El alcalde Jadue ante la justicia
El alcalde Jadue ante la justicia U na nueva jornada en tribunales enfrenta hoy el alcalde Daniel Jadue, quien está siendo formalizado bajo la imputación de diversos delitos como presidente de la Achifarp (Asociación Chilena de Farmacias Populares), y de otros ilícitos como alcalde de Recoleta, también relacionados con esa agrupación.
Ello no solo apunta a una eventual actuación dolosa --que la indagatoria deberá establecer--, sino que muestra de qué manera se desnaturalizó la iniciativa de las farmacias populares --Jadue construyó su figuración nacional a partir de ella--, torcida por fines políticos que ahora emergen como su motivación principal.
Las imputaciones consideran, entre otras, una defraudación del patrimonio de Achifarp, al adquirir insumos médicos en tiempos de pandemia para luego venderlos a precios muy inferiores a su costo, pretendiendo ganar adhesión política; ello incluye destinar recursos a decisiones de dudosa justificación sanitaria, como un convenio para la producción de Interferon para combatir el covid. También se imputa la supuesta solicitud formulada a un proveedor para entregar una contribución directa en especies al alcalde --finalmente entregada al PC comunal-como contraprestación por emitir la respectiva orden de compra. Sugerentemente, fueron las deudas impagas generadas por estos malos negocios, denunciadas por el mismo proveedor, las que dieron lugar a la investigación.
La estrecha conexión entre el pretendido beneficio vecinal de las farmacias y las motivaciones políticas tras su creación, agudizadas durante la precampaña presidencial de Jadue, se ha visto realzada por la férrea defensa que el PC le ha proporcionado. Ella ha incluido un masivo acompañamiento de militantes a la instancia judicial, y la posterior vigilia mientras esta se lleva a cabo.
A pesar de que esa actividad se ampara en el legítimo derecho a la libertad de movimiento y expresión que una democracia reconoce, el modo en que se ha concretado --como una "barra", dijo el subsecretario del Interior-y la presencia de dirigentes del partido --incluido su presidente-involucran inevitablemente una forma de presión hacia el Poder Judicial. Se trata de un camino especialmente peligroso. Ya antes se ha cuestionado la conducta de parlamentarios que intentan dar señales asistiendo a audiencias judiciales. Ahora, el PC --colectividad oficialista cuyos militantes desempeñan altas funciones en distintos ministerios, incluido Justicia-va un paso más allá, haciendo una verdadera demostración de fuerza en apoyo a su excandidato.
Si ello debe encender alertas, no debe tampoco ignorarse la lección que, al margen de lo judicial, este episodio deja, al revelar las debilidades del modelo de emprendimientos populares que Jadue pretendía instaurar, no solo por sus limitaciones intrínsecas, sino por el espacio que abrió a la interferencia política en sus decisiones, con el catastrófico resultado que en este caso se constata. El PC está siguiendo un camino especialmente peligroso..