Cinco tropezones del superintendente de salud en la crisis de las isapres
Víctor Torres Dio el monto de la deuda aun grupo de parlamentarios, uno la reveló y el oficialismo no se movió de allí. Optó por compartir el riesgo político con el Congreso, no aceptó otras fórmulas de cálculo y no sugirió a las isapres un pago mínimo mensual. Ximena Perez Villamil 1 problema original estuvo en el fallo de la Corte Suprema. Obligó a las isapres a devolver los cobros en exceso que aplicaron por las tablas de factores de riesgo a todos los contratos firmados antes de 2020. Las huellas del superintendente de Salud, Víctor Torres, quedaron marcadas en el mandato que le dio la Suprema al organismo que lidera: hacer cumplir el fallo y resolver el problema. Era el director de orquesta y el único que tenía todos los datos financieros de las isapres y de sus afiliados. Pero nadie quedó conforme.
Primero: instalar una cifra Todo partió por una cifra, Reunido con senadores y diputados de las comisiones de Salud, y otras autoridades del sector, Totres dio a conocer el 6 de marzo de 2023 cuánto era -según sus cálculosla deuda que debían devolver las isapres. “Él dijo que no podía entregar el monto, pero ante la insistencia lo dio y pidió expresa reserva”, recuerda el senador Sergio Gahona (UDI), miembro de la comisión de salud presente en el encuentro.
Ala salida, Juan Luis Castro (PS) la hizo pública: “Se ha hecho claridad en saber cuánto le deben las isapres a las personas: estamos hablando de US$1.400 millones aproximadamente”. “Terminó siendo una camisa de fuerza para el Ejecutivo y el oficialismo se casó con esa cifra”, acota Gahona, “Se transformó en un mantra, en el origen de los problemas, porque determinó la orientación de la ley corta.
El Gobierno y los partidos oficialistas se afirmaron en que ese era el monto de la deuda y no había posibilidad de recalcular”, asegura Manuel Inostroza, académico de la UNAB, director dela isapre Esencial y exsuperintendente de Salud.
No duda que si una autoridad regulatoria entrega una cifra a un CES superintendente grupo de parlamentarios “lo que está diciendo es público”. Torres además conoce bien al gremio: fue diputado por la DC durante 12 años, hasta 2022. Después de que Castro reveló el monto, Torres declaró “no voy a aventurar una era tarde.
Segundo: compartir el riesgo El director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Unab y exsuperintendente de Salud, Héctor Sánchez, apunta a que la Suprema le dio el mandato al organismo que dirige Torres para ejecutar el fallo, “pero no asumió la responsabilidad”. “Quiso compartir el riesgo político con los parlamentarios y hacer un proyecto de ley que terminó aplicando el mismo monto calculado por el superintendente”, acota Inostroza.
Gahona matiza: “Creo que la superintendencia no podía ejecutar el fallo sin que quebrara el sistema privado de salud, aún cuando la deuda a devolver fuera más baja, porque no podía aplicar las medidas de mitigación que permitió el Sergio Gahona, Manuel Inostroza Y Héctor Sánchez. Proyecto de ley”. “Debió haber esperado al planteamiento del Congreso respecto a cómo iba a calcularse esa deuda. O al revés, si ese era el monto no tenía necesidad de una ley corta”, plantea Sánchez. Como un ejemplo de tomar la iniciativa ponen al superintendente Patricio Fernández, quien definió una tabla única de factores que aplicó a contar de abril de 2020.
Es la misma que la Suprema obligó a hacer extensiva a todos los contratos anteriores a esa fecha en su fallo de noviembre de 2022, Tercero: no a otras fórmulas de pago “Él se cerró a cualquier otra alternativa, lo que es lamentable. No permitió que se explorarán otros caminos como la propuesta de la FEN que planteaba distintos escenarios.
O la de la mesa de expertos, convocada por la comisión de salud del Senado, que la calculó en US$450 millones al netear los cobros en exceso (a mujeres y adultos mayores) con los afiliados que pagaron de menos (hombres jóvenes), lo que se conoce como mutualización”, afirma Sánchez.
Gahona asegura que fue “una fórmula de cálculo impuesta por el Gobierno”, que además se sumó al requerimiento de 17 senadores oficialistas ante el Tribunal Constitucional por considerar que la mutualización aprobada por el Senado era un perdonazo para las isapres. El fallo sostuvo que esa era una medida de seguridad social y, resorte exclusivo del Ejecutivo. Y se cayó. La fórmula de cálculo de Torres fue la más onerosa: US$1.400 millones, prácticamente tres veces el patrimonio de las isapres.
Cuarto: costo lo pagan afiliados Para hacer viable el pago de la deuda calculada por Torres fue necesario subir los planes de salud en hasta 10%, eliminar los excedentes, destinar el 7% completo a la cotización de salud y extender el plazo de pago de diez años, aprobados por el Senado, a 13. “El efecto final es que traspasó el costo a los afiliados. Y las expectativas creadas por la devolución de US$1.400 millones estuvieron muy lejos de la realidad”, dice Sánchez. Quinto: no fijó pagos mínimos Las críticas por los montos irrisorios que pagará la mayoría de las isapres a los menores de 65 años alcanzaron a Torres.
El se defendió: ”Terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar una ley, no en quién la creó ni tampoco quién originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver”, declaró el martes 3 en T13 Radio.
Este lunes fue cuestionado por senadores de la comisión de salud, porque el Consejo Consultivo, que se creó con la ley para revisar y aprobar los planes de pago de las isapres, recomendó fijar un monto mínimo de devolución, pero Torres no se lo planteó a las isapres. “Uno puede establecer un monto mínimo, pero si tampoco hay caja para eso termina incumpliéndose lo que uno instruye o eventualmente afectando la sostenibilidad del sistema”, fue su explicación. Y aclaró que autorizó a una isapre -Consaludcuando le solicitó pagar un mínimo de $2 mil mensuales. “Este lunes nos dijo que iba a conversar con todas las isapres para resolver el tema de los pagos tan exiguos. Eso podría haberse hecho antes cuando se estaban definiendo los planes de pago. La superintendencia era la única que conocía los planes en detalle y tenía la facultad de dialogar con las isapres y evitar devoluciones tan mínimas”, afirma Gahona.