Editorial: Violencia en los Centros de Salud
Con frecuenciase conocen casos de las amenazas y agresiones a funcionarios de los Centros de Salud Familiar (Cesfam) de la Región del Biobío, de parte de pacienteso sus familiares, que requieren atención inmediata, especialmente de noche, en lugares que se encuentrancolapsados. Trabajaren esteambiente de violenciaya noesuna situación aislada y porlo mismo preocupa a los gremios que representan alos trabajadores de la salud primaria. La crisis de seguridad quese ha agudizadoen estos últimosaños ha traído consecuencias no sólo para la población en general, si'no que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria. Según datos del Ministerio de Salud, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país. Esto representa un fuerte incremento si se compara con el año 2022, cuando fueron 6.156. Y las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2343 casos, aunque era un período que estaba marcado por losconfinamientos debido ala pandemia de coronavirus.
El pasado martesen lanocheseregistró una balaceraenel Cesfam Bo. ca Sur, en San Pedro de la Paz, que produjo pánico y temor en los pa-ciade guardiasenlos establecimientos;se cerraronalgunos espacios para quelos funcionarios estén separados del público; se instalaron vidrios de seguridad en algunos centros ubicados en sectores más críticos, y se colocaron cámaras de seguridad y botones de pánico para alertar en caso de un ataque. Asimismo, se dieron instruccionesalos directores delosrecintosasistenciales para que ejecuten las acciones judiciales que corresponda cuando hay ataques alos trabajadores bajo su dependencia. El 13 de diciembre de 2019 se promulgó en el Diario Oficial la ley Consultorio Seguro, que aumentó las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos.
Esta iniciativa recogió los acuerdos de las mesas de seguridad que se constituyeron en el país, conformadas por el Ministerio de Salud, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, el Colegio Médico y la Confusam.
La legislación agravó la responsabilidad de aquellos que incurran en agresionesalos trabajadores delosestablecimientos de salud, imponiendo a los jefes de esas dependencias la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de los mismos, entregándoles facultades para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a la defensa jurídica delos trabajadores que sean víctimas de estas agresiones. Las penas que pueden ir de 10a 15 años de cárcel si las lesiones le provocan a un funcionario un daño severo que implique pérdida de su autonomía.
Esta ley ha sido muy importante y va de la mano con tras acciones que se han puesto en prácticaen los últimos años, de acuerdo contecomendaciones preventivas del Ministerio de Salud ylosacuerdos alcanzadosenlas mesas de seguridadlaboral. Sinembargo, no se ha logrado disminuir de manera notoria los hechos de violencia enlos centros de salud, lo que ocasiona efectos negativos para todo el sistema de atención.
El martes en la noche se registró una balacera en el Cesfam Boca Sur, que produjo pánico y temor en pacientes y personal, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse tras los muros. cientes, que tuvieron que tirarse al piso y parapetarse traslos muros paraevitarseralcanzados. Se recuerda que con enjunio pasado también hubo una balacera frente a ese establecimiento, donde murieron dos mujeres y una tercera persona quedó herida.
Los funcionarios de ese centro de salud declararon un paro para advertir nuevamente alas autoridades la situación de violencia en la que deben desempeñar sus funciones, mientras el municipio de 'San Pedro de la Paz, del cual depende el establecimiento, anunció que sólo se atenderán urgencias vitales, con turnos éticos, para dar más seguridad al personal En nuestra Región del Biobío, se han adoptado varias medidas en los últimosaños, comola contratación y reforzamiento de la presen-. Editorial