Un triunfo para la política
Ste miércoles, la Cámara de Diputados dio el visto bueno final al proyecto de proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias —también llamado proyecto antievasión—, y lo dejó listo para convertirse en ley.
La iniciativa, que forma parte del «pacto fiscal» propuesto por el Gobierno, busca, a través de una serie de mecanismos, fortalecer la fiscalización tributaria, reducir la informalidad y modernizar la administración del Servicio de Impuestos Internos.
Entre los aspectos más controvertidos de la discusión legislativa, que se concentró, principalmente en el Senado, estuvieron la nueva gobernanza del SII, que dispondrá ahora de un comité ejecutivo encargado de tomar decisiones clave en materia de fisc: ción; el mecanismo de levantamiento del secreto bancario, que continúa radicado en sede judicial pero dispone ahora de plazos acotados; la figura del denunciante anónimo para investigaciones tributarias; la forma de aplicación de la Norma General Antielusión (NGA) y las restricciones para las operaciones en efectivo.
También se incluyen nuevas facultades para la fiscalización de grupos empresariales, cambios en el impuesto al lujo, y “El resultado de la discusión legislativa desmiente los pronósticos más catastrofistas sobre la incapacidad de la política para avanzar”. Modificaciones en el cobro de IVA a las compras en el extranjero a través de plataformas digitales. Según las estimaciones del Gobierno, la nueva normativa permitirá recaudar alrededor de US$ 4.500 millones, equivalentes al 1,5% del PIB. De estos, US$ 1.200 millones se podrán añadir al Presupuesto 2025, que el Ejecutivo debe presentar ante el Congreso a más tardar el lunes próximo. Es posible, ciertamente, que se trate de una proyección excesivamente optimista sobre la capacidad de recaudar por la vía de reducir la evasión y elusión. Así lo han advertido, entre otros, estimaciones del FMI, y así lo confirma también la experiencia de anteriores ajustes tributarios, donde las expectativas delos funcionarios que las impulsan suelen ser aterrizadas por la realidad. Con todo, conviene valorar adecuada mente el proceso político que condujo a la materialización de este conjunto de reformas.
En julio recién pasado, y luego de algunos meses de deliberación, el Ministerio de Hacienda y los senadores de la comisión homónima suscribieron un protocolo en el que acordaron los ejes de la iniciativa, identificaron los puntos de discordia y convocaron a una mesa técnica para estudiar el detalle de las medidas. La negociación, como era de esperar, fue tortuosa, pero todas las partes se sujetaron a los compromisos establecidos y lograron avanzar. Apurado por la urgencia presupuestaria, el Ejecutivo en la fase final intervino para evitar que el proyecto tuviera que ir a comisión mixta, lo que habría estirado la discusión. Finalmente, los cambios fueron visados por la Cámara por mayorías significativas, y el proyecto, en general, fue aprobado con 124 votos a favor y 26 en contra. Sería ingenuo, desde luego, pensar que otras iniciativas relevantes van a tener un camino similar.
Pero el resultado desmiente los pronósticos más catastrofistas sobre la incapacidad de la política para avanzar; y refuta, también, los calificativos como «obstruccionismo», «intransigencia»o «ideologismo», que se suelen utilizar de lado y lado para justificar la escasez de habilidad política o la falta de voluntad de acuerdo.