Autor: CATALINA MUÑOZ-KAPPES

Dominga: Nueva votación del Comité de Ministros se podría aplazar hasta el próximo gobierno
La espiral administrativa y judicial en la que está entrampado el proyecto minero ha suscitado críticas sobre la institucionalidad que revisa las iniciativas de inversión. La tramitación ambiental del proyecto minero-portuario Dominga, iniciada hace 1 años, podría prolongar su trayectoria judicial. A la sentencia favorable del Primer Tribunal Ambiental, que ayer revocó la resolución adoptada por el Comité de Ministros en 2023 en contra de la iniciativa, ahora se sumarían acciones ante la Corte Suprema. Conocedores del proyecto y entre expertos estiman que es muy probable que las actuales autoridades del Ejecutivo no vuelvan a pronunciarse y el asunto quede para el próximo gobierno. La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien preside el Comité de Ministros, afirmó ayer que “como Ejecutivo, somos obviamente respetuosos de las decisiones de otro poder del Estado.
Estamos claros en que todavía existe la opción de que se pronuncie la Corte Suprema, así, yo no me voy a pronunciar en el fondo porque hay procesos que están pendientes”. El TA calificó de “ilegal” la actuación del Comité de Ministros. Un argumento es que Rojas debió inhabilitarse de votar, por haber anticipado opiniones. “Soy la ministra del Medio Ambiente. Mi misión es resguardar el medio ambiente y la rica biodiversidad”, afirmó ayer Rojas. Otros ministros optaron por algo distinto.
El titular de Hacienda, Mario Marcel, aseveró que la institucionalidad ambiental “está operando”, y recordó: “Yo no pertenezco al Comité de Ministros, así que no participé en ese proceso”. Quien sí actuó allí fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, que ayer dijo en radio Infinita: “No puedo dar un comentario respecto a una decisión de un tribunal”. Según conocedores, el Ejecutivo podría recurrir de casación por medio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Esa entidad derivó consultas de este medio al Ministerio del Medio Ambiente. No solo el Ejecutivo podría buscar ese camino.
Por ejemplo, desde Oceana aseguraron que recurrirán a la Suprema en el plazo de 15 días que estableció el tribunal ambiental (TA). “Consideramos que el Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones legales, por lo Vecinos próximos al proyecto Dominga celebraron ayer en La Serena el fallo ambiental. "Dominga es un buen proyecto, compatible con el cuidado del medio ambiente y nuestras actividades productivas”, indicó Jorge Cabrera, vocero del sindicato de pescadores de Totoralillo Norte.
M Trump anuncia aceleración de permisos para proyectos sobre PANTALLAZO DE TRUTH SOCIAL US$ 1.000 millones En su red social Truth Social, el Presidente electo de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer que grandes iniciativas privadas tendrán un tratamiento acelerado de permisos: "Cualquier persona o empresa que invierta mil millones de dólares, o más, en Estados Unidos de América, recibirá aprobaciones y permisos totalmente acelerados, incluyendo, pero no limitándose de ninguna manera, a todas las aprobaciones ambientales. I Prepárense para rockear!”. Antes, Trump encomendó a los empresarios Elon Musk y Vivek Ramaswamy liderar un departamento ("Doge”) para recortar programas y reducir regulaciones gubernamentales. ) Donald J.
Trump Y Trump Any person or company investing ONE BILLION DOLLARS, OR MORE, in the United States of America, will receive fully expedited approvals and permits, including, but in no way limited to, all Environmental approvals.
GET READY TO ROCK! !! 5,33k Reposts 23,9 k Likes 10 d Q Responder 2 Retootes Posteo de Donald Trump en Truth Social Lo más probable es que el Ejecutivo u organizaciones ambientales recurran de casación a la Corte Suprema 66 Estamos claros en que todavía existe la opción de que se pronuncie la Corte Suprema, así, yo no me voy a pronunciar en el fondo porque hay procesos que están pendientes”. MAISA ROJAS, MINISTRA DEL MEDIO AMBIENTE Parlamentarios protestaron en la sede del Congreso, en Valparaíso, contra la resolución del Primer Tribunal Ambiental. que su sentencia no corresponde, ya que estableció condiciones que buscan forzar la aprobación del proyecto por parte del Comité de Ministros”, expresaron.
Desde Andes Iron, titular de Dominga, manifestaron que esperan “que las decisiones de la autoridad y de las organizaciones medioambientales respeten la institucionalidad y respondan también a la necesidad de poner fin a una espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos”. “Un loop eterno” No es primera vez que la Corte Suprema debe resolver por casación reclamaciones en contra de una resolución favorable a Dominga.
En septiembre de 2021, el máximo tribunal acogió varios recursos en contra de la decisión del tribunal ambiental de retrotraer el proceso de evaluación ambiental y votar nuevamente la iniciativa en la comisión de Evaluación Ambiental (Coeva). En mayo de 2022, la Suprema rechazó los recursos de casación, lo que dio lugar a la votación del Comité de Ministros, en enero de 2023. “El proyecto sigue en un loop eterno de evaluación ambiental”, dice el exministro del Medio Ambiente Marcelo Mena. Según Matías Montoya, director del equipo ambiental de Barros y Errázuriz, desde la presentación del recurso de casación hasta la dictación de la sentencia podría demorar un año o más. “Es un claro ejemplo de cómo un proyecto puede ser revisado varias veces en distintas instancias administrativas y judiciales por las mismas temáticas”, indica el abogado. Con esos tiempos de tramitación, el proyecto sería votado durante una nueva administración. Mena critica que la iniciativa por evaluar, de tener un paso favorable por la Suprema, sería la que se ingresó a trámite ambiental en 2013. “Uno tiene que hacerse la pregunta de si no será recomendable actualizar este proyecto considerando todo el trámite que ha tenido”, comenta. Institucionalidad La espiral administrativa y judicial también ha levantado críticas sobre si la institucionalidad es la adecuada para evaluar estos proyectos, considerando que esta será la tercera vez que pasa por el Comité de Ministros. “Es normal que un ministro o un subsecretario tenga una opinión sobre un determinado proyecto.
Yo creo que probablemente sería mejor tener una institucionali- (Esperamos) que la autoridad y las organizaciones medioambientales (... ) respondan a la necesidad de poner fin a una espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales”. ANDES IRON dad autónoma para evaluar los proyectos”, afirma José Miguel Insulza, senador PS. Los gremios empresariales también recalcaron la necesidad de mejorar el sistema de tramitación.
“El reciente fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta demuestra la necesidad de un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas”, indicó el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.
En la misma línea, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, releva que en el fallo se detectan elementos “muy graves”, que invitan a reflexionar “sobre la mala utilización que se está haciendo de una legislación que, si bien hemos coincidido en que debe ser revisada, podría aplicarse correctamente y en un sentido diverso al que motivó esta sentencia”. En tanto, representantes de organizaciones sociales y productivas de la comuna de La Higuera y de otras zonas de la Región de Coquimbo se manifestaron ayer en La Serena a favor del fallo.
“Demuestra que Dominga cumple con la normativa vigente y confirma que la oposición (al proyecto) responde a razones políticas, no técnicas”, dijo Yonatan Rojas, presidente de la Asociación Comunal de La Higuera, una de las organizaciones más grandes de esa comuna.