Autor: MARCELO POBLETE

Frank Sauerbaum e inmigrantes empadronados: "De las 182 mil personas, 6 mil ya tuvieron un problema con la justicia"
Frank Sauerbaum e inmigrantes empadronados: "De las 182 mil personas, 6 mil ya tuvieron un problema con la justicia" n total de 182 mil migrantes era el universo que el gobierno de Gabriel Boric buscaba U regularizar tras el empadronamiento biométrico de 2023.
Se trata del total de personas registradas en ese proceso, según explicó el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum. "Cuando uno empieza a revisar los números, se da cuenta que de esas 182 mil personas, 6 mil personas ya tuvieron un problema con la justicia o fueron encontradas en algún tipo de delito", sostuvo.
Los detalles del plan de regularización, descartado por el gobierno actual, quedaron plasmados en cuatro instructivos internos emitidos entre fines de enero y principios de marzo de este año -a los que se tuvo accesoque fijaban un criterio claro: "excluir a quienes tuvieran antecedentes penales ni policiales, tanto en Chile como en el extranjero". Postulación La propuesta se trabajó en la subsecretaría del Interior y el Sermig, y quedó registrada por Luis Eduardo Thayer Correa, en ese momento a cargo del servicio, y por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos Muñoz.
El mecanismo contemplaba 90 días para postular, plazo que corría "desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial". La inscripción se hacía en la plataforma del Sermig con el código del empadronamiento biométrico (bajo la Resolución Exenta Nº25.425 ). Para postular, se exigía "copia del pasaporte o documento de identidad vigente o vencido o certificado del Consulado", además de un certificado de antecedentes del país de origen apostillado o legalizado, emitido en los últimos 60 días, y "el pago de cien dólares". Sin ese pago, no había trámite.
El documento también lo deja claro: "AI declararse admisible, se desistían automáticamente todos los trámites migratorios previos". No se van regularizar Consultado sobre el pago de 100 dólares para acceder a la regularización, Sauerbaum señala que prefiere ir al fondo del tema. "Acá no es un tema de si es mucho o poco lo que se pretendía cobrar. Lo relevante es que este gobierno no va a regularizar a esas 182 mil personas. La única probabilidad es que ellos salgan y si quieren armar sus vidas en Chile, lo hagan ingresando por la puerta, como corresponde, pidiendo una visa en su país de origen. No hay otra alternativa", asegura. Cruce de datos Ingresada la solicitud, el sistema cruzaba información.
Si aparecían "expulsiones administrativas, prohibiciones de ingreso u órdenes de abandono vigentes", o antecedentes penales o policiales en Chile o en el extranjero, "la postulación se declara inadmisible". Se consideraban condenas con sentencia firme, registros de prófugos, inhabilidades para trabajar con menores, anotaciones del Registro Civil, además de alertas de la PDI o Interpol. Ahí se detenía el proceso y se aplicaban las sanciones de la ley 21.325. Prueba de arraigo Quienes superaban esa etapa recibían un "certificado de residencia en trámite". Permitía trabajar, pero no salir del país ni reingresar. Tampoco servía como documento de identidad. Luego venía una segunda etapa, con otros 90 días, para acreditar arraigo. Podía ser por vía familiar, como matrimonio o hijos estudiando o con discapacidad, o laboral, con contratos, cotizaciones previsionales, patentes o boletas. También se consideraban labores de cuidado, con respaldo médico. Dos años Si se aprobaba, el permiso era por 2 dos años, con opción de avanzar a residencia definitiva. Si se rechazaba, por causales del artículo 88 de la Ley 21.325, información falsa o abandono del trámite, el proceso se cerraba y abría paso a sanciones migratorias. Los permisos podían ser revocados si surgían nuevas causales. Quienes no postularan, quedaban en la misma situación. Los cuatro instructivos acá reseñados, jamás fueron cursados. El último de ellos tenía como fecha fecha 3 de marzo de este año, 8 días antes del cambio de mando.
Expulsiones "Las personas que tienen un decreto de expulsión tienen que salir del país y no existe relación con las personas que se sometieron al empadronamiento biométrico", explica Frank Sauerbaum. "Y en este último caso, los migrantes que ingresaron irregularmente también tienen que salir", añade sobre la postura del actual gobierno, que considera una regularización masiva y riesgosa que puede incentivar la migración irregular y colapsar los sistemas de control fronterizo, seguridad y recursos públicos. ¿Son confiables los antecedentes penales apostillados de Venezuela que se solicitaban? "Si una persona presenta antecedentes penales, lógicamente no podrá entrar al país o bien será expulsada en caso que haya ingresado ilegalmente.
Y todos sabemos que en muchos casos hay personas que tienen más de un nombre o identificación". ¿Usaría algo de ese plan de regularización de la administración anterior? "Reitero, lo único válido y correcto, es que la persona deje el país y, si quiere ser bienvenido de vuelta, tiene que hacerlo como corresponde: con una visa expedida en su país de origen y que ingrese por un paso habilitado; es decir, por la puerta y no por la ventana". ARCHIVO Autor: MARCELO POBLETE. Postulación en 90 días, pago de 100 dólares y dos años de permiso: así era el plan de Boric para regularizar migrantes.
Director de migraciones detectó cuatro instructivos del gobierno anterior que buscaban regularizar su situación "La única probabilidad es que ellos salgan y si quieren armar sus vidas en Chile, lo hagan ingresando por la puerta, como corresponde, pidiendo una visa en su país de origen. No hay otra alternativa", asegura Frank Sauerbaum.