por lo que pueden ser juzgados, y del ejercicio legislativo de poder intervenir y votar proyectos de ley, por lo que el posible desafuero supone un riesgo para el oficialismo y para el Gobierno, al no poder contar con esos 10 votos para aprobar iniciativas de su interés. Conscientes del efecto político-legislativo del desafuero de una decena de diputados oficialistas, los recurridos están elaborando la respuesta que enviarán al tribunal de alzada de Valparaíso. Actualmente, el parlamentario Mauricio Ojeda está desaforado, con resolución de la Corte Suprema, por la arista "manicure" del denominado caso Convenios.
Frases contra Chadwick Entre los párrafos del libelo acusatorio que más indignaron a Chadwick, según se ha dicho, está uno en que los querellados aluden a que "los que llevaron a cabo acciones delictivas, de vulneración de las normas, de violación de la independencia del Poder Judicial, fueron la señora Vivanco y don Luis Hermosilla.
Sin embargo, el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick (... )". En la querella, por los delitos de calumnias e injurias graves, Chadwick, mediante su abogado, pide la pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y la multa de 20 UTM ($1,3 millones). De todas formas, primero debe resolver el desafuero la Corte de Apelaciones de Valparaíso y, si procede, la Corte Suprema, antes de que la querella sea vista.
Diez diputados oficialistas, en riesgo de desafuero tras oficio de la Corte por querella de Chadwick RIENZI FRANCO Era uno de los documentos más esperados de la semana y probablemente el que más inquietaba en el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Juan Pablo Hermosilla había anunciado que daría a conocer ayer un listado de ex y actuales magistrados y fiscales que tendrían chats con Luis Hermosilla, ya fuera para nombramientos --propios o de terceros-o por causas judiciales.
En el caso de los persecutores esto pudiera ser más común, pero en el mundo judicial sorprendió que también aparecieran asociados a este ítem algunos ministros de cortes (ver recuadros). La nómina tenía solo dos carillas. Se podían leer nombres, identificados con su correspondiente institución, qué materia se trataba en los chats y en qué período de tiempo se produjeron esos diálogos.
Así, por ejemplo, hay algunos magistrados que conversaron con Hermosilla por cerca de una década y únicamente para "nombramientos" (ver recuadro). El defensor no quiso revelar la mensajería, pero hizo una advertencia: "Si en dos semanas no se han entregado estos antecedentes (por los aludidos), podemos conversar y mostrarlos". En la lista hay nombres ya conocidos por la opinión pública, como el del fiscal nacional, Ángel Valencia; de la jefa regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, o su par de Aysén Carlos Palma (suspendido), así como el expersecutor Manuel Guerra. También, de los supremos Ángela Vivanco (removida) y Jean Pierre Matus.
Entre los nuevos están la exfiscal judicial de la Corte Suprema Lya Cabello, el ministro de la Corte de San Miguel Danilo Quezada (nombramiento), el exfiscal Emiliano Arias, el hoy directivo de la Fiscalía Nacional Eugenio Campos, los fiscales Eduardo Baeza y Juan Pablo Araya. Se suman el persecutor regional Centro Norte Xavier Armendáriz y su par de la zona Sur Héctor Barros, el fiscal Francisco Jacir, el también persecutor Enrique Vásquez y el expersecutor José Luis Pérez Calaf. Con todos ellos, dijo Hermosilla, su hermano habló de causas judiciales. Lo mismo con el exsupremo Lamberto Cisternas y la actual ministra de la Corte de Santiago Lilian Leyton.
Aparecen igualmente en el listado los ministros del máximo tribunal Manuel Valderrama (causas) y Mario Carroza (causas y nombramientos), así como la jueza de garantía Paula Brito (nombramientos). Completan la nómina la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich, los fiscales Ximena Chong, Tufit Bufadel y Sergio Moy, la exdirectiva Anticorrupción de la Fiscalía Nacional Marta Herrera, además de otros funcionarios de la fiscalía como Violeta Arriagada y otros de la macrozona sur.
