Superintendencia formula cargos contra UAysén y da 15 días para responderlos
Superintendencia formula cargos contra UAysén y da 15 días para responderlos Coyhaique-. Esta semana, la Superintendencia de Educación Superior (SES) formuló cargos contra la Universidad de Aysén, luego de una exhaustiva investigación a su estructura y funcionamiento interno, además de la administración financiera de la casa de estudios regional. Entre las medidas que tomó la SES, está la formulación de cargos y tomar medidas provisionales que busquen resolver los principales problemas encontrados en la gestión que hoy encabeza el Rector Enrique Urra.
El informe señala textualmente que existe “una serie de deficiencias críticas en sus niveles estratégico, financiero y administrativo, que se derivan en una gestión deficiente de las autoridades universitarias desde la creación de la institución, y que ponen en riesgo la prestación del servicio educacional”. Desde el punto de vista de la gestión financiera, el escrito señala que se constató “una situación financiera deteriorada, reflejándose pérdidas operacionales en los últimos cuatro años y pérdidas netas de magnitud creciente en los últimos tres cierres”. Este deterioro incluye pérdidas importantes en el año 2022. “Se agrega a lo anterior, la existencia de problemas de liquidez de tal magnitud, que no permiten garantizar el pago total de las remuneraciones desde septiembre de 2023”, indica el escrito. En detalle, la Universidad de Aysén registra un déficit acumulado de caja de 2.500 millones de pesos, monto que incluye la deuda asociada a los créditos de enlace.
El informe detalla además “deficiencias significativas en los procesos de supervisión, control y gestión de la operación universitaria, lo que da cuenta de una falta de cuidado en lo que refiere a cautelar los intereses financieros de la universidad y contribuir en mantener e incrementar el patrimonio institucional”. Esta crisis financiera ha significado que la Universidad de Aysén “ha debido restituir dos de los inmuebles arrendados, por no pago de rentas, perdiendo de esta forma su casa central, cuatro salas de clases y espacio destinado a oficinas administrativas, sin que exista un plan para recuperar estos espacios” y existe el riesgo de perder un tercer inmueble con nueve salas de clases.
La investigación también constató “el incumplimiento de sus compromisos laborales y administrativos, por lo que no es posible garantizar la viabilidad financiera y administrativa del proyecto institucional”, lo que podría significar que en el corto plazo “podría incumplir sus compromisos académicos con los estudiantes”, es decir, dejar de cumplir con su rol original, dejando a cientos de alumnos sin poder seguir sus carreras.
Incluso, la formulación de cargos deja en claro que “las medidas informadas en el plan de contingencia preparado por el Rector Urra, resultan insuficientes para abordar integralmente integralmente los problemas planteados”, debido a que “no poseen la profundidad suficiente para permitir que la institución salga prontamente de la situación de crisis que enfrenta ni están debidamente valorizadas dificultando la estimación estimación de su impacto financiero”. Esto deja en evidencia que la gestión encabezada por Urra no tiene fundamentos administrativos ni financieros sólidos que permitan ver una salida a la crisis actual del plantel estudiantil, tanto así que parte del plan de contingencia es no pagar sueldos ni obligaciones, lo que para la SES se traduce en “incumplimientos deliberados”. Formulación de cargos En consideración de todos los argumentos anteriores, la SES formuló cargos debido a lo que la Ley 20.800, artículo 3, letras a y b señalan como “antecedentes graves que, en su conjunto o por sí solos, hagan presuponer que una institución de educación superior se encuentra en peligro de incumplir sus compromisos financieros, administrativos o laborales; e incumplir los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes.
La formulación de cargos detalla deficiencias como “retrasos en ejecución de convenios, retraso o ausencia de rendición de cuentas de fondos de proyectos o rendición parcial de los mismos, falta de seguimiento de cumplimiento de contratos (... ) errores en el pago de proveedores, incumplimiento de requisitos para el otorgamiento de becas (?) errores en el registro contable y falta de ingreso de bienes en el inventario”. El informe apunta a la responsabilidad de la Unidad de Finanzas de la Universidad de Aysén, donde se identificó “deficiencias en el manejo de pagos a proveedores y en la gestión de compras (?) discrepancias entre los montos reflejados en las facturas y los montos efectivamente pagados, falta de comprobantes de transferencia bancaria”, entre otras faltas.
Esto, a juicio de la SES, significa que “la Dirección de Administración y Finanzas no tiene hoy un rol estratégico en la gestión institucional, no cuenta con la potestad para definir un presupuesto institucional, lo que limita su capacidad de planificar y llevar un adecuado control presupuestario”. En relación a las condiciones de infraestructura en que funciona hoy la casa de estudios, la SES considera que es precaria, debido a que ha perdido inmuebles destinados a las aulas por no pago de los arriendos correspondientes.
Además, se da cuenta de una sobredotación académica y administrativa que derivó en un “crecimiento promedio anual de 33% en el gasto en remuneraciones, principalmente por una mayor dotación académica y personal administrativo” que no va de la mano con que la matrícula de alumnos se ha mantenido estable desde el año 2021 a la fecha.
Lo que más preocupa en este sentido no es solo el aumento de personal, sino también el incremento en las partidas de remuneraciones que, “en el período 2018-2022 se observa un crecimiento de 11 puntos porcentuales, pasando a representar en 2022, un 72% del total de costos y gastos”. La SES asegura que la Universidad de Aysén está en “un riesgo grave de no garantizar su viabilidad administrativa, laboral, académica y financiera en el corto plazo”. Teniendo en cuenta que en 2022, la casa de estudios cerró con un patrimonio negativo de 1.003 millones de pesos y que las proyecciones hasta el 2026 “dan cuenta de una situación financiera riesgosa, con pérdidas operacionales y netas que profundizan su debilitamiento”, se caería en un círculo de insolvencia más precaria aún hasta el año 2027.
Medidas En su escrito, la Superintendencia de Educación Superior propone aplicar algunas de las tres medidas contempladas en la Ley 20.800 : 1) ordenar la elaboración de un plan de recuperación, 2) nombrar a un administrador provisional y 3) proponer al ministerio de Educación que dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, lo que podría significar que la cartera también nombre a un administrador de cierre. La Universidad de Aysén tiene un plazo de 15 días hábiles para realizar sus descargos y solicitar que se abra un período de prueba..