Algunos nombres que se esperaban pero no aparecieron es el del ministro de la Corte de Santiago Antonio Ulloa, quien ha reconocido que pidió ayuda a Hermosilla para su nombramiento, y el del fiscal José Morales, que era el candidato del penalista en el último concurso para jefe del Ministerio Público.
En algunos casos fue con ambos fines; en otros, solo por uno de ellos, según listado difundido por defensa: Los contactos de jueces y fiscales con Hermosilla por hasta 12 años para nombramientos y causas M. VEGA Y C.
CARVAJAL Si bien el abogado Juan Pablo Hermosilla enumeró 28 ex y actuales miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público, muchos de ellos, así como las conversaciones que tuvieron con su hermano Luis, ya eran conocidos por la opinión pública. Tanto en los pasillos del Ministerio Público como en los del Congreso se considera que la presión interna y política sobre el fiscal nacional, Ángel Valencia, solo parece crecer en los últimos días. Durante esta semana se conocieron sendas declaraciones públicas de los gremios de fiscales y funcionarios del organismo de persecución penal. Planteaban su descontento por la forma en que reaccionó la Fiscalía Nacional ante una presentación de Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis, imputado en el caso Audio. Les pareció que se estaba usando a la institución para una "defensa corporativa" de Valencia y eso no correspondía.
En un recurso de protección, Hermosilla sostenía que el persecutor se había reunido con el exministro del Interior Andrés Chadwick y su representado, en mayo de 2023, y que en esa cita, Valencia se habría comprometido a informar a los asistentes sobre eventuales diligencias relacionadas con el expresidente Sebastián Piñera, antes que estas se hicieran públicas.
A esa afirmación, la sede central del Ministerio Público replicó diciendo, mediante un comunicado público suscrito por "Fiscalía Nacional", que lo que decía Juan Pablo Hermosilla en esa acción judicial era falso y, además, adelantó que presentaría una denuncia en su contra ante el Colegio de Abogados, por faltas a la ética.
Ya había ciertas aprensiones luego de que se conociera y el mismo Valencia reconociera chats con el penalista, las que fueron profundizándose debido a que a esa versión se han ido agregando otros elementos, como esa reunión, y este nuevo relato de Hermosilla sobre el contenido de la cita ha enrarecido aún más el ambiente.
En lo político, esta semana, los diputados del Partido Comunista Luis Cuello y Boris Barrera anunciaron un recurso de protección contra el Ministerio Público, debido a que este desestimó un requerimiento por infracción a la Ley de Lobby que ellos habían presentado en octubre, por la reunión del fiscal nacional, Ángel Valencia, con el exministro del Interior Andrés Chadwick, la cual no fue registrada en el marco de dicha normativa.
Según los legisladores del PC, dicha denuncia fue rechazada, "sin ninguna facultad legal", por el fiscal nacional subrogante, Héctor Barros, no obstante que no se habría llevado a cabo el procedimiento legal, que contempla la designación por sorteo de tres fiscales regionales para que indaguen el caso.
El objetivo del recurso, sostuvo Cuello, es "que la Corte de Apelaciones obligue al Ministerio Público a designar a tres fiscales por sorteo, como dice la ley". Los parlamentarios oficialistas exigen que Valencia "transparente el contenido" de su encuentro con Chadwick, pues, "hasta ahora, solamente ha indicado que se conversaron aspectos relativos a Héctor Espinosa (ex director general de la PDI, imputado por malversación de gastos reservados y defendido por Luis Hermosilla) y, sin embargo, había otros asuntos que parece no recordar". De acuerdo con lo que Cuello manifestó en el Congreso, Valencia está en una posición "muy débil", y este episodio se suma "para efectos de poder evaluar una eventual solicitud de remoción ante la Corte Suprema". Crece presión interna y política sobre el fiscal nacional, Ángel Valencia, por el caso Audio